Las malas lenguas de tribunales ayer sacaban cuentas: Guillermo Montenegro estuvo más tiempo concursando para ser juez (cuatro años) que al frente de ese cargo (dos años, once meses y quince días). Tras una breve temporada de misterio, finalmente presentó su renuncia para convertirse en el ministro de Seguridad y Justicia de Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre. “El Gordo”, como le dicen sus colegas y amigos, dejará el caso Skanska a mitad de camino: tomó indagatoria a casi todos los imputados pero aún no resolvió si los procesa o los exculpa. Por ahora, lo suplantará el juez federal Sergio Torres.

“Como servidor público puedo llegar a rendir más que desde el Poder Judicial”, fue lo que dijo Montenegro después de comunicarle su decisión al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. En la carta que le envió señala que lleva “aproximadamente veinticinco años” en la Justicia, “una institución a la que amo y respeto profundamente y que me ha brindado muchas más alegrías de las que hubiera esperado”, describe con romanticismo. Durante doce años fue fiscal, nombrado por Carlos Menem, y llegó a juez en octubre de 2004 tras un largo concurso en el Consejo de la Magistratura que terminó con el visto bueno de Néstor Kirchner, que ahora deberá decidir si le acepta la renuncia.

Montenegro pidió licencia hasta el miércoles ante la Cámara Federal, adonde fue a saludar con tono de despedida. Para subrogarlo por estos días, el presidente de ese tribunal, Martín Irurzun, eligió a Torres, que podría continuar transitoriamente al frente del juzgado si queda vacante. Estaría, en ese caso, a cargo de la causa Skanska, donde está en el aire la situación procesal de más de treinta imputados (entre ellos el ex titular del Enargas Fulvio Madaro, y el ex gerente de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa) y en el que aún no se fijó ni se descartó la citación de otros funcionarios que siguen en el Gobierno. Torres fue nombrado por el gobierno de la Alianza: “No es un neokirchnerista”, ironizó un juez, “y tampoco es un gran confrontador”, describió.

Como ministro de Seguridad de Macri, Montenegro tendrá un papel clave en lo que ha sido un caballito de batalla de la campaña de PRO: el traspaso de la policía y la Justicia a la ciudad (si gana la pulseada por los fondos) y la implementación de políticas en relación con el delito. La llegada del juez al gabinete macrista porteño se debe, dice él, a una vieja amistad con Gabriela Michetti. Con Macri, de todos modos, viene haciendo buenas migas como asesor en Boca Juniors en temas de seguridad.

Como fiscal y juez, cada vez que le tocó algún expediente sensible Montenegro mostró gran habilidad para moverse entre las papas calientes sin quemarse. Su primera decisión importante con la toga puesta fue declararse incompetente en la investigación sobre las regalías petroleras de Santa Cruz y mandar la causa a la provincia. Elevó a juicio oral expedientes importantes, como el de la apropiación de menores hijos de desaparecidos y el de IBM-Banco Nación. En sus ratos libres venía cultivando tentaciones “extrajudiciales” como entrenar al equipo de rugby del Liceo Naval –donde fue alumno– y mantener dos comedores infantiles. “Desde el lugar que el futuro me depare, ya sea en la actividad pública o privada, el sentimiento y el respeto que siento por la Justicia no se verá modificado”, dice el texto que le mandó a Iribarne. La pregunta del millón es si conservará la sutileza a la hora de abordar la protesta social, el delito y la pobreza.