El fiscal ante la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica inició una querella por presuntas calumnias e injurias al abogado de derechos humanos Marcelo Parrilli, quien lo había señalado como “partícipe necesario del sistema de terrorismo de Estado llevado adelante por la dictadura”. Parrilli consideró que es una buena oportunidad para poner de manifiesto el rol de “la pata judicial” de ese sistema durante el último gobierno militar.

En la presentación que quedó radicada ante la jueza correccional Diana Delest, el fiscal afirmó que querelló a Parrilli “para salvaguardar el prestigio y honorabilidad conseguidos a través de los años”, y pidió que se le aplique el máximo de la pena, es decir, cuatro años de prisión. El fiscal se consideró agraviado por las expresiones vertidas por el abogado en el programa La Cornisa, emitido por el canal América, el día 29 de octubre de 2006. En aquella emisión, Parrilli se refirió a su persona señalando que había fiscales, actualmente en el fuero federal y ante la Cámara Nacional de Casación Penal, entre los cuales se encontraba él, que “con su accionar durante la dictadura no solamente reivindicaron el sistema de terrorismo de Estado, sino que fueron partícipes necesarios de las desapariciones, torturas y asesinatos”. Estas fueron las palabras que, según Romero Victorica, usó Parrilli para desprestigiarlo y agraviarlo.

La jueza Delest fijó la audiencia de conciliación para el próximo 26 de septiembre, en la que las partes deberían llegar a un acuerdo en el que el presunto ofensor se retracte de sus dichos y eso sea aceptado por el ofendido, de modo de poner fin al proceso.

Pero lejos de volver sobre sus palabras, Parrilli consideró que el inicio de este juicio “permitirá, a través del ofrecimiento de la prueba de la verdad de mis afirmaciones, no solamente abordar el rol que el actual fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal cumplió durante la dictadura sino el de muchos otros integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal durante el genocidio, algunos de los cuales se encuentran hoy cumpliendo funciones”. Y agregó que “sin ninguna duda, por acción u omisión, un elevado número de jueces, secretarios y fiscales que intervinieron en el fuero penal, tanto en los ámbitos locales como federal, avalando el rechazo de miles de hábeas corpus y silenciando los crímenes de los que tenían conocimiento a diario, resultaron imprescindibles para que el genocidio, en forma secreta y oculta para toda la sociedad, se llevara adelante durante años”. En tal sentido, el abogado apuntó que “lamentablemente en las investigaciones en curso por violaciones a los derechos humanos no se ha avanzado penalmente sobre el rol que el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales cumplieron durante el genocidio”. El abogado de Romero Victorica es Carlos Froment, ex defensor de Roberto Viola en el Juicio a las Juntas, mientras que Parrilli será asistido por el abogado Pablo Llonto.