El ex presidente Fernando de la Rúa visitó nuevamente los tribunales federales de Comodoro Py. Esta vez fue citado por el juez Claudio Bonadío para ampliar su declaración indagatoria en la causa por la represión del 20 de diciembre de 2001. “Me remití a declaraciones anteriores”, resumió De la Rúa al salir del despacho del magistrado. En otras oportunidades había explicado su teoría del complot, en la que el “estado de sitio” había sido pedido por gobernadores como Carlos Ruckauf, “desbordado por los hechos desatados por el mismo” en la provincia de Buenos Aires.

Hace dos semanas, la Cámara Federal le ordenó a Bonadío resolver si sobresee o eleva a juicio oral la causa contra el ex jefe policial Rubén Santos, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y los entonces comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, procesados por los mismos hechos de violencia. “Hace siete meses que la causa está en condiciones de ser resuelta”, aseguró a Página/12 el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Rodrigo Borda, representante de algunas de las víctimas. “No tiene margen para hacer otra cosa, el tiene margen para seguir investigando la responsabilidad de los demás imputados pero respecto a Santos, Mathov, Gaudiero y Andreozzi tiene que elevar a juicio o sobreseer”, completó.

El abogado Rodolfo Yanzón, que representa a una veintena de querellantes, aseguró que el ex jefe de Estado debe ser procesado porque “tiene reponsabilidad” en las muertes y lesiones a manifestantes. Jorge Kirszenbaum, uno de los abogados defensores que asistió a De la Rúa durante la ampliación de la indagatoria, opinó que “no hay nuevos hechos incriminatorios, por lo que la falta de mérito debería transformarse en un sobreseimiento”. Pese a la advertencia de la Cámara, Bonadío continúa sin sobreseer ni elevar a juicio la causa hasta no resolver la situación procesal de todos los involucrados.

Aun cuando la etapa de instrucción está cerrada, el juez proveyó de pruebas a la defensa de Santos, que pidió la nulidad de lo actuado por parte de María Servini de Cubría. La jueza se había excusado del caso tras haber llevado adelante la etapa de instrucción, que derivó en manos de Bonadío. El abogado Pablo Jacoby, defensor de Santos, argumentó que Servini de Cubría actuó con “ausencia de imparcialidad” en la investigación de los crímenes porque “fue parte en los hechos” registrados a metros de la Casa Rosada en diciembre de 2001.