“Necesitamos una autocrítica”, proclamó Carmen Argibay. “Cuanto más reconozcamos nuestras fallas más independientes vamos a ser”, reforzó ante la mirada absorta de buena parte de los jueces que la escuchaban. La jueza de la Corte Suprema intentaba redondear las conclusiones del taller que le tocó coordinar, el de “independencia judicial”, donde se produjo el debate más caldeado de la Conferencia Nacional de Jueces. Al final, polémica mediante, en la declaración acordada por las togas presentes quedó la premisa de someterse a “una profunda evaluación crítica”. Una de las primeras falencias asumida fue la lentitud de los tribunales. El documento, como se perfilaba desde un comienzo, incluyó un reclamo de “autarquía financiera” respecto del Gobierno y de límites a la injerencia del poder político en la selección y remoción de magistrados.

–Deberíamos incluir algún punto sobre la presión política, económica y mediática (a la Justicia) –postuló un juez de Mendoza. Era un reproche: el tema no formaba parte de los tres puntos que sugería Argibay.

–Una proclama sobre las presiones no me parece saludable. Cada uno sabe cuánto quiere ser presionado –retrucó un magistrado salteño.

La polémica creció. Un juez supremo de Paraná se puso de pie con vigor en la primera fial: “Tenemos que convivir con estas presiones. Nos toca resolver cuestiones que antes eran impensables, hasta macroeconómicas. No podemos evitar las críticas. Lo que tenemos que hacer es explicar nuestras decisiones a la sociedad”, definió. Al fondo del salón, una jueza de La Matanza levantaba la mano con insistencia. “Debe haber un coto a las injerencias”, se quejó, y salió en defensa del camarista de Casación Alfredo Bisordi, que enfrenta un juicio político por las demoras en las causas de derechos humanos. Bisordi había renunciado el día anterior a la presidencia de su tribunal. Fue por “una inmiscusión (sic) en el Poder Judicial”, alegó la jueza, aunque las actas de la Cámara dicen que sus pares lo jaquearon ante un intento de ascender a su mujer y su sobrina. Cuando el ping-pong amagaba con descarrilarse, Argibay intercedió: “Estamos hablando de la independencia del Poder Judicial (en general). Cada uno sabrá cómo defender su propia independencia”. Y se hizo un silencio escolar. En otro salón, al fondo del mismo pasillo del centro de convenciones, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, anunciaba que una partida de 500 millones de pesos se destinará a informatizar toda la justicia nacional. Es un dinero que se disputaban hace tiempo el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, pero ahora se pusieron de acuerdo.

Al terminar de consensuar el documento de cierre emergió otra pulseada: un sector denunciaba un condicionamiento político directo en la selección y remoción de magistrados. Hubo incluso referentes de la Asociación de Magistrados que renovaron sus quejas por el controvertido achicamiento del Consejo de la Magistratura nacional, que le quitó bancas a la corporación judicial. “Yo no puedo firmar eso”, dijo Argibay. Es que la Corte Suprema aún no se pronunció sobre los pedidos de inconstitucionalidad de aquella reforma.

Después de todo, se incluyó una advertencia genérica: “Los mecanismos y órganos de selección y remoción de jueces deberán responder, en cada jurisdicción, a una conformación de equilibrio que afiance la independencia judicial acorde con los preceptos constitucionales”.

El documento fue leído en un acto de cierre, a media tarde. Allí quedó sellado también el reclamo de “manejo autárquico del presupuesto en forma plena de modo tal de no depender para su ejecución completa de otros poderes”. Lo dicen porque para reasignar partidas –para sueldos, edificios u otras cosas– el Poder Judicial sí o sí debe tener permiso del Jefe de Gabinete. En el mismo rubro, los jueces piden que el presupuesto judicial tenga un piso porcentual mínimo (dentro del presupuesto total de cada provincia). Para todo esto hará falta una reforma de la ley: los jueces supremos ya tienen un proyecto, que aún no salieron a mostrar.

El planteo de autocrítica quedó así: “Es recomendable que el Poder Judicial realice, en lo interno, una profunda evaluación crítica y un sincero reconocimiento de sus falencias frente al reclamo social de solución oportuna y eficaz de los conflictos a él sometidos”.

En las conclusiones se esbozaron posibles soluciones a la demora judicial. Una: un uso más extendido de la mediación y las audiencias de conciliación para reducir la gran masa de juicios en permanente aumento. Otra: que los tribunales adopten modelos de gestión de calidad para respetar estándares mínimos. La primera demandará retoques a las normas procesales. La segunda, voluntad de los jueces, como la mayoría de las expresiones de buenos deseos que proliferaron en estos dos días de reunión.