La Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires envió ayer una notificación a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires para que acelerara la oficialización de boletas, ya que a dos días de cumplirse los plazos legales aún no dio luz verde a las boletas con los aspirantes a cargos en el distrito ni tampoco fijó postura sobre las impugnaciones que pesan sobre algunos candidatos, como son los casos del kirchnerista Daniel Scioli y el vecinalista Luis Patti, entre otros.

La morosidad en las acciones de la junta bonaerense genera en la junta nacional una preocupación extra, ya que sobre sus espaldas no sólo carga el comicio del mayor distrito del país, sino también un record de candidaturas. Esto es producto de la creación de las llamadas listas “colectoras”, que no es otra cosa que la externalización de las internas partidarias.

“La crisis de los partidos políticos hizo que la ley quedara desbordada. Hay ‘espejos’, ‘colectoras’ y nombres que se repiten en distintas listas. Indudablemente esto genera confusión. Se derogaron prohibiciones, y eso hace que tengamos que agudizar el control”, señalaron fuentes involucradas en el proceso electoral y temerosas de posibles irregularidades. Lo concreto es que todos los modelos de boletas deben estar oficializados este viernes, a un mes de las elecciones en las que se definirán cargos ejecutivos y legislativos. En la provincia de Buenos Aires están inscriptos para competir más de veinte mil candidatos.

Una de las protagonistas en esta instancia legal es la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires, cuyos integrantes varían en cada elección. En esta oportunidad cuenta con representantes nacionales y provinciales, ya que el 28 de octubre se definen en el distrito candidaturas de ambos órdenes.

Esta junta, que es transitoria, está integrada por el juez federal de la provincia, Manuel Blanco, el titular de la Corte, Daniel Soria, y el presidente de la Cámara Federal, Leopoldo Schiffrin.

La otra gran protagonista es la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que es permanente y la preside el propio Soria, lo secunda la presidenta de la Cámara de Apelación Civil de La Plata, Ana Bourinborde, y la integran, además, el presidente de la Cámara Penal, Eduardo Delbés, el presidente del Tribunal de Cuentas, Eduardo Grimberg, y el presidente de la Sala de Contencioso y Administrativo, Gustavo De Santis. El caso de Soria es, como mínimo, curioso, ya que, como integrante de ambas juntas, se notificó ayer a sí mismo que debe acelerar su trabajo.

La junta nacional tiene que confrontar el modelo de boletas que le envían los partidos con las listas oficializadas por la junta bonaerense para luego dar paso a la impresión de las mismas. Y no quiere trabajar a contra reloj en un tema delicado, menos con los antecedentes de irregularidades detectadas en otros distritos, como Córdoba.

La junta bonaerense, que se reunió ayer, también debe definir si da curso a las impugnaciones sobre algunas candidaturas. La principal recae sobre el aspirante a gobernador por el kirchnerismo, Daniel Scioli, a quien los radicales lavagnistas y Patti le cuestionan la ciudadanía bonaerense. Quien ejerce su defensa, el diputado Jorge Landau, tiene una carpeta de más de 50 hojas en las que explica que el concepto de ciudadanía es más amplio que el solo hecho de haber efectivizado la acción del voto en el distrito.

Otro candidato cuestionado es el propio Patti, impugnado por partidos de izquierda y el kirchnerismo –y en breve también lo harían organizaciones de la sociedad civil– por idoneidad moral, ya que se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad. La defensa del ex comisario-represor esgrime el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.