“Yo impugno a Patti por torturador.” Los adhesivos con la consigna presidían la mesa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde donde los hijos y familiares de las “víctimas” de Luis Abelardo Patti, organismos de derechos humanos y diputados nacionales respaldaron la impugnación ante la Junta Electoral bonaerense de la candidatura a gobernador del ex policía. El escrito presentado ayer en La Plata incluye las causas que instruyen cinco juzgados federales contra el candidato del Paufe por crímenes de lesa humanidad; las acusaciones que se expusieron en la Cámara de Diputados cuando el cuerpo impidió que Patti asuma su banca por “inhabilidad moral”; jurisprudencia internacional y el fallo de la Corte Suprema en el “caso Bussi”, que establece que las impugnaciones deben realizarse antes de los comicios y ante la justicia electoral. Pero por la noche, la Junta Electoral rechazó todas las impugnaciones anteriores contra Patti y tratará la del CELS la semana próxima.

“Las pruebas son muy contundentes, los elementos son muchos, porque la resolución (del Tribunal Electoral también sobre Patti) del ’99 es absolutamente insostenible, porque la Corte Suprema ha fijado un camino muy claro y las instituciones tienen que responder a ese camino”, dijo ayer por la tarde el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, para sintetizar su optimismo sobre la resolución judicial.

Pero a la noche, el optimismo se relativizó. En una reunión plenaria, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó todas las impugnaciones anteriores a las candidaturas de Luis Patti. Sobre el filo de la medianoche, los abogados del CELS, que patrocinaron la presentación de los familiares y organismos, confirmaron telefónicamente ante miembros de la Junta que su presentación todavía no había sido formalmente tratada y que el organismo lo hará recién la semana que viene.

Tampoco se conocieron los argumentos esgrimidos por los miembros de la Junta Electoral, que en principio vetaron las impugnaciones contra el candidato del Paufe, que presentaron el diputado Carlos Tinnirello y el militante peronista Luis Gerez, uno de los testigos que declaró ante la comisión que juzgó la conducta de Patti en la Cámara de Diputados y que luego sufrió un extraño secuestro aún no esclarecido.

La referencia que Verbitsky hizo por la tarde a la resolución de la Junta Electoral bonaerense del ’99 no fue casual. En esa oportunidad el tribunal electoral rechazó la impugnación realizada por el CELS porque Patti “no tenía una condena judicial”. “Fueron argumentos vergonzosos que se apartan de la Constitución y de la ley. En una resolución de 20 líneas, nada más, dice que (Patti) no tienen ninguna condena, que es un requisito que la ley no establece”, remarcó el presidente del CELS.

La presentación lleva las firmas de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado el 16 de febrero de 1977 en Escobar; de los hijos del militante peronista Gastón Roberto José Goncalves, secuestrado el 24 de marzo en Zárate; y de las hermanas del dirigente montonero Osvaldo Cambiaso, que junto a Eduardo Pereira Rossi, fueron secuestrados en un bar de la ciudad de Rosario y horas después acribillados en un “enfrentamiento” en la localidad de Lima (Zárate). En todos los casos, de acuerdo a las denuncias judiciales, participó Luis Abelardo Patti.

Pablo Llonto, abogado de las víctimas de Campo de Mayo (incluido el caso Barreto) afirmó que el expediente del juzgado federal 2 de San Martín es “una caja de sorpresas”. “La causa recién empezó a moverse después de las anulaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y todavía hay que revisar muchos expedientes”, insistió Llonto convencido de que el nombre de Patti volvería a aparecer en otras denuncias. “Que haya pocos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, es producto de 30 años de impunidad que generó el retardo de justicia”, argumentó Ana Oberlin, abogada de Hijos y de la familia Cambiaso.

Por su parte Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, reivindicó el trabajo de los organismos y la tarea de los legisladores que impidieron que Patti asuma como diputado “por inhabilidad moral”, y volvió a defender, contrariando el fallo de la Corte sobre el caso Bussi, el derecho de los diputados de juzgar a los miembros de la Cámara. “Ningún torturador puede legislar y ningún genocida puede gobernar”, sintetizó el diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano. Las diputadas Diana Conti y María América González también acompañaron la presentación cuya suerte se conocerá recién la semana entrante.