Ayer afloraron las primeras consecuencias de la decisión de Interpol de darle prioridad a la captura de cinco iraníes y un libanés requeridos por la Justicia argentina como sospechosos del atentado a la AMIA.

El gobierno de Irán reaccionó calificando la resolución de “infundada” y “totalmente inaceptable”. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, a través de su portavoz Mohammad Ali Hosseini, se aseguró que “el régimen sionista” tiene incidencia en el gobierno de Néstor Kirchner y la Justicia argentina y añadió que hay un “traslado de estas presiones a instituciones profesionales como Interpol”.

Por su parte, el presidente de la AMIA, Luis Grynwald, saludó la medida y sostuvo que Irán “tiene dos posibilidades: colaborar con la Justicia argentina o proteger a esta gente y pasar a ser cómplices, encubridores y apañadores de supuestos terroristas”.

La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, en cambio, relacionó la resolución con “las políticas de terror de Bush y Olmert”. Y agregó: “La única opción conducente es la apertura inmediata de los archivos secretos y su entrega a una Comisión Investigadora Independiente del Estado para lograr el juicio y castigo para todos los culpables”. El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, recibió a los representantes del Comité Judío Americano. Su presidente, David Harris, destacó la importancia de la decisión y manifestó su agradecimiento al Gobierno.