Pasaron seis meses del asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén. Una granada de gas lacrimógeno impactó en la nuca del profesor de Química. En ese día helado, Fuentealba, junto con sus compañeros, estaba dejando atrás el corte de la ruta 22. El cabo Darío Poblete, que cargaba con dos condenas por sus “excesos” en operativos represivos, disparó y el profesor se convirtió en víctima fatal. Hoy los docentes de todo el país exigirán “justicia” con un paro y movilización frente al Congreso. Maestros y profesores de todos los niveles, tanto del sector público como privado, reclaman que los jueces de Neuquén investiguen a Jorge Sobisch, a cargo de la gobernación que ordenó la represión, ahora ocupado en su campaña presidencial. El grito se hará extensivo para lograr que “nunca más” las balas sean la respuesta a la protesta social.

El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, dijo a Página/12 que “reclamamos garantías para que la Justicia de Neuquén actúe de manera independiente, y esto significa la revisión de un proceso judicial que hoy por hoy tendió un cerco de impunidad que deja fuera de la causa a Sobisch, el responsable político de ese asesinato”. Yasky, que estaba al frente de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) cuando se produjo el asesinato de Fuentealba, señaló que “el otro objetivo de la convocatoria es exigir el fin de toda política que criminalice las protestas sociales, política que han tenido en ese asesinato una expresión brutal. Ese modus operandi forma parte de una larga historia de sectores autoritarios que confunden protesta con caos social y mantienen como hipótesis el derramamiemto de sangre de los más débiles, los trabajadores.”

Fue también en Neuquén donde había sido asesinada en 1997 Teresa Rodríguez. La mujer se cruzó en una manifestación docente y una bala acabó con su vida. Diez años después, Sobisch, representante del mismo partido de gobierno –el MPN–, tardó veinticinco horas en asumir públicamente que él había dado la orden de montar el operativo policial que reprimió a los docentes y asesinó a Fuentealba. No mostró atisbos de ninguna autocrítica, por el contrario elevó un muro de argumentos para justificar la “necesidad” de apelar a la fuerza para clausurar la protesta social.

“El paro va a ser total. Sobisch no pudo hacer sus actos de campaña porque docentes de La Pampa y de Salta demostraron que no se borra fácilmente de la memoria el asesinato de un profesor en un reclamo salarial”, remarcó Yasky. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) convocó a la marcha junto con la Confederación General del Trabajo que lidera Hugo Moyano. En abril, el homicidio de Fuentealba motivó una inédita protesta conjunta de las dos centrales: la CTA convocó a un paro y movilización y la CGT adhirió con una huelga de una hora y se sumó a la marcha. Hoy, la convocatoria es a las 11.30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para terminar frente al Congreso. En ese destino, la secretaria general de la Ctera, Stella Maldonado, le entregará al titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Remo Carlotto, el petitorio con miles de firmas recolectadas en todo el país en reclamo de “juicio y castigo” a los responsables materiales y políticos del asesinato de Fuentealba. El obispo de Neuquén, Marcelo Melani, dijo en ese momento que “no sólo es responsable el que disparó sino los que dieron las órdenes”.

El 4 de abril pasado, el cabo Darío Poblete, integrante de la fuerza que comandaba el jefe de la Policía provincial, Carlos Zalazar, disparó la granada de gas lacrimógeno que hirió de muerte a Fuentealba. Es el único detenido en la causa que investiga el asesinato. El equipo de la fiscalía neuquina acusó de “homicidio culposo” a cuatro oficiales de la policía y a dieciséis efectivos de grupos especiales. A pesar del repudio que generó la represión ordenada por Sobisch, el jefe de la Policía provincial, el comisario general Rolando Figueroa, ratificó en julio pasado que “el cabo Poblete es un referente de la policía aunque esté detenido”.

La investigación sobre las responsabilidades políticas no avanzó. Yasky recordó que la Ctera declaró “persona no grata” a Sobisch hace dos años “cuando ordenó arrastrar una carpa blanca con un móvil policial hasta depositarla detrás de la Casa de Gobierno provincial. Nunca tuvimos contacto con él, ni antes ni después del asesinato de Fuentealba”.

En el palco que se montará frente al Congreso hoy tendrán la palabra el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Marcelo Guagliardo; Sandra Rodríguez, la viuda de Fuentealba, quien impulsó el petitorio nacional en reclamo de justicia, y la titular de la Ctera. La necesidad de aunar fuerzas para potenciar el reclamo de justicia apaciguó las diferencias entre Aten y la Ctera, que históricamente tuvieron conducciones gremiales enfrentadas.

Sobisch despotricó contra la protesta de los docentes públicos y privados del país y acusó a la Ctera de hacer una huelga financiada por el krichnerismo para opacar su candidatura presidencial. Yasky apeló a una comparación para retrucar al ex gobernador: “Es un disparate que me remite a la práctica de algunos insectos que cuando se sienten en peligro producen una reacción química que genera una pestilencia con la que se protegen, esos dichos son propios de ese tipo de insectos. En realidad, la Ctera y la CTA han demostrado en la práctica una independencia del gobierno nacional que la Justicia de Neuquén no puede demostrar respecto de Sobisch”.