La semana terminó sin que alumbraran las resoluciones que Edesur y Edelap esperan para gozar del mismo beneficio que Edenor: una especie de subsidio provisorio para compensar los mayores costos operativos que las distribuidoras enfrentaron desde mayo pasado. Lejos de ser infructuosa, descuentan que esta espera terminará en los próximos días. Pero el trío eléctrico tendrá que esperar un poco más para que se concrete la promesa esbozada por los funcionarios actuales y que estará en pie en caso de una eventual continuidad Kirchner-Kirchner. A principios del año próximo se recompondrá todo el cuadro tarifario, esta vez, con costo sobre el bolsillo de todos los usuarios, sin discriminación.

El camino para recomponer los ingresos de las distribuidoras parece lento pero muy seguro y de a poco va desnudando los verdaderos criterios oficiales en esta materia. En febrero del 2007, cinco años después de declarada la Emergencia Económica, y a casi dos años de haberlo suscripto, se puso en marcha un acuerdo provisorio que permitió ajustar un 15 por ciento los consumos no residenciales y previó un cambio sustancial en el cálculo del precio, al admitir ajustes tarifarios por mayores costos. Si éstos aumentan por encima del 5 por ciento, las distribuidoras deben solicitar permiso al ente regulador para esa suba; si los gastos de operación trepan un 10 por ciento o más, ese traslado es automático.

Sobre esa base, Edenor argumentó que desde mayo del 2006 sus costos subieron un 9,6 por ciento, cerca del nivel de automaticidad. El permiso para la compensación llegó hace unos días, pero no como ajuste tarifario sino a través de la singular autorización de tomar “en préstamo” el dinero del Puree (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), que penaliza con un cargo a todos los usuarios que consumen por encima del 2005 y aventaja con un descuento a los que demandan menos. Mensualmente, las distribuidoras depositan en un fondo fiduciario estatal alrededor de 6 millones de pesos como saldo de ese sistema, ya que siempre son mayores los castigos que los premios. Eso es lo que la firma conducida por Alejandro Mc Farlane puede tomar como paliativo por mayores costos desde julio pasado, aunque, según descarta la empresa, con el compromiso de “restituirlo” en el futuro, en condiciones a precisar.

Edesur y Edelap formularon planteos similares y esperan para los próximos días idéntica resolución, conjeturando que ese auxilio estatal terminará integrándose a la tarifa definitiva aumentada, que surja de la revisión tarifaria integral (RTI) aún pendiente. En el caso de Edenor la compensación en juego equivaldría a un aumento de alrededor del 3 por ciento en el precio de todo el universo de usuario.

El acuerdo provisorio hoy vigente, también contempla que la RTI entraría en vigencia en febrero del 2008. Aunque mucho después de lo que se previó originalmente, se trata de una fecha muy próxima si se considera que el gobierno recién está licitando la contratación de consultoras para que lo auxilien en el análisis que la Unidad de Renegociación ya viene haciendo desde hace un lustro.

Pero hay algo que lleva paz al corazón de estas privatizadas: la gestión de Néstor Kirchner les hizo saber que se respetará aquel plazo límite. Tal vez el ajuste se disponga un poco después, pero retroactivo a febrero. Y, si el trabajo analítico no se termina rápidamente, se apelaría a un aumento “a cuenta”, del definitivo. Oficiosamente se sugirió que este ajuste podría promediar el 15 por ciento, sobre la base de segmentar a los usuarios domésticos según el nivel de consumo. Así se alivianaría la carga sobre los que menos demandan y, se supone, tienen menos capacidad económica.

La promesa oficial será honrada sin dudas en caso de un eventual triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, pero difícilmente podría ser desoída por cualquier otro triunfador. Parte porque hay un acuerdo escrito que prevé aquel horizonte temporal para recomponer precios definitivamente. Pero también porque los postulantes favoritos según las encuestas no tienen criterios contrarios a estos ajustes. Como ministro de Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna fue quien propició un aumento por decreto, finalmente bloqueado por la Justicia. Y Alfonso Prat Gay, el referente económico de Elisa Carrió, está lo suficientemente preocupado por la necesidad de un superávit fiscal para los próximos años, que difícilmente querría engrosar el paquete de subvenciones estatales que se otorgaron al sector energético en su conjunto, en este caso, para tener congelados los precios de los domicilios. Finalmente, éstos representan sólo alrededor de un tercio de los ingresos totales de las distribuidoras.

La política instrumentada hasta ahora tiene algunos ejes claros que seguramente sobrevivirán en una eventual gestión Kirchner II. El primero es que las tarifas del servicio tengan relación con los costos sin importar la historia de éstas privatizadas (que en rigor es bastante menos próspera que la de otros rubros). La otra es ir castigando a los mayores consumos para instrumentar una especie de sistema de subsidios cruzados, que desaliente la demanda de un insumo crítico y escaso para la producción.