El drama de MFC se profundiza día a día. Ayer, el Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná, anunció públicamente que no le practicará el aborto no punible que reclama su madre hace más de un mes, a pesar del aval que dio a la intervención el Superior Tribunal de Entre Ríos. Su director, Jorge Berraz, alegó que la decisión estaba fundada en que la interrupción del embarazo “acarrearía riesgos” para la salud de la joven por lo avanzado de la gestación, que ya es de 18 semanas. Sin embargo, el jefe de Obstetricia, Hugo Armando Cati, reconoció a este diario que detrás de la negativa hay un motivo que no tiene que ver con razones médicas: los profesionales que en “junta médica” analizaron el caso “todos hicieron objeción de conciencia”, indicó Cati, quien se definió como un médico con “formación católica”. “Si hay otro médico en el país que quiera hacerlo, que lo haga”, agregó, en tono desafiante. La titular del Inadi, María José Lubertino, advirtió que el director del San Roque debe garantizar la práctica médica requerida. “Si no estaría incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público y puede ser denunciado penalmente”, afirmó. En rigor, la edad gestacional, por sí sola, no es un impedimento médico para concretar el aborto: en el país ya se han hecho abortos no punibles en embarazos más avanzados aún que el de MFC.

Apenas un día después de obtener el aval del máximo tribunal provincial para el aborto no punible –tal como informó ayer en exclusiva Página/12–, MFC volvió a toparse con otro obstáculo para acceder al derecho que tiene de interrumpir su embarazo, producto de un abuso sexual. MFC tiene 19 años pero por su discapacidad mental, su desarrollo intelectual es similar al de una nena de 5 años. Según sus propias palabras, el que le habría hecho “eso” sería un hermano de su padrastro, quien fue denunciado en la Justicia y esta semana se presentó en tribunales y quedó detenido.

“Hicimos una junta médica y decidimos no hacerlo”, dijo a este diario Cati, jefe de Obstetricia del San Roque, el mismo hospital donde originariamente se había acordado la realización del aborto no punible para el 27 de agosto, antes de que la jueza de Menores de Paraná, Claudia Salomón, ordenara su prohibición en todo el territorio entrerriano. En aquel momento, MFC llevaba unas 13 semanas de gestación.

El director del hospital declaró a la prensa que de llevarse adelante la intervención “aparecerían complicaciones eventuales que no estamos dispuestos a asumir”. Cati tradujo sus palabras y reveló las verdaderas motivaciones detrás de la negativa anunciada después de que 18 profesionales del San Roque, en junta médica, analizaran el caso: “Todos (los médicos) dijeron que no lo hacen por objeción de conciencia. A esta paciente hay que hacerle una microcesárea porque por su discapacidad mental no puede colaborar para que se haga (el aborto) por la vía baja (vaginal). Eso significa que el médico recibe un feto vivo, cuyo corazón late, que mueve sus miembros. Usted qué hace: ¿lo tira a la chata y deja que se muera o llama a un pediatra? Ningún médico quiere enfrentar esa situación”, reconoció Cati.

–Entonces, la paciente no correría ningún peligro –le planteó esta cronista.

–Corre los riesgos de cualquier cesárea como cualquier mujer. Si hay otro médico que lo quiere hacer, que lo haga –dijo en tono desafiante Cati, quien se definió como un médico con “formación católica”.

Anoche la delegación de Entre Ríos del Inadi, que viene acompañando a la familia de MFC en este trance junto con organizaciones de mujeres de Paraná, estaba en tratativas con autoridades sanitarias de la provincia para conseguir otro hospital en el que pueda concretarse el aborto no punible. Desde el Ministerio de Salud de la Nación monitoreaban las negociaciones. Otra alternativa que se baraja es que un equipo médico de otra provincia se traslade al San Roque o a otro hospital de Entre Ríos para hacer la intervención. Un obstetra ya se habría ofrecido a hacer el aborto.

“El Estado argentino y el entrerriano deben garantizar que esta práctica se pueda hacer en el hospital público, a fin de resguardar la prueba, que es necesaria para determinar si la persona sindicada como presunto violador es quien cometió este acto”, sostuvo la diputada provincial de Entre Ríos, Lucy Grimalt, miembro del Foro por los Derechos de las Mujeres de la provincia. “Creo que el Estado entrerriano, con todos los errores gruesísimos que ha cometido en este caso, por estas horas debería reivindicarse y, primero, estar garantizando la salud de la joven, y segundo, tomando los recaudos para preservar la prueba, para después presentarla en el juicio a fin de que el violador no quede libre”, dijo Grimalt. Y agregó: “Es por demás importante el fallo que dio el Superior Tribunal de Justicia, porque sienta un precedente jurídico muy importante en la larga lucha que llevan adelante las mujeres en cuanto a que se les reconozca el derecho de decidir sobre su propio cuerpo ante la circunstancia tan aberrante, como en este caso, de ser violadas y abusadas”.

El abogado del padre biológico de la adolescente de Paraná, Mario Martínez, anunció ayer que analiza apelar el fallo de la Corte de Entre Ríos, que allanó la realización del aborto no punible, ante la Corte de la Nación. “Defendemos la vida de la persona por nacer y la de MFC”, sostuvo el letrado, un activo militante católico, que representa a Sergio Alberto Colman. En una sentencia unánime, la Sala 2 del Superior Tribunal le negó legitimidad al padre biológico para oponerse a la intervención debido a que consideró que perdió el ejercicio de la patria potestad sobre su hija, al no verla ni ocuparse de su crianza en los últimos 16 años. Y además, dejó firme la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Paraná, que había levantado la prohibición para hacer el aborto no punible dispuesta por la jueza Salomón.

Según determinó la Corte entrerriana, la única persona que puede decidir sobre el aborto no punible es la madre de MFC, Marta Gauna, que es su representante legal y sigue firme en su pedido, siempre y cuando no corra riesgo la vida de la adolescente.

Vale recordar que a LMR, la joven de la localidad bonaerense de Guernica con una historia muy similar a la de MCF –que obtuvo la venia de la Corte de la provincia de Buenos Aires para abortar poco más de un año atrás–, la intervención se la hicieron –en una clínica privada– en la semana 22 de embarazo aproximadamente, luego de enfrentar una batalla legal parecida a la que le tocó a la adolescente entrerriana. En 2005, el máximo tribunal bonaerense autorizó un aborto terapéutico a una mujer con una cardiopatía severa, que se realizó en el Hospital Evita de Lanús, en la semana 23ª de gestación.

Y a Rosita, la nena nicaragüense de 8 años que quedó embarazada en una violación, a cuyo aborto se opusieron la Iglesia y el gobierno de su país, se le practicó finalmente la intervención en la semana 18ª de gestación, el mismo tiempo de embarazo que tiene actualmente MFC.