La continuidad de la carrera judicial del juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia entrará hoy en horas decisivas: a partir de las 9 el Consejo de la Magistratura empezará a debatir las causas que motivan el pedido de juicio político en su contra y decidirá, seguramente, su suspensión. Más allá de esa resolución, la ministra de Defensa, Nilda Garré, a quien Tiscornia citó anteayer a declaración indagatoria por el presunto contrabando de armas a los Estados Unidos, consideró que el magistrado incurrió en “una nueva provocación de las que ya nos tiene acostumbrados y avergüenza a quienes creemos en la Justicia y el derecho”. “Es un extorsionador”, concluyó. Tiscornia, quien fue recusado por Garré, aseguró que “no tiene ninguna animosidad contra la ministra” y se explayó en su supuesta inocencia.

La locuacidad del magistrado que enfrenta el tercer pedido de juicio político por coimas e irregularidades procesales desde que Carlos Menem lo designó en 1994 recorrió ayer los micrófonos radiales. Defendió su resolución de citar a Garré como imputada porque hay un “estado de sospecha” sobre ella en el caso del presunto contrabando y subfacturación de piezas de fusiles FAL a los Estados Unidos, y repitió que Fabricaciones Militares (FM) está bajo la órbita de la cartera de Defensa.

Con respecto a la causa por contrabando y subfacturación de piezas de fusiles que se abrió a partir de una denuncia de la Aduana en febrero pasado, Garré señaló que la información recibida de Estados Unidos indica diferencias de precios entre lo admitido por el importador y lo declarado por el exportador. La empresa JLD Enterprises Inc. dijo haber pagado 90 mil dólares por el embarque de 6700 kilogramos de repuestos de fusiles que de la Argentina pretendían salir facturados en 2664 dólares.

Garré dijo que esa información y la denuncia de la Aduana argentina que impidió la exportación “es lo que debe profundizar el juez si quiere investigar el incumplimiento de normas aduaneras”, y señaló que “prefiere, porque es más redituable en su doble objetivo de extorsionar y de victimizarse en las vísperas inminentes de su juicio político, tirar un manto de sospecha sobre una ministra de la Nación”.

La titular de Defensa dijo que ella “cumplió correcta y responsablemente la acotada tarea que las normas vigentes le señalan en este caso, que es poner en forma de resolución la decisión de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico. Integran esa Comisión un embajador y dos funcionarios del nivel de director nacional, junto a representantes de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa y la propia Aduana es uno de los organismos técnicos consultados.

“Las funciones de esta Comisión sólo se limitan a aprobar si la solicitud de licencia previa de exportación que se le formula puede vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país, al –eventualmente– encubrir sustancias, elementos, tecnologías o equipamientos para fabricar armas de destrucción masiva”, explicó.

Garré subrayó que “sólo a esto se circunscribe la acción de la Comisión”, mientras que “para el control de las normas aduaneras existe el organismo competente, que realizó adecuadamente su labor e impidió un perjuicio al Estado”. “Para colmo, el juez ignora que la dirección General de Fabricaciones Militares”, responsable de la exportación investigada, “dejó de depender del Ministerio de Defensa desde el 29 de abril de 1996”, puntualizó la ministra. En 2006 pasó a depender de la cartera de Planificación que comanda Julio De Vido. El destino de esa venta era la empresa JLD Enterprises Inc., propiedad del argentino José Luis Díaz, autorizada a operar con Fabricaciones Militares por la aludida Comisión que controla las exportaciones de material bélico.

A Tiscornia le decían “el mudo” cuando cursaba la secundaria. Al escucharlo queda claro que ese escollo lo superó. Ahora le queda pendiente el proceso de juicio político que se le iniciará hoy. Ayer dio una pista de cómo lo sorteará: dijo que su esposa le plantea que piense en renunciar.