En enero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) empezará a enviar 3600 muestras de sangre de familiares de personas detenidas-desaparecidas junto con 600 muestras óseas de esqueletos recuperados a un laboratorio de los Estados Unidos. “El objetivo es poder hacer cruces en estos dos universos para lograr identificaciones”, explicó a Página/12 el presidente del EAAF, Luis Fondebrider. Los restos pertenecen a personas asesinadas en su mayoría entre 1976 y 1977. La masividad de los análisis en poco tiempo será posible por el convenio que firmaron ayer los antropólogos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos que permitirá lanzar una campaña masiva para la extracción voluntaria de sangre en hospitales públicos.

El acuerdo denominado “Iniciativa Latinoamericana para Identificación de Personas Desaparecidas” se realizará en conjunto con instituciones de Guatemala y Perú. En el caso argentino constará de tres etapas: el envío de muestras y restos a los Estados Unidos, la intensificación de exhumaciones de cuerpos enterrados en cementerios y otros lugares donde existen denuncias fundadas de enterramientos ilegales y la creación del Laboratorio de Genética Forense del EAAF, junto con el laboratorio Lidmo de Córdoba. “De esa forma habrá un área específica que se dedique a restos óseos para analizar casos argentinos y después del exterior. El único Banco Genético que existe hoy es el de las Abuelas de Plaza de Mayo, que funciona en el Hospital Durán, y es para identificar a niños desaparecidos. Hay muchos menos niños que personas desaparecidas. Es importante que el Banco estará en manos del Estado, porque a pesar del paso del tiempo los familiares podrán llegar a una identificación”, dijo Fondebrider.

La Secretaría de Derechos Humanos se va a encargar de establecer el contacto con los familiares y darles un turno para que se presenten en los bancos de sangre que funcionan en los hospitales –bajo la coordinación del Ministerio de Salud–. Las muestras de sangre van a ser remitidas a la Secretaría de DD.HH. de la Nación, una va a quedar en custodia y otra será enviada a los Estados Unidos para realizar los análisis masivos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. El número de 3600 extracciones es por una cuestión presupuestaria, ya que hay muy pocos laboratorios en el mundo con capacidad para hacer ese tipo de análisis. La identificación dependerá de cuánto material genético se pueda recuperar de los restos óseos y de la cantidad y utilidad de las muestras de sangre. Cuanto más cercano es el parentesco existen más probabilidades de establecer en forma fehaciente la identidad.

Fondebrider explicó que “en los casos en los que tenemos hipótesis de identidad vamos a seguir trabajando con el laboratorio Limbo. Las muestras óseas que se enviarán a los Estados Unidos son aquellas que por los métodos tradicionales de antropología y medicina no pudimos identificar”. En algunos casos se trata de restos óseos exhumados hace diez años. Hace veintitrés años que el Equipo de Antropología empezó a trabajar con la información ante mortem, qué enfermedades tuvo la persona, las características odontológicas, a reconstruir la historia de vida. “En muchos casos, los familiares no se acuerdan o no hay registros hospitalarios porque eran gente joven sin patologías específicas. A veces llegamos a muy buenas hipótesis pero no suficientes, por eso recurrimos a la genética, que es una de las tantas formas pero no la única para identificar un cadáver”, explicó Fondebrider.

El equipo de antropólogos logró en la Argentina devolverles el nombre y apellido borrado por la represión ilegal a alrededor de trescientos cuerpos, apeló a análisis genéticos en unos ciento veinte casos. “Lamentablemente la enorme ignorancia de jueces, abogados, fiscales sobre lo que significa identificar un cuerpo lleva a recurrir a los exámenes genéticos cuando se pueden resolver con otras técnicas más sencillas, menos caras y tan certeras como la genética”, explicó Fondebrider y ejemplificó: “El cuerpo del Che Guevara se identificó por las piezas odontológicas, las víctimas del tsunami también, además de las huellas dactilares”.

“Esto es un avance para aclarar la verdad más profunda, para que nada de eso vuelva a suceder”, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, al firmar el convenio junto al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y a Fondebrider. El trabajo se financiará con una partida especial del Congreso de los Estados Unidos. El Estado argentino pondrá la red de hospitales y el personal de Derechos Humanos para identificar a los donantes.

A partir del 16 de octubre, la gente se va a poder contactar con las oficinas de derechos humanos del país y acercarse a los bancos de sangre. El 1° de noviembre el Equipo de Antropología lanza una campaña informativa con spots televisivos y afiches con todas las explicaciones. Además se va a habilitar un 0800 para que la gente llame al EAAF.

A mediados del año próximo se tendrán los primeros resultados de los análisis, los antropólogos –que actúan como peritos judiciales– los completarán con las hipótesis que reconstruyen la historia de cada cuerpo y en función de esa reconstrucción informarán a los familiares.

Cuidadoso en extremo de la intimidad de cada historia, Fondebrider destacó que “queremos bajar el nivel de expectativa, es un intento de aumentar el número de identificaciones, no una garantía de identificación en seis meses”.

González García dijo que la tarea “no es de este gobierno, sino de la sociedad argentina. Esto es un salto cualitativo”.

En el mundo hubo otras tareas de identificación de restos de víctimas de guerras, pero ninguna con las características de este convenio que supone establecer un andamiaje legal e instrumental para continuar el trabajo de recuperación de identidad en forma permanente.

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