Las trabas que impiden a la joven de Entre Ríos realizarse el aborto reflejan una vez más la distancia que existe entre lo que ampara el Código Penal y lo que ocurre en la sala de hospital. Para Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, tener en la mira a los médicos y castigar a aquellos que no cumplen con lo establecido en la ley es el primer paso para achicar esa distancia que separa a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos. “Los fiscales tienen que iniciar acciones legales contra los médicos o directores de establecimientos públicos que se niegan a realizar las intervenciones”, sostuvo la abogada.

Que un profesional de la salud o un comité de bioética se niegue a practicar la interrupción de un embarazo puede encuadrarse en la figura penal –según la letrada– de incumplimiento de deberes de funcionario público y de abandono de persona en el caso de que el embarazo prospere y eso ponga en riesgo su vida o salud. En ambos casos se prevé penas de prisión e inhabilitación en el ejercicio de sus funciones. “Los fiscales de todo el país deberían estar atentos a la comisión de estos delitos”, sostuvo Chiarotti. “Salvo que no les interese o preocupe brindar respuestas a estos casos de discriminación hacia las mujeres”, acotó.

–¿Es necesario llegar a la sanción? ¿No se resolvería con la reglamentación del artículo 86, del Código Penal, que plantea los casos de aborto no punible?

–La reglamentación no es necesaria desde el aspecto legal. Obviamente, no hay problema en que los legisladores quieran allanar el camino, pero los sectores conservadores siempre van a imponer obstáculos. Si un médico no quiere realizar la intervención va a inventar otras excusas porque en realidad tienen miedo de perder el negocio del aborto clandestino. Está lleno de profesionales que se hacen los moralistas y que en los sanatorios privados hacen los abortos. Utilizando términos bíblicos son sepulcros blanqueados porque dicen una cosa y en la práctica hacen otra.

Para Chiarotti, la sanción de los profesionales que no cumplen con lo que ampara la ley no es garantía de ejecución de los pedidos de aborto sino que en forma complementaria se requiere la decisión política de los ministerios de Salud provinciales de garantizar el ejercicio de sus derecho a la vida y a la salud a las mujeres. “Tienen que tomar la decisión clara y firme de hacer cumplir lo que la ley habilita”, sostuvo.

–El caso de Entre Ríos muestra claramente las estrategias de los sectores conservadores para impedir la ejecución del aborto.

–Hoy sólo existe la impunidad. Estos sectores echan mano a todo. Traen a escena a un padre que hace años que no veía a su hija, utilizan miles de excusas arbitrarias, recurren a la justicia cuando la ley no lo exige, hacen revisiones para decir que el aborto causaría daño a la vida.