El juez iraní Yadollah Alizadeh ordenó la búsqueda y captura del ex juez Juan José Galeano, el ex ministro del Interior Carlos Corach, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y de quienes fueran fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen y José Barbaccia. Es un gesto de contraataque a raíz de que Interpol convalidó a principios de mes los pedidos de captura contra cinco iraníes a quienes la Justicia argentina involucra en el atentado contra la AMIA. El juez Alizadeh acusa ahora a los cinco argentinos de atentar contra la seguridad exterior de Irán, incriminar infundadamente a iraníes, tomar falso testimonio, sobornar a opositores a la República Islámica de Irán y lanzar una campaña mediática internacional contra ese país. La medida no tendrá ningún efecto concreto porque el estatuto de Interpol prevé, por ejemplo, que la Argentina puede rechazar esas órdenes de captura por tratarse de una movida política. Además, existe otro elemento básico en el panorama. Los cinco buscados –cuatro de ellos procesados– están siendo juzgados en la Argentina por las irregularidades de la investigación del atentado.

Lo que Irán concretó ayer es una vieja amenaza. Desde los inicios del expediente en la Argentina, Teherán viene amagando con que pediría la captura de Galeano y los fiscales Mullen y Barbaccia porque en Irán existe un delito “muy grave” –así lo calificaban–, que consiste en provocar el desprestigio de la república islámica. Como los iraníes consideran que Corach, Galeano, Mullen, Barbaccia y Beraja armaron pistas falsas en su contra, ahora terminaron concretando los pedidos de búsqueda y detención, esencialmente para responder a las órdenes de captura, con alerta roja incluida, contra cinco ex funcionarios iraníes de primer nivel.

El gobierno de Teherán llevó al juez Alizadeh a las dos últimas reuniones de Interpol. La del Comité Ejecutivo, que se hizo en Lyon, Francia, y la de la Asamblea General, que sesionó en Marrakesh, Marruecos, a principios de este mes. Eso de por sí ya demuestra una escasa independencia del magistrado. En Marrakesh, la delegación argentina, que en este punto estuvo encabezada por el fiscal Alberto Nisman, tuvo que argumentar ante los delegados de todos los países que las capturas contra los cinco iraníes no eran políticas, sino fundadas en un expediente judicial. Justamente Teherán argumentó que la causa en la Argentina es política e inspirada en presiones o sugerencias de la CIA norteamericana y el Mossad israelí.

El mismo proceso se abre ahora con las órdenes de captura emitidas en Teherán, pero las posibilidades de que prosperen son casi nulas. No sólo Argentina alegará que se trata de una jugada claramente política, sino que un punto fundamental en cualquier extradición es que se esté hablando de hechos que son delitos en los dos países involucrados. En la Argentina se está investigando a Corach, Galeano, Beraja, Mullen y Barbaccia por pagarle a un imputado, Carlos Telleldín, para desviar la investigación. Son hechos que ocurrieron en la Argentina, rige el principio de territorialidad y están procesados todos menos Corach. Por lo tanto delitos como el de soborno o el de tomar falsos testimonios ya están siendo juzgados aquí. La otra imputación, la de lanzar una campaña mediática o desprestigiar a Irán, no es considerada delito en sí misma en la Argentina.

Ayer Galeano sostuvo que las órdenes de captura no le sorprenden. “Son viejas amenazas. Se debe recordar que fui yo el que acusó a casi todos los iraníes a quienes se les volvió ahora a pedir la orden de captura”, alegó el ex magistrado. Galeano dijo que no sabe qué consecuencias puede tener el pedido de Irán, pero no se mostró preocupado.

En cualquier caso, las noticias que llegaron ayer desde Teherán muestran que no parece haber puntos de acercamiento para encontrar alguna fórmula que permita avanzar en el caso AMIA. El fiscal Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral acusan a Irán por el ataque contra la mutual judía, mientras que desde Teherán dicen que todo es una gran mentira al servicio de Washington y Jerusalén. Lo concreto es que no hay avances en la investigación y menos todavía en la llamada conexión local. Hasta el momento no se sabe quién preparó la camioneta bomba, en qué lugar se armó y guardó el vehículo con los explosivos, de dónde salieron esos explosivos, quién fue el suicida, cómo y cuándo entró al país, quiénes integraban los dos o tres grupos que le sirvieron de respaldo. En la prioridad, que debería ser la conexión local, el atentado está lejos de cualquier esclarecimiento.