Suspendida la suba de impuestos como vía para cerrar las cuentas de Buenos Aires, la gestión de Jorge Telerman echó mano al polémico recurso de forzar, a través del Presupuesto, una “contribución especial” del Banco de la Ciudad al Tesoro por 200 millones de pesos. Pese a contar con el aval mayoritario de la Legislatura, donde sumaron votos el oficialismo y la oposición macrista, el bloque de diputados liderado por Aníbal Ibarra y el auditor general porteño, Vicente Brusca, hicieron sendos reclamos ante el Superior Tribunal de la Ciudad para que se declare la inconstitucionalidad de la medida. Legisladores de Diálogo por Buenos Aires sostienen que se trata de una confiscación lisa y llana de los recursos de los ahorristas y que ello compromete penalmente a los directores de la entidad, responsables de concretar el traspaso de fondos.

El auxilio financiero del Banco a la administración de la Ciudad fue dispuesto días atrás, cuando se votó la ampliación del Presupuesto. Hay quienes plantean la paridad entre el aporte de 88 millones de pesos/dólares que hizo el Poder Ejecutivo al Banco Ciudad en 1997 para su capitalización y la cifra que ahora se solicita como auxilio, considerando aquel valor a la paridad actual. Así, el auxilio de ahora podría considerarse una “devolución” de aportes.

El legislador y economista de la CTA Martín Hourest fue una de las primeras voces que se levantaron en contra en la sesión, advirtiendo que para que el Banco se desprenda de esos fondos sin contraprestación alguna ni promesa de reintegro sería necesario modificar la Carta Orgánica. A entender del diputado, semejante decisión sólo puede consumarse con el aval expreso del Banco Central, después de haber sorteado lo que se denomina “prueba ácida”, que juzga el impacto en la situación patrimonial.

En tal situación, sería Martín Redrado quien tendría la última palabra. Sin embargo, en el directorio del Banco, comandado por Julio Macchi, no consideran que sea necesario el visto bueno del Central. Por ahora, la contribución está siendo analizada por el asesor letrado y en los próximos días pasará a manos del auditor de la entidad financiera. Si ambos concluyen que la innovadora práctica presupuestaria no es contraria a las normas, el Banco seguiría adelante y sólo se limitará a informar a la autoridad monetaria.

Como responsable de la futura gestión de gobierno, el macrismo sigue el tema con atención, básicamente preocupado por no ver comprometidos a sus directores, entre los que se cuenta el potencial secretario de Hacienda, Néstor Grindetti. Las advertencias sobre ese riesgo llegaron por escrito de parte de la oposición.

El ex jefe comunal y actual legislador Aníbal Ibarra alertó que se configuraría una “incautación” de fondos, ya que no se trata ni de un retiro de capital ni de un reparto de dividendos, dos figuras admitidas por la ley. Desde la misma bancada de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epztein alertó por carta documento a cada miembro del directorio que “la disposición de fondos, que de ninguna manera le pertenece al gobierno de la ciudad y sin causa alguna que lo justifique, podría hacer incurrir a los directores que la decidan en el delito de administración fraudulenta, con el agravante de ser cometido en perjuicio de una administración pública”. Ambos están entre los firmantes que reclaman a la Justicia la inconstitucionalidad de la contribución, incorporada en la última ley presupuestaria.

Los críticos de la “contribución especial” no dejan de recordar que muchos bancos públicos se prepararon para su pase a manos privadas de modo similar: con auxilios a los gobiernos locales que terminaron descapitalizándolos y generando con ello la necesidad de un soporte vía privatización. Por eso le apuntan hacia Macri como promotor de este pase de recursos que dejaría a la futura administración financieramente más cómoda para administrar y al banco, debilitado. Sin embargo, desde las huestes del futuro jefe de Gobierno las cosas se ven con otra mirada, en particular porque el banco es un bocado apetecible también para la gestión pública.