“Una impecable fuente de la marina chilena nos informó que el vicecomodoro argentino Roberto Echequien (?) está siendo retenido por terroristas argentinos como rehén por Edgardo Enríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Chileno (MIR). Sólo hay un problema: Enríquez está muerto”. Son seis líneas escritas en letras mayúsculas. Es uno de los 4677 documentos desclasificados el martes pasado por el departamento de Estado de los Estados Unidos. Se trata de un cable escueto, pero contundente. Confirma el destino final de un desaparecido y su probable traslado de Argentina a Chile como parte del operativo Cóndor. El caso de Enríquez fue el primero que reseñó el juez español Baltasar Garzón en el auto de procesamiento del dictador Augusto Pinochet.
Edgardo Enríquez Espinoza, tercer hombre en importancia del MIR, fue secuestrado el 10 de abril de 1976 cuando salía de una reunión en Buenos Aires. El informe Rettig –de la comisión que investigó las desapariciones en Chile— señaló que fue detenido por miembros de la Policía Federal argentina en colaboración directa con agentes del Departamento Exterior de la DINA, la policía secreta pinochetista. Las autoridades chilenas negaron terminantemente el arresto ilegal de Enríquez, pero la Comisión llegó a la conclusión de que el hombre, que contaba con la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fue trasladado desde Buenos Aires a Villa Grimaldi, en Santiago de Chile. El cable que confirma la muerte de Enríquez partió, el siete de mayo de 1976, de la embajada norteamericana en Santiago.
Los documentos secretos que Estados Unidos entregó al gobierno argentino y a los organismos de derechos humanos el martes son, en parte, una confesión de los militares —ante los funcionarios estadounidenses— de sus crímenes. Pero un primer análisis indicaría que pocos permiten obtener o confirmar datos sobre el destino de personas desaparecidas. El papel referido a la disappearance of top leader of Chilean MIR es uno de ellos. Será tenido en cuenta en las causas judiciales que se llevan a cabo en Argentina, Chile, España e Italia. Sin embargo, en documentos posteriores al que establece con seguridad inobjetable la muerte de Enríquez (que en Argentina supuestamente el ERP pensaba ¿canjear? por el vicecomodoro Roberto Echegoyen) los funcionarios norteamericanos continuaron reportando que el gobierno chileno argumentaba que era “totalmente falso” que Enríquez estuviera en Chile.
“Sabemos que hay una ligazón entre las fuerzas de seguridad argentinas y chilenas y cooperación para tratar de controlar la guerrilla y el terrorismo que operan a través de la frontera. Sospechamos que en algunos casos, el gobierno argentino puede secretamente entregar un importante terrorista chileno cautivo a pedido de las autoridades chilenas y probablemente viceversa”, asegura el documento del 19 de mayo de 1976 un mes después del secuestro de Enríquez.
Cuatro meses después, el Plan Cóndor estallaría en pleno Washington con el asesinato del canciller chileno Orlando Letelier, en el que participaron el ex agente de la CIA Michael Townley, la DINA de Pinochet y grupos cubanos anticastristas. En esos días, el agente especial del FBI Robert Scherrer envió desde Argentina a sus jefes un cable ya conocido en que define la Operación Cóndor como “el nombre en código para la recolección, intercambio y almacenamiento de información de inteligencia sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas que se estableció hace poco entre los servicios de inteligencia en América del Sur”. “Además –agrega– propicia operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembro para llevar a cabo represalias que llegan al asesinato contra supuestos terroristas o sus apoyos y soportes o a perseguirlos en las naciones miembros de la Operación Cóndor.” Los papeles desclasificados esta semana comprueban que antes de esa fecha los norteamericanos tenían reportes sobre el plan conjunto de los gobiernos del Cono Sur y lo que eso significaba. Un documento de agosto de 1976, firmado por el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger y dirigido a las embajadas de Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Brasilia y Asunción, señala: “La Coordinación de seguridad e inteligencia es probablemente entendible. Sin embargo, los asesinatos planeados y dirigidos por el gobierno dentro y fuera del territorio de los miembros del Cóndor tienen implicancias más serias que debemos afrontar firme y rápidamente”.
Un documento revela además que en 1977 los Estados Unidos analizaban si la existencia de un bloque del Cono Sur podría ser un problema, es decir si podría volverse anti-EE.UU. “Para fines de 1976 todos los planes de asesinatos, según se informa, entraron en declive y Cóndor fue relegado a un ejercicio de proceso de información”, dice un largo documento de la Oficina de Investigación e Inteligencia del departamento de Estado fechado el seis de octubre de 1977. (...). El punto clave a resolver es si las fuerzas unificadas del Cono Sur son suficientemente fuertes para sobreponerse a las fuerzas divisorias y rivales que han prevalecidos en la región durante largo tiempo”.