El hombre entró a la sala de audiencias de los tribunales federales de La Plata en la que se realiza el juicio oral contra el cura Christian von Wernich. Llevaba traje y estaba serio. Se sentó y dijo su nombre completo: Alberto Rodríguez Varela. Pero antes de que pudiera seguir hablando, el abogado de la familia Timerman, Alejo Ramos Padilla, informó que hacía sólo un rato había pedido su detención. Lo acusaba, junto con otros siete ex funcionarios civiles de la última dictadura, de haber participado en delitos de lesa humanidad y puntualmente en el secuestro del periodista Jacobo Timerman. La declaración quedó interrumpida. El ex fiscal de Estado y ex ministro de Justicia pasó de testigo a imputado.

“¿Debe investigarse a aquellos funcionarios públicos que desde la Gobernación de la provincia de Buenos Aires formulaban una persecución ideológica a periodistas y medios de prensa? ¿Debe investigarse a aquellos funcionarios civiles que concurrían a los centros clandestinos de detención? ¿Debe investigarse a los funcionarios civiles que impartían órdenes y hasta organizaban la propia represión? ¿Debe investigarse a quienes realizaban acciones concretas para mantener en la clandestinidad las violaciones a los derechos humanos?”, se pregunta retóricamente en su denuncia Ramos Padilla. El mismo escrito es la respuesta.

El abogado hizo la presentación ante el juez Arnaldo Corazza, que tuvo a su cargo la investigación sobre el ex capellán de la Policía Bonaerense. Fue en nombre de Héctor y Javier Timerman, hijos de Jacobo, director del diario La Opinión que fue secuestrado el 15 de octubre de 1977 y que recuperó la libertad después de haber estado cautivo y haber sido torturado en diferentes centros clandestinos regenteados por el general Ramón Camps. En la denuncia se pide el arresto de:

- Ibérico Saint Jean: gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires entre el 8 de abril y el 28 de marzo de 1981.

- Jaime Lamond Smart: fue ministro de Gobierno de la provincia entre 1976 y 1978.

- Juan María Torino Olivieri: subsecretario de Gobierno de la provincia entre abril de 1976 y marzo de 1979.

- Héctor Munilla Lacasa: ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

- Edgardo Frola: subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia durante la gobernación de Saint Jean.

- Roberto Bullrich: ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Saint Jean.

- Roberto José María Durrieu: fue viceministro de Justicia de la Nación entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978.

- Alberto Rodríguez Varela: ministro de Justicia de la Nación entre 1978 y 1981 y fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978. Además de Rodríguez Varela, ayer estaban citados como testigos en el juicio contra Von Wernich, Smart y Durrieu. Al primero se le atragantó la declaración de la misma forma que a Rodríguez Varela: fue interrumpido cuando el presidente del tribunal, Carlos Rozanski, le preguntaba sobre sus datos personales y si estaba comprendido en las generales de la ley. A Durrieu, en cambio, se le atragantó el desayuno. No se presentó en la sala de audiencias pero fue a La Plata y esperó en un bar. Cuando se enteró de la denuncia de los hijos de Timerman, contraatacó con un escrito en el que pedía que lo relevaran de su declaración testimonial, lo que finalmente ocurrió. Luego envió un comunicado a los medios en el que anunciaba que iba a querellar a Ramos Padilla. “No tuve absolutamente ningún rol en la detención de Jacobo Timerman ni en ninguna otra acción de ningún tipo durante el proceso militar que no fuera la de ser un funcionario civil ocupado en temas técnicos, representando al Estado en juicio”, señaló allí Durrieu. El letrado fue representante del falso ingeniero Juan Carlos Blumberg y es militante contra las uniones entre gays y contra los movimientos piqueteros.

La presentación de Ramos Padilla no acusa a los ocho ex funcionarios civiles de la dictadura sólo de haber formado parte de la burocracia represiva. Tal como señaló Héctor Timerman –actual cónsul en Nueva York–, al declarar como testigo contra Von Wernich, se les imputa participación directa en el secuestro del director de La Opinión y haber estado presente durante los “interrogatorios” que iban acompañados de torturas.

Uno de los indicios que llevaron a involucrar a estos funcionarios surge de un libro que escribió el propio Camps. En El caso Timerman, el represor les agradece a ellos su “colaboración en este caso”. En ese texto, el jefe de la Policía Bonaerense de la dictadura señaló que “para la investigación y los interrogatorios se utilizó el mismo equipo que había actuado en el caso Graiver (...) Además, un equipo de integrantes del gobierno provincial, ajenos a la institución policial, colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de todos los números de La Opinión”. Es también Camps quien allí reconoce que les informó del secuestro de Timerman a Carlos Guillermo Suárez Mason y a Saint Jean: “En el caso Timerman había dos superiores a quienes rendir cuentas: al gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y al comandante del Primer Cuerpo de Ejército”.

En la denuncia se cita también al represor Norberto Cozzani, quien desde su celda de Marcos Paz envió un mensaje en el que señaló a los ex ministros y ex secretarios de la dictadura como “parte de un todo” y se quejó de que ahora dejaban desamparados a quienes estaban en prisión. “Es posible que hombres de derecho, ilustres, dignos y con participación activa en aquellos años, como por ejemplo los doctores Durrieu, Smart, Munilla Lacasa, Rodríguez Varela, Saint Jean, Frola, Sánchez Herrera... (y siguen los nombres) ... ni siquiera nos defiendan en las cuestiones civiles, cuando fueron parte de un todo”, decía textualmente una de sus cartas.

Los acusados, además, fueron señalados por algunos testigos que los reconocieron dentro de los centros clandestinos de detención. Isidoro Graiver, que compartió su cautiverio con Timerman, aseguró que Rodríguez Varela estaba presente cuando Camps lo interrogaba en Puesto Vasco. Otro sobreviviente mencionó a Smart. Dijo que el ministro de Gobierno le dijo al represor Cozzani: “Reventalo hasta que hable, tiene que hablar y si no que se muera”.

“La Justicia no debería ser selectiva castigando a algunos y eludiendo la persecución de otros, ya sea que usen armas, sotanas o corbatas. Lo importante es que la Justicia llegue a todos aquellos que hicieron aportes esenciales al plan criminal que tanto dolor ha causado a nuestra sociedad”, finaliza su escrito Ramos Padilla.