La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba anuló ayer por unanimidad el sobreseimiento de seis militares imputados por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero. A partir de esta medida, la causa vuelve a la Justicia de Río Cuarto, donde el juez subrogante Oscar Armando Valentinuzzi podrá dictar una nueva resolución y, de considerarlo necesario, nuevas investigaciones, llamados a declaración indagatoria o procesamientos. Los militares Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva están sospechados de “estrago doloso, en grado de coautoría” por las dos explosiones ocurridas en 1995 y habían sido sobreseídos por el conjuez de primera instancia Diego Estévez, apartado en diciembre pasado.

Ante este nuevo escenario, uno de los abogados querellantes, Horacio Viqueira –en diálogo con Página/12–, calificó la medida de “ineludible” y advirtió que “se perdió un año y medio” porque la causa ahora vuelve a etapa instructora y hasta el momento “nunca se plantearon las responsabilidades del ejército y del Ejecutivo, incluso del ex presidente (Carlos) Menem”. Sólo están procesados los seis directivos de Fabricaciones Militares, aunque se presume que las explosiones intentaron ocultar pruebas en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. A partir de noviembre, los doce años que lleva el tema en la Justicia podrían determinar que las personas que no estén actualmente involucradas en la causa puedan evitar su procesamiento al pedir su proscripción.

En el fallo de la Cámara de Apelaciones se “reivindica la pericia que habían realizado ingenieros químicos de la Universidad de Córdoba”, explica a este diario otro de los abogados de la querella, Aukha Barbero. Los peritos técnicos sostuvieron que el tambor cargado con trotyl que causó siete muertos y centenares de heridos pudo haber sido activado de modo intencional, ya que no se habían encontrado indicios de que el fuego pudiera haberse originado por accidente. Estos argumentos fueron los que posibilitaron el cambio de carátula de “estrago culposo” a “estrago doloso”, aunque luego fueran desconocidos por Estévez, que cuestionó la “fundamentación científica” y sostuvo que eran “simples opiniones de imposible verificación”. Después se reveló que el juez había utilizado información del sitio de internet “El rincón del vago” para rechazar los estudios realizados. Por este motivo, el Consejo de la Magistratura había abierto un expediente para apartarlo del tema, pero antes la Cámara Federal de Córdoba resolvió que fuera separado de todas las causas vinculadas con la voladura en las que venía trabajando. El motivo no fue la utilización del sitio de Internet, sino las irregularidades en dos causas conexas donde “se excedió en su competencia” y, a su vez, afectó “el principio de imparcialidad de los jueces”.

Se espera que la defensa de los militares pida la intervención de la Cámara Nacional de Casación; sin embargo, Barbero explicó que esa medida “no impediría” a Valentinuzzi seguir actuando en el caso. En este sentido, el juez aclaró que todavía tiene que “analizar la causa” para ver si toma alguna nueva medida procesal. Además, no se sabe cuándo va a concluir el proceso de selección de jueces que se lleva a cabo en Río Cuarto, por lo que puede que el tema pase a manos de otro magistrado.

La decisión de la ministra de Defensa, Nilda Garré, de presentarse en diciembre pasado como querellante “con la intención de que la causa avance” también espera una determinación de la Cámara de Casación. Sin embargo, los actuales querellantes se manifestaron “muy conformes con el apoyo” otorgado por el gobierno nacional.

Informe: Sebastián Abrevaya.