“Paso a paso.” La metáfora futbolera que propuso el kirchnerismo para la creación de la policía porteña le alcanzó para aplacar los impulsos del macrismo, que terminó por aceptar que el gobierno nacional maneje los tiempos para que la ciudad disponga de su propia fuerza de seguridad. Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados se aprestaba a sacarle el cepo con que la Ley Cafiero se lo impedía, aunque el proyecto oficialista no incluye el traspaso de efectivos de la Policía Federal ni de los recursos económicos. Atrás quedó el ultimátum de Mauricio Macri al presidente Néstor Kirchner para que avance en la resolución de las leyes que doten de mayor autonomía a la ciudad de Buenos Aires antes del 15 de agosto. Ahora, el Presidente y el jefe de Gobierno electo resolverán mano a mano las condiciones en las que la ciudad avanzará en el manejo de la seguridad en su territorio.

Las negociaciones entre kirchneristas y macristas comenzó por la tarde, tras el plenario de las comisiones legislativas de Asuntos Municipales y de Presupuesto y Hacienda. Allí, el oficialismo había presentado su propio proyecto y no aceptó modificaciones al texto original, sin que los diputados del PRO manifestaran resistencia ni hicieran oír sus reclamos, ante el asombro de todo el arco opositor que los había acompañado en la pelea por el traspaso a la ciudad de la policía y sus recursos económicos.

El escueto proyecto oficialista apenas tiene dos artículos y deja en manos de la Nación los tiempos y las formas en que la ciudad de Buenos Aires accederá a su propia policía. El primero sustituye el texto del artículo 7 de la Ley Cafiero. Allí se establece que “el Gobierno Nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales”; que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales” y “podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior”. Aunque mientras no tenga su propia fuerza de seguridad, “el gobierno nacional seguirá ejerciendo” esas funciones.

El segundo, que oficiará como “cláusula transitoria única”, reserva para el gobierno nacional la facultad para “definir las estructuras necesarias para garantizar la competencias federales” y que “celebrará con la ciudad de Buenos Aires los convenios necesarios para hacer efectivo” lo dispuesto en el artículo anterior. Es decir, deja en manos de ambos gobiernos las definiciones para resolver la creación de la policía porteña. “Es una forma de empezar en un tema complicado, en el que hay que ir paso a paso”, soltó la kirchnerista mendocina Patricia Farell antes de invitar al macrismo a acompañar el proyecto oficialista.

Al macrismo no le disgusta que la disputa salga del Congreso, donde ha encontrado más complicaciones que las que esperaba, para dejar en manos de su jefe la discusión mano a mano con el gobierno nacional. “No es todo lo que queremos pero es un avance”, dijo Federico Pinedo al término de la reunión de las comisiones. El jefe de la bancada del PRO dio muestras que no los incomoda cambiar el ámbito de discusión.

“El gobierno nacional se reserva dónde, cuándo y cómo se resolverá el tema”, afirmó el diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano, antes de interrogarse “por qué se discuten cuestiones que no están en discusión. Salvo que desconozcamos algo que acá no se está discutiendo”. Las dudas de Lozano apuntaban al oficialismo y la escasa resistencia que demostraban los diputados del PRO, los más interesados en resolver el tema, del que casi ni hablaron.

Lejos de meterse de lleno en pulir el dictamen de minoría que habían redactado con la UCR, el ARI, el Justicialismo Nacional y el propio Lozano, los legisladores del PRO desecharon la propuesta de no dar quórum para demostrar su repudio al proyecto kirchnerista y apuntaron a un acuerdo con el oficialismo. Renunciaron al dictamen de minoría que establecía un plazo de 180 días para celebrar el convenio entre el los gobiernos nacional y porteño y que la Policía Federal continuará cumpliendo funciones de auxiliar de la justicia federal. Pero también reclama que la “transferencia comprenderá dotación de personal, patrimonio, bienes y los recursos respectivos”, de conformidad con el artículo 75 de la Constitución nacional.

Pinedo se reunió con el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, en busca de un punto intermedio entre las concesiones que ambos estaban dispuestos a ceder. El PRO logró que el kirchnerismo le habilitara un término que le abra posibilidades de reclamos futuros. La modificación a la cláusula transitoria, que habilita la realización de convenios entre el gobierno nacional y el de la Ciudad incluya la discusión sobre el artículo 6 de la Ley Cafiero, en la que se habla de transferencia de recursos humanos y materiales, aunque no los económicos.

En la reunión de labor Parlamentaria, los bloques de la UCR, el ARI y el peronismo disidente, se enteraron que el PRO no acompañaría el dictamen en disidencia. Los diputados macristas sólo harían uso de la palabra en el recinto para volver a reclamar por los recursos económicos, pero votaría el proyecto oficialista en general.

El debate de la modificación a Ley Cafiero comenzó apenas unos minutos antes de la medianoche. Aunque todo estaba dispuesto para que el macrismo y el kirchnerismo cumplan el acuerdo al que habían arribado por la tarde. Pero la extensa lista de oradores, unos 14, prolongó el debate hasta la madrugada.

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