El peronismo disidente, como se denominó al encuentro que se realizó en Potrero de los Funes, San Luis, y que lleva como candidato presidencial a Alberto Rodríguez Saá, reclamó a la Justicia Electoral la prórroga de las elecciones a presidente programadas para el 28 de octubre. Respaldados por el fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró nula la sentencia de María Romilda Servini de Cubría que desconocía el cónclave del sector, los apoderados de Rodríguez Saá solicitaron tiempo para imprimir en sus boletas el escudo y el nombre de Partido Justicialista. También reclamaron que Cristina Fernández de Kirchner no utilice el sello del PJ en las suyas. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel no dudó en afirmar que con ese reclamo “Rodríguez Saá pretende romper la institucionalidad del país”.

Acompañados por Carlos Menem y Ramón Puerta, los Rodríguez Saá habían presentado el encuentro de Potrero de Los Funes como una autoconvocatoria del Partido Justicialista. Incluso habían fijado la nueva sede partidaria en San Luis para quitarle la competencia a Servini de Cubría. Apoyándose en los informes del interventor partidario, Ramón Ruiz, la magistrada desconoció ese encuentro. Concretamente sostuvo que no existió.

“La jueza Servini de Cubría no sólo preopinó en su fallo sino que además resolvió sobre la cuestión de fondo”, confía a este diario Héctor Maya, candidato a vicepresidente de Alberto Rodríguez Saá. “Como nadie impugnó la autoconvocatoria de Potrero de Los Funes, al anularse el fallo de la jueza, el congreso está vigente”, señala para fundamentar el reclamo del sector.

Para Maya, el oficialismo pecó de soberbia y por ese motivo no intervino en el expediente judicial. Por ello afirma que el apoderado del PJ, Jorge Landau, tiene vencidos todos los plazos para realizar ningún tipo de presentación. “En el actual momento del trámite judicial la única que podría apelar es Servini de Cubría”, es la chicana que Maya ensaya en diálogo con Página/12. Luego de que la Cámara separara a Servini de Cubría, el caso quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

El ex senador por Entre Ríos y candidato a vicepresidente del Frejuli afirma que “los comicios carecen de seguridad”. Maya da por hecho que el nombre del PJ le pertenece a su sector. Por eso se pregunta en voz alta: “¿Qué hará ahora Cristina Kirchner con todas sus boletas?”. A la pregunta le sigue otra afirmación: “Nosotros tenemos que hacer boletas nuevas. Esto sumado al hecho de que en muchos distritos, por ejemplo en Neuquén, algunos compañeros que estaban al frente de la estructura del PJ y no comulgan con el kirchnerismo finalmente presentaron fórmula”.

Kunkel, un diputado que en más de una ocasión hizo las veces de virtual vocero del pensamiento del kirchnerismo, no dudó en afirmar que el reclamo del denominado peronismo disidente “es una actitud payasesca de quien carece de representatividad política fuera de su provincia y pretende alterar el normal proceso institucional de la Argentina”, sostuvo. El legislador subrayó que el planteo de Rodríguez Saá “es una actitud muy grave”. Kunkel fue más allá y defendió la legalidad del armado oficialista. “La alianza del PJ nacional con el Frente para la Victoria es absolutamente legal porque adhirieron todos los PJ provinciales, con la única excepción del de San Luis”.