A diferencia de los subtes, el conflicto entre la empresa Metrovías y los delegados gremiales sigue rodando. Los trabajadores están actualmente en estado de asamblea permanente debido al pedido de “desafuero” que realizó la empresa el martes ante la Justicia laboral para despedir al delegado Néstor Segovia. Los argumentos, de un lado y de otro, son los mismos desde hace dos semanas cuando los choferes comenzaron a negarse a firmar, por falta de mantenimiento, el aval que permite la salida de los trenes. Desde entonces, distintas voces se fueron acoplando al discurso de la concesionaria que acusa a los representantes sindicales de “sabotaje y vandalismo” y de “usar de rehenes” a los usuarios. Ayer, las demoras en las cinco líneas y el Premetro produjeron, nuevamente, inconvenientes al millón y medio de pasajeros que utiliza el servicio todos los días.

Metrovías plantea el conflicto como resultado de internas gremiales, intereses políticos particulares y defiende su plan de mantenimiento que, asegura, es de 120 millones de pesos anuales. A raíz de las medidas tomadas por los trabajadores ya lleva cuatro denuncias judiciales y ahora suma el intento de despedir a Segovia, delegado de la línea C, quien rechazó los cargos que se le imputan y anunció que denunciará a Metrovías por “calumnias e injurias”.

“Si echa a nuestro compañero, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, advirtió Carlos Pérez, referente gremial de la Línea B. Sin embargo, otros dirigentes del subte afirmaron a Página/12 que el propósito de la concesionaria es, precisamente, hacer que los empleados tomen una medida de fuerza, lo que ejercería presión sobre el gobierno nacional –en plena campaña electoral– y enfrentaría a los usuarios con los trabajadores. Bajo tierra especulan que junto a la empresa el conflicto está fogoneado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) –opuesta a los representantes del subte– que le está “pasando una factura” al kirchnerismo por una investigación de enriquecimiento a Juan Manuel Palacios, su secretario general.

Por este motivo, se mostraron “a la defensiva” y sin intenciones de realizar un paro. Quieren evitar responder a las provocaciones de la empresa como el pedido de desafuero o suspensiones a empleados de distintas líneas con el pretexto de “no realizar las tareas que les correspondían”.

Pese a que el conflicto no está estrictamente bajo la órbita de la cartera laboral, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, aseguró que está interviniendo y según informes de la Secretaría de Transporte, “el mantenimiento se respeta y los vehículos están en condiciones” para funcionar. En concordancia con los argumentos de Metrovías, Rial le pidió a los delegados que reconozcan los “actos expresos de sabotaje” como la “rotura de cables, que se han desacoplado vehículos, que han aparecido pintados los parabrisas”. Los dirigentes gremiales desmintieron esas acusaciones, invitaron a la funcionario a ver el estado de los coches y remarcaron que se está tratando de desviar el conflicto de fondo que es la falta de inversión de los 300 millones que recibe la empresa en calidad de subsidios.

El director del Ente Regulador de Servicios de la Ciudad, Julio Balbi, salió a opinar sobre la actitud gremial: “Debe caerle el peso de la ley para aquellos que confunden un legítimo reclamo gremial con hacer cualquier cosa dentro de un Estado de Derecho”. El funcionario estimó que los pedidos sindicales fueron atendidos por el Ministerio de Trabajo y que “ya tienen un acuerdo firmado” entre las partes al respecto. Sin embargo, los acuerdos a los que se refiere no tienen relación con reclamos de los empleados que se refieren a las condiciones del servicio. Los conductores deben, antes de la partida de cada formación, avalar con su firma que las unidades están en condiciones de circular.

La CNRT recibe desde hace años denuncias por deficiencias en el estado del material rodante. “Ruedas con escoriaciones y aplanaduras”, problemas en la “timonería de frenos”, “excesos en el kilometraje máximo permitido” son sólo algunos de los inconvenientes que los delegados plantean como un atentado a la seguridad de los pasajeros.