Muchas son armas viejas, registradas en la época en que eran dueños de la vida y la muerte. Algunos todavía atesoran arsenales caseros, con más de veinte revólveres y pistolas. Son ciento sesenta y dos represores, en su mayoría presos por delitos de lesa humanidad, los que fueron “inhabilitados en forma preventiva” como usuarios por el Registro Nacional de Armas (Renar). El general retirado Ernesto Arturo Alais encabeza la lista, acusado de participar en la represión en Tucumán y más conocido por no haber llegado nunca a reprimir a sus camaradas carapintada en la Semana Santa del ’87. Alfredo Astiz, Albano Harguindeguy, Ramón Genaro Díaz Bessone, Pascual Guerrieri, Reynaldo Benito Bignone y Jorge Rafael Videla son otros de los nombres que impresionan todos juntos desde la frialdad de la planilla que el Renar le envió al Ministerio de Defensa.

Desde la cartera, que encabeza Nilda Garré, le llegó a Andrés Meiszner, titular del Renar, la consulta sobre la situación en la que los militares procesados en causas por violaciones a los derechos humanos tenían armas. Meiszner explicó a Página/12 que “la resolución 197 del 2006 modificó los requisitos para habilitar la tenencia de armas de fuego y dispuso que la autorización cae ante la sustanciación de cualquier proceso judicial”. Por un antecedente penal se inhabilita preventivamente. El procedimiento supone la notificación para que entreguen las armas en un lapso de diez días, las cuales quedan en custodia del organismo hasta que se termina el sumario y luego se destruyen. Si el titular o un delegado no se presentan, se le da curso a la Unidad Fiscal del Renar para secuestrar el arma.

En el ’93, durante el gobierno de Carlos Menem, el Renar pasó a depender de la cartera de Defensa, el año pasado se dispuso que pasara a la órbita del Ministerio del Interior. El caso de Martín Ríos, el francotirador de Belgrano que había obtenido la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) de un médico traumatólogo, provocó el cambio de reglas y jurisdicción. La inexistencia de antecedentes penales y el apto en exámenes físicos y psicológicos pasaron a ser excluyentes.

Los represores que engruesan la lista de “inhabilitados” a partir de la notificación del Renar a Defensa, fechada el lunes pasado, no cumplieron con el trámite de reempadronamiento. Muchos ya estaban detenidos el año pasado, el requisito de ausencia de manchas penales quizás los disuadió. Quedará en la duda saber cuál hubiese sido el resultado de las pericias psiquiátricas.

Alais encabeza la nómina por esas cosas de la arbitrariedad del alfabeto, pero su caso es particular. Fue procesado, en el 2004 por orden del ex juez Jorge Urso, acusado de ser partícipe en distintos operativos del Plan Cóndor. Durante el gobierno de Alfonsín, la ley de Punto Final lo había salvado del procesamiento por su actuación durante la represión en Tucumán. En el ’87, estaba al mando del II Cuerpo de Ejército y fue quien recibió la orden de terminar con el levantamiento de Semana Santa. Alais nunca llegó a reprimir a sus camaradas de los años de plomo. Como retirado siguió despuntando su pasión y se convirtió en presidente de la Federación Argentina de Tiro General. Su colección de armas terminará ahora fundida por Techint, la empresa encargada de la destrucción una vez que el Renar lo dispone.

El pedido de Defensa obligó a mirar los registros y comprobar que la gran mayoría de los represores ni siquiera se había reempadronado en el ’93 y seguían con los permisos de las policías provinciales. Si bien en esos años, la vigencia de las leyes de impunidad y los indultos los dejaba fuera del alcance de la Justicia, los militares optaban por mantenerse alejados del registro oficial de armas.

Alfredo Astiz, el Angel Rubio, de la Armada convertido en prototipo de la infamia del terrorismo de Estado, ocupa uno de los renglones de la lista junto a los ex presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. El ministro del Interior de Videla Albano Harguindeguy, que supo zafar de la prisión hasta que Urso ordenó su detención en el marco del Plan Cóndor también aparece. El macizo general solía aparecer en las notas sociales de la dictadura “disfrutando” también de la caza de animales.

Alberto Pedro Durán Sáenz, jefe del centro clandestino “El Vesubio”, denunciado además como violador de las prisioneras, es otro de los inhabilitados a manejar armas junto a Pascual Guerrieri, agente de Inteligencia del Batallón 601 que el año pasado perdió la prisión domiciliaria. A los 70 años, Guerrieri se mostró menos sagaz cuando se presentó en el Regimiento de Patricios pidiendo auxilio porque periodistas de CQC estaban esperándolo en la puerta de su casa. Guerrieri había violado la prisión domiciliaria y temía ser descubierto. El juez Ariel Lijo le revocó el confort de la cárcel hogareña y lo mandó a la prisión en Marcos Paz.

Antonio Pernías, Jorge Radice, Jorge Acosta son algunos de los integrantes de la patota de la ESMA que tendrán que entregar sus armas.

El año pasado, el ex comisario Miguel Etchecolatz perdió la prisión domiciliaria cuando se comprobó que conservaba en su casa un revólver. Condenado a prisión perpetua y recluido en Marcos Paz ya no necesitará el arma.

Los represores quedarán ahora legalmente desarmados.