“Que se abstenga de cualquier desalojo forzoso de la Villa 31”, le reclamaron a Mauricio Macri, en una carta abierta, más de 20 organizaciones, entre ellas las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El electo jefe de Gobierno porteño había anticipado su decisión de “erradicar” ese asentamiento, si bien luego afirmó su disposición “al diálogo y el consenso con los vecinos”.

Según destacan las entidades firmantes, “organismos internacionales de promoción y protección de derechos humanos han determinado que el derecho a la vivienda digna incluye el derecho a la regularización y urbanización de las villas”. En particular, “en la Villa 31-31 Bis habitan unas 25 mil personas, muchas de las cuales nacieron, crecieron y criaron a sus hijos allí, y se defendieron y lucharon por conservar su lugar de residencia desde hace 70 años”.

“Estos vecinos de la Ciudad de Buenos Aires son titulares de un derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que incluye el de permanecer en el sitio donde residen desde hace muchos años”, sostiene el documento, que firman también el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras organizaciones con trabajo comunitario en la zona.

Durante su campaña electoral, Macri había prometido programas de urbanización para las villas porteñas a excepción de la 31, para la que había anunciado la “erradicación”. La particularidad de este barrio, que aloja a unas 25.000 personas, es estar construido sobre tierras que, por su ubicación, podrían tomar un valor de mercado muy alto, en el marco de un proyecto de edificación de torres para viviendas y hoteles de lujo.

A principios de este mes, el macrismo prefirió hablar de “una solución satisfactoria y definitiva para ese asentamiento”, evitando el término “erradicación”: “El gobierno electo de la ciudad propondrá el diálogo y el consenso con los vecinos de la Villa 31”, afirmó.

La villa nació en los años 40 y desde entonces resistió cinco grandes desalojos. La mayor parte del terreno pertenece al Estado nacional, y Macri solicitó ya su transferencia a la ciudad.