El Gobierno desplazó a Claudio Uberti de su cargo en el Ministerio de Planificación y justificó tal decisión en “un error grave” de conducta del ahora ex funcionario. Según la argumentación oficial, el titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) se equivocó al haber dejado subir al avión privado que lo transportó de Venezuela a Buenos Aires al empresario caribeño que intentó ingresar 800 mil dólares sin declararlos en la Aduana. “Por primera vez en Argentina se combate en serio la corrupción y hacemos los controles en todas las áreas. Yo no tapo nada”, señaló Néstor Kirchner para tomar distancia del episodio del hombre de la maleta, quien ayer fue imputado por la fiscalía por presunto contrabando.

Alberto Fernández fue el encargado de justificar la eyección de Uberti por su condescendencia con Guido Alejandro Antonini Wilson, el dueño de la valija. “Fue un hecho grave, pero no doloso”, dijo el jefe de Gabinete. Simultáneamente, le quitó responsabilidad a Exequiel Espinosa, el titular de Enarsa que contrató el avión privado de la compañía Royal Air, matrícula 5113.

–No tiene nada que ver –aseguró en su defensa.

Según la versión oficial, fue Uberti en persona quien autorizó a subir al venezolano, a pesar de “no conocerlo” y sin haber solicitado autorización alguna a la sus superiores. El gesto se originó, siempre según la explicación del kirchnerismo, por un pedido expreso de la vicepresidencia de Pdvsa y no del gobierno de Hugo Chávez. En esa línea, hubo alusiones para nada inocentes hacia la petrolera venezolana. “A esta altura de los acontecimientos la gente de Pdvsa tendría que dar explicaciones. No hace falta que nadie se lo pida. Sería bueno que expliquen, tal vez ellos también fueron sorprendidos por el hecho”, dijo Fernández.

Enarsa difundió el miércoles un comunicado en el que detalló que la delegación argentina estaba compuesta por Uberti, Espinosa y la licenciada Victoria Bereziuk. Y que “como parte de la gestión que motivó el viaje y en ocasión del almuerzo de trabajo ofrecido por la autoridades de PDVSA, las mismas solicitaron la posibilidad de trasladar de regreso a esta Capital Federal” a una serie de personas vinculadas con la empresa.

El texto consignó que entre los ciudadanos venezolanos que se sumaron estaba el hijo del vicepresidente de PDVSA, Daniel Uzcateguy Speech, “junto a un acompañante”, en alusión al ahora famoso hombre de la maleta. El viaje estuvo enmarcado en el acuerdo con Venezuela por la provisión de gas licuado, que Kirchner y Chávez anunciaron el lunes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Anoche, el Ministerio de Planificación informó que Uberti será reemplazado por la ingeniera Ema Abrieu, quien ya se desempeñaba en el Occovi.

La noticia de la maleta de los 800 mil dólares (en rigor, eran 790.550) estuvo omnipresente en los pasillos del poder. Fue inevitable entonces que Kirchner lo abordara en la localidad bonaerense de Moreno, durante un acto de adjudicación de viviendas. “Yo no tapo nada. Cuando algo pasa que el pueblo se entere como corresponde y tomamos las medidas como corresponde”, señaló.

Sabiendo de las sospechas de corrupción que genera el tema, el Presidente se adelantó a eventuales escenarios adversos. “Le toque a quien le toque y caiga quien caiga, porque yo no pongo las manos en el fuego por nadie, voy en la búsqueda de la verdad permanente”, dijo. Pero el prever que la frase podría ser interpretada como una condena anticipada a Uberti, corrigió sobre la marcha. “Cuando digo que no pongo las manos en el fuego por nadie no es por desconfianza, sino porque los ciudadanos depositaron en mí la confianza y yo voy a responder a esa confianza”, explicó.

La celeridad del Gobierno en desplazar a Uberti contrastó con el tiempo que se tomó en separar a Felisa Miceli. Probablemente la experiencia con la ministra de Economía –quien no logró convencer al fiscal sobre el origen del dinero de la bolsa– haya sido determinante en el cambio de actitud ante un nuevo caso que ya investiga la Justicia.

Con el desplazamiento de uno de los funcionario de más estrecho vínculo con Julio De Vido, Kirchner busca tomar distancia del episodio y a la vez enviar una señal interna frente a los que cometan “errores”, sobre todo en la recta final hacia los comicios de octubre. En ese mismo sentido, en la Casa Rosada hicieron circular la versión de un fuerte enojo de Cristina Fernández con el ministro de Planificación.

–El que se equivoca tiene que pagar –habría dicho la senadora al explicar la inclemencia oficial con Uberti.

Cristina y De Vido no comparten el mismo espacio dentro de la interna K y es factible, como se hizo circular ayer, que el enojo de la candidata con el funcionario haya sido cierto (ver más información en página 2).

Hubo un discurso homogéneo en el oficialismo a la hora de resaltar el trabajo de control ejercido por Migraciones, la policía aeronáutica y la Aduana. Fue evidente cierto afán por demostrar que de parte del Gobierno no hubo vocación de ocultar el episodio, ocurrido en la madrugada del último sábado en Aeroparque.

“Estaríamos en presencia de una infracción aduanera, y no de una causa penal, que estaría sancionada con el 50 por ciento del dinero decomisado”, evaluó Fernández en potencial. La actuación de los controles aduaneros efectivamente terminaron en la retención del dinero, que fue guardado en las cajas de seguridad de la División Aeroparque.

Sin embargo, para María Luz Rivas Diez no fue una simple infracción aduanera. La fiscal en lo penal económico formuló ayer una denuncia penal por presunto delito de contrabando en grado de tentativa. Dijo haber reunido “elementos de sospecha suficiente” para entender que hubo un intento de “ocultamiento del dinero” (ver página 4).

Anoche se decía que el venezolano, quien tras el episodio viajó a Uruguay, había contratado abogados para que ejerzan su defensa y reclamen el dinero secuestrado. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, coincidió sobre lo llamativo de la partida de Antonini Wilson, aunque reconoció que, mientras la Justicia no decida lo contrario, estaba en su derecho de hacerlo. “El juez no tiene derecho de parar a un señor y preguntarle por qué hizo esto. Legalmente no tiene el derecho. La ley no obliga a hacer otra cosa. Si lo hubiera obligado, no se lo hubiera dejado salir”, consideró.