La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles manifestaron su “preocupación” por el decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera por considerar que “deja abierta la puerta a posibles injerencias” del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado. La preocupación radica en que allana el camino para que la Sindicatura General de la Nación pueda controlar las cuentas del Legislativo, la Justicia y el Ministerio Público. “El sistema de frenos y contrapesos que otorga potestades de control de algunos poderes sobre otros se encuentra limitado a las enunciaciones explícitas que efectúa la propia Constitución nacional. Estas, por ejemplo, otorgan al Congreso potestades de control externo sobre el Poder Ejecutivo a través de la Auditoría General de la Nación, pero no así a la Sigen para que controle al Poder Legislativo”, señalaron las tres entidades. También manifestó inquietud en ese sentido la organización no gubernamental Fores.