Dos ex funcionarios civiles de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar ya tienen sobre sus hombros dos pedidos de detención realizados ante el juez Arnaldo Corazza. El fiscal federal Sergio Franco sumó ayer su solicitud de arresto del ex gobernador Ibérico Saint Jean y el ex ministro de Gobierno Jaime Smart, por la desaparción del ex director del diario La Opinión, Jacobo Timerman. Pidió, además, que se amplíe la investigación sobre la participación de otros civiles en el secuestro y las torturas del periodista. El cónsul en Nueva York, Héctor Timerman, ya había solicitado que se ordenara la inmediata detención de siete funcionarios más, entre los que se encuentran el ex ministro de Justicia de la Nación Alberto Rodríguez Varela y el fiscal de Estado de la provincia Roberto Durrieu, quien fue abogado del candidato a gobernador Juan Carlos Blumberg.

Ibérico Saint Jean gobernó entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981. El 15 de abril de 1977, Timerman fue secuestrado y trasladado a distintos centros clandestinos de detención del denominado “Circuito Camps”, como Puesto Vasco y Coti Martínez. En su escrito, el fiscal Franco afirmó que Saint Jean “como jefe del Poder Ejecutivo, ostentaba el mando superior de la policía, aun por encima –al menos formalmente– del propio Camps”. Y que a Jaime Smart le caben similares consideraciones, “pues en su carácter de ministro de Gobierno debía resultar un eslabón necesario entre el gobernador militar y la jefatura de la policía, al menos, en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria del terrorismo de Estado”.

En cuanto al resto de los integrantes del gobierno de facto en la provincia de Buenos Aires, para la fiscalía no caben dudas de que “como superior orgánico de la policía, al menos sostuvo las condiciones indispensables para que esta última se involucrara en la acciones del terrorismo de Estado”. Por ello pidió la ampliación de las pruebas.

El objetivo es precisar la participación de represores bonaerenses como el ex subsecretario de Gobierno Juan María Torino Olivieri, el subsecretario de Justicia Héctor Munilla Lacasa y el subsecretario de Asuntos Institucionales Edgardo Frola, además Rodríguez Varela y Durrieu.

Para el fiscal todavía “no está claro si la cadena de emisión de órdenes desde los comandos militares a la jefatura de la policía de la provincia pasaba por la gobernación”. Sin embargo, consideró que “como mínimo era necesaria la participación de los miembros del gobierno con ubicación jerárquica por sobre la jefatura de policía y la estructura burocrática del Estado provincial”.

Los requerimientos al juez Corazza se dan en el marco de la causa número 3, conocida como “Causa Camps”, en referencia al jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps. Allí ya fueron probadas las circunstancias de la desaparición de Timerman. La primera denuncia penal contra los civiles fue presentada por el abogado Alejo Ramos Padilla, el 13 de septiembre pasado, el mismo día en que muchos de los represores acusados se prestaban a declarar en el juicio al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian von Wernich.

Una de las principales pruebas de la participación civil en la dictadura surge del propio Camps. En su libro El caso Timerman, señaló que “un equipo de integrantes del gobierno provincial, ajenos a la institución policial, colaboró aportando las bases para la consideración jurídica, de carácter económico y para establecer cuál era el verdadero trasfondo de la publicación a través del análisis del contenido de todos los números de La Opinión”. En se mismo texto, se citó la figura de Saint Jean: “Había dos superiores a quienes rendir cuentas: el gobernador, por ser la autoridad natural de la policía, y al comandante del Primer Cuerpo del Ejército”.