Según los planes de la presidenta electa, el anunciado pacto social no consistirá en una única mesa con representantes de las grandes entidades patronales y de trabajadores, sino en un número hasta ahora no definido de consejos sectoriales de producción, en los que el Estado se reunirá con las distintas partes involucradas. Es decir que el proyecto no contempla una representación de la CGT, la CTA o la UIA, al estilo de las que integran el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Si bien aún no hay una decisión tomada sobre la cantidad de consejos que funcionarán, por vía de ejemplo en el futuro gobierno se mencionan los siguientes:

- industria automotriz, que incluirá a las autopartes;

- agroindustria y alimentos;

- energía.

Los aportes estatales deberán tener contraprestación por parte del sector privado, en el incremento de la producción, las exportaciones y los salarios, en procura de una distribución más equitativa del ingreso.

Cada consejo deberá identificar las actividades más rentables y competitivas, a las que convenga canalizar la inversión para incrementar las exportaciones. También se espera que determinen qué falta en cada caso para optimizar los resultados, si son necesarios subsidios y orientados de qué manera. CFK responde a quienes le piden mayor precisión, que a ella le gustaría vivir en un país en el que la industria subsidiara al agro, como ocurre en Estados Unidos o en Europa. Pero, añade, “la historia no la inventé yo”.

Círculo virtuoso

Es significativo que esta explicación, que vaticina la continuidad de las retenciones agropecuarias, coincidiera con el programa de acción dado a conocer por la Coalición Cívica Libertadora, de apoyo a las entidades rurales. Luego de las elecciones, el gobierno incrementó las alícuotas que se retienen tanto a las exportaciones agropecuarias como a las de hidrocarburos, ya sean en crudo o refinados, perfeccionando el círculo virtuoso que ha permitido el ciclo más prolongado de crecimiento, y el más alto, de la economía argentina. Así disminuye la regresividad del esquema impositivo, aunque no debería dilatar por más tiempo una reforma integral permanente.

La CCL se refiere a las cámaras patronales agropecuarias con el vocablo con que ellas se autodesignan, “el campo”, y pide que el gobierno las deje en paz. Según los firmantes, el gobierno ha extraído una enorme cantidad de recursos del bolsillo de “los productores del interior” (¿alguien vio alguno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?). El poder central los utilizaría para financiar el “rojo de las cuentas públicas”, que atribuye a “los excesos y compra de voluntades de la campaña presidencial”, insistiendo en la idea ya expresada de un voto cautivo del clientelismo y la ignorancia. (El documento no explica a qué cuentas públicas en supuesto déficit se refiere, ya que las reales han sido superavitarias del primer al último día del gobierno de Kirchner. CFK durante la campaña y el designado ministro de Economía Martín Lousteau ahora, anunciaron que procurarán elevarlo hasta el 4 por ciento anual, más de lo que reclamaba el FMI cuando aún era escuchado en el país.) Ese rojo sólo aparece en la visión daltónica de la Coalición Cívica Libertadora.

La paz de los mercados

El texto que difundió es ambiguo respecto de quienes integran ese Grupo de Acción Política, presidido por Elisa Carrió, que al mejor estilo de las organizaciones militantes del siglo pasado va sumando sellos de goma en torno de su persona. Sostiene que lo forman dirigentes políticos, empresarios, productores agropecuarios, profesionales y técnicos, pero las firmas difundidas sólo incluyen políticos de su proximidad. El encono con que ataca una de las medidas impositivas más avanzadas del actual gobierno, como las retenciones a las ventas externas con el propósito de capturar parte de la renta generada por las condiciones excepcionales del mercado mundial, hace presumir una mano empresarial. Llamativamente, no firman ni Adolfo de Prat Gay ni Santiago del Sel, el dirigente de la asociación católica de empresarios que el cardenal Jorge Bergoglio acercó a Carrió. Para la CCL, esas retenciones son “confiscatorias” y promete una rebaja sustancial, aun para las de soja. Según el grupo, el gobierno ataca “al campo”, no lo entiende y sólo lo usa como “caja política”. El documento llega a negar que exista “la supuesta oligarquía agropecuaria”, que sería sólo “un mito, una mentira propagandística”. Sostiene que por culpa del gobierno nacional se está desaprovechando la mejor oportunidad histórica de los últimos cien años para el país. Sin embargo, en las zonas perjudicadas por lo que Carrió llama “desastrosas” y “funestas” medidas del gobierno, “groseros” errores, “miope y cortoplacista” modelo, CFK se impuso por márgenes superiores al nacional. Dejar en paz al campo significa “no entrometerse en los mercados”, concreta.

La pugna distributiva

Con mesa única o Consejos, la pugna distributiva acompañará el mandato que se inicia dentro de tres semanas. El atento diario La Nación, que saludó la asunción de Kirchner con un editorial en tapa anunciando que no duraría más de un año, sostiene ahora que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada fue confirmado con la misión de contener los reclamos salariales. “El sindicalismo es uno de los desafíos más serios del próximo gobierno para controlar la inflación”, sostiene el órgano vocero de los sectores del capital más concentrado. La disminución notable del desempleo determina que cualquier mejora en el ingreso asalariado deberá provenir de ahora en más de un incremento del salario real por encima de la productividad del trabajo. La brecha entre productividad y salario sigue siendo enorme, en contra de los trabajadores, pero desde 2003 ha habido una recuperación a la que las empresas quieren ponerle límite. El instrumento para ello es la inflación. Pueden usarlo por la estructura oligopólica de la economía. Entre una y cuatro empresas controlan del 60 al 100 por ciento de la producción, distribución y/o comercialización de los productos básicos, ya sea para el consumo final, como pan y lácteos, o como insumos decisivos para otros productos, como aluminio, hierro, chapas y laminados de acero, plásticos, vidrio, cartones, cemento, fertilizantes. Casi todos ellos construyeron sus plantas sin inversión propia y sólo con subsidios estatales. La asimetría de poder entre estos grupos económicos concentrados y los trabajadores y sus organizaciones es enorme. Como resultado de la derrota histórica sufrida por el movimiento obrero en 1955, profundizada en 1959, 1966, 1976, 1982 y 1989, sólo uno de cada cinco trabajadores está sindicalizado, contra uno de cada dos en 1954, lo cual refleja la debilidad estructural en la negociación de salarios. Además, la sindicalización se concentra en las mayores empresas, aquellas con más de 200 personas empleadas: más de la mitad de ellas tiene por lo menos un delegado y por eso han conseguido mejoras salariales e incluso una disminución en la carga impositiva sobre sus ingresos. Pero en el resto sólo el 12,4 por ciento de las empresas tiene al menos un delegado.

Los Hugos

Una vez conocido el posicionamiento de los patrones frente al anuncio del pacto social, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, hizo saber que defendería el valor de los salarios. Estas condiciones estructurales de la representación laboral indican en qué débiles condiciones se encuentra para ello. Por su parte, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, sigue reclamando el otorgamiento de la personería gremial, que Kirchner prometió conceder antes de que concluyera su mandato. Dentro de unos días la CTA anunciará la convocatoria a lo que denomina “una paritaria social por una equitativa distribución de la riqueza”. El borrador de documento que ha hecho circular entre organizaciones aliadas, como la Federación Agraria, la Asamblea de PYMES y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, plantea avanzar hacia “un nuevo modelo productivo y distributivo”. Para ello reclama, entre otras cosas, una política de recuperación progresiva de los salarios reales, junto con el aumento en la cantidad y calidad del empleo; la fijación por el Estado de niveles razonables de ganancia “de las grandes empresas” y la captación impositiva de las rentas excepcionales que pudieran obtener; y el fomento de las herramientas de democracia participativa y consulta popular. Con independencia de cómo resuelva el gobierno la cuestión de la personería de la CTA, a la que se oponen tanto las cámaras patronales como la CGT, en la situación estructural de los trabajadores que explica su retroceso en la pugna distributiva, hay un punto de encuentro objetivo entre el Hugo Negro y el Hugo Blanco. La emergencia sindical es un dato objetivo, frente al cual el crecimiento de los últimos años y la disminución del desempleo abren condiciones para una campaña conjunta de afiliaciones.

Un ministro sin lobby

Igual que en 2005, el gobierno usa el resultado electoral como una plataforma a partir de la cual buscar mayores niveles de homogeneidad y coherencia. Lo hace en forma gradual pero inequívoca. Luego de la batalla ganada sobre el aparato duhaldista bonaerense, Néstor Kirchner incorporó al gabinete a Jorge Taiana, Nilda Garré y Felisa Miceli, cuya afinidad y sintonía con el presidente eran muy superiores a los de quienes los precedieron. En cambio, cuando la ministra de Economía tropezó en el baño, el apurado reemplazo fue en detrimento de esa coherencia. Kirchner tenía una buena relación con Miguel Peirano, pero siempre estuvo claro para todos que se trataba de un operador de la Unión Industrial, de la que provino y a la que volverá, y de los grandes grupos económicos que la controlan. Las razones personales para el alejamiento de Peirano, que el gobierno ha destacado en diversas comunicaciones no carecen de entidad: se ha mudado a casa de su madre enferma, esto ha complicado su vida conyugal y le ha producido una úlcera sangrante. Pero sería erróneo minimizar el fastidio gubernativo por el ostensible cordón umbilical de Peirano con el lobby de los grandes grupos económicos, al estilo de lo que ocurría con Roberto Lavagna. Una cosa es el proyecto industrialista e incluso la sobrevaloración de una presunta burguesía nacional, y otra tener en las propias filas un troyano de esos intereses. Sin llegar a los extremos grotescos del padre de la devaluación, José Ignacio Mendiguren, Peirano fue antes un hombre del lobby empresarial que del gobierno. Siempre sensible a los humores oficiales, el patronato acordó con el propio Peirano los términos de su renuncia y los discursos que se pronunciarían en su último encuentro público con la entidad sectorial, de modo de no irritar a CFK y mantener al ministro saliente como una cabeza de puente sobre su gobierno. Más allá de sus méritos profesionales, Lousteau será un ministro que responda sólo a la presidenta y cuyas acciones no requieran de un receloso monitoreo. Esto también explica la continuidad de Julio De Vido. Es posible discutir su grado de eficiencia en el manejo de los difíciles temas que le competen, como la energía o el transporte, pero no hay dudas acerca de sus lealtades. Cuando Kirchner complete su mandato, se celebrarán sesenta meses de crecimiento ininterrumpido, en los que reapareció la planificación tan denostada en el período anterior. Ese es, no por azar, el nombre del ministerio que seguirá ocupando De Vido. Lousteau fue impulsado por Alberto Fernández, igual que Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, pero es previsible que no colisione como sus antecesores con el vecino de arriba.

Vuelo rasante

La discusión acerca de la continuidad y el cambio ha volado casi tan bajo como el River Plate de Daniel Passarella y las principales figuras de la oposición se declaran defraudadas por el elenco que acompañará durante cuatro años a CFK. Quien lea sus observaciones puede creer que no miró bien los diarios del lunes 29 de octubre o que su capacidad de comprensión aritmética se está resintiendo. Habría que preguntarle a Paenza si 23 es la mitad de 45 o el doble, si 16 es la tercera parte o el triple. Relajado luego de la agotadora campaña proselitista, Néstor Kirchner sólo responde con una sonrisa: “No se podrán quejar. Esta es la transición más ordenada de la historia argentina”.

Hay algunos extremos llamativos. Convencida de que ningún éxito se compara con el suyo, la Reina de Corazones decretó que CFK había confirmado a los ministros más corruptos del gabinete, lo cual constituía “la continuidad de lo peor”. Si a esto se suma su primer desdén, sobre la “legitimidad segmentada” de la futura presidenta, el país asistiría a un escenario de catástrofe. Pero incluso alguien más al mando de su propia personalidad, como el ex jefe de gabinete Rodolfo Terragno, cuestionó la aptitud del electorado. Lo hizo con sutileza y bajo la apariencia de una crítica a un programa de televisión. Pero su artículo se tituló “La levedad del voto” y sostuvo que la mayoría y la excelencia pueden discrepar. Sólo le falló el ejemplo argentino, ya que los votantes de ese concurso eligieron como el más grande argentino a José de San Martín. Su reacción es comprensible, dado que fue vencido por Ricardo Gil Lavedra en la única elección interna partidaria para elegir a un candidato. También se ve que ese proceso interno transparente y competitivo es una parte pero no el todo, ya que el así seleccionado apenas atrajo en la general al 6,6 por ciento de los electores, cuyas preocupaciones y/o intereses fueron mejor representados por otros postulantes, elegidos por el dedo real, como María Eugenia Estenssoro.

Una constatación elemental es que la presidenta se reserva la novedad y la sorpresa para otro momento, si es que llegara a necesitarlo. Ahora la contundencia del resultado lo torna superfluo. No sólo venció con el porcentaje constitucional necesario para impedir el ballottage, sino que obtuvo la mayor diferencia sobre la segunda candidatura en la historia postdictatorial. Once puntos le sacó Raúl Alfonsín a Italo Luder en 1983; poco más de diez Carlos Menem a Eduardo Angeloz en 1989 y veinte a José Bordón en 1995; por diez venció Fernando de la Rúa a Eduardo Duhalde en 1999 y por tres Menem a Kirchner en la primera vuelta de 2003 antes de desertar de la ronda final. Sólo en la segunda vuelta de las elecciones de este año para jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la diferencia fue tan grande como ahora en la elección nacional: Maurizio Macri superó a Daniel Filmus por los mismos 22 puntos que CFK le sacó a la Reina de Corazones. Pero en aquel caso se presentó como una victoria aplastante.

Mujeres

Graciela Ocaña será la tercera mujer en el gabinete, además de Garré y de Alicia Kirchner, cuyas gestiones han sido satisfactorias. La capacidad de autosugestión hizo que algunos jefes de las Fuerzas Armadas imaginaran el relevo de la ministra que reglamentó la ley de defensa y jerarquizó el Estado Mayor Conjunto. Pero eso sólo demuestra que aparte de la prohibición legal, tampoco les conviene hacer inteligencia interior porque les sale mal.

Ocaña, cuya designación en el ministerio de Salud fue anticipada en esta página el 29 de julio, protagonizó uno de los principales logros de gestión en estos años. La mejora de las prestaciones del PAMI fue simultánea con la reducción de sus costos, al eliminar redes de corrupción de varias décadas de antigüedad. Incluso llevó ante la Justicia a funcionarios de la actual administración, sin alharaca pero con tan inconmovible consistencia probatoria que nadie protestó. Durante la campaña electoral el ministerio embistió contra la red de laboratorios públicos, constituida a impulsos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el INTI y la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. Abarca desde universidades, provincias y municipios hasta Fuerzas Armadas, para la producción de medicamentos y vacunas de alta calidad y a bajos costos y el estímulo a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, formulaciones, aplicaciones y métodos. Es improbable que Ocaña mantenga esa hostilidad. La producción de medicamentos, la experiencia de Santa Cruz, donde una red de hospitales públicos excede la calidad de las prestaciones privadas, y el saneamiento de las obras sociales sindicales son líneas de superación posibles para la tarea de su antecesor Ginés González García. José Luis Barrionuevo podría explicarles a sus compañeros de la CGT y a los laboratorios medicinales con qué clase de funcionaria les tocará lidiar y desaconsejarles sobre cualquier política de confrontación.

La mala y la buena

La continuidad en Educación de un colaborador próximo de Daniel Filmus y la creación de un nuevo ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ratifican la importancia que piensa darle el nuevo gobierno a ambas actividades. El biólogo Lino Barañao, uno de los organizadores del encuentro de la candidata en Nueva York con científicos argentinos en el exilio, dirige hasta ahora la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, un ente de evaluación de los proyectos que se presentan en procura de financiamiento. Como es de imaginar, dijo muchas más veces no que sí, lo cual no ha mermado la aprobación con que cuenta entre sus colegas. Filmus le dijo que tenía una mala y una buena noticia para darle. Comenzó por la mala: “No vas a seguir en la Agencia”. Barañao le agradeció lo que le había permitido hacer, como parte del primer gobierno en muchos años que repara en la importancia de la ciencia. Recién entonces supo que será ministro. CFK se propone agrupar allí todas las áreas del Estado con actividad científica y poner el acento en el desarrollo de la investigación en matemáticas, ciencias biológicas y software, quebrando la disociación histórica entre conocimiento y producción.

Premio al entusiasmo

El traslado a Justicia, Seguridad y Derechos humanos fue una recompensa al entusiasmo con que Aníbal Fernández encaró cada tarea que Kirchner le encomendó y su buen humor ante las contrariedades, como sus frustradas candidaturas bonaerenses. El propósito inicial era disolver ese ministerio, cuyas funciones han sido absorbidas en parte por la Procuración General y otras por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia. Vacante durante la larga siesta de Alberto Iribarne, quien tenía tiempo hasta para leer en su despacho, podría adquirir nuevas tareas en el futuro. La supresión del Consejo de la Magistratura, o su reducción a un mero organismo de selección y remoción de magistrados, es una hipótesis posible si se avanza en la prevista reforma constitucional. Pero antes de que llegue ese momento, CFK podría interesarse en una reorganización del sistema judicial, para la cual la coordinación con la Corte Suprema sería imprescindible. Además, de Justicia dependen las cárceles, que Kirchner definió al asistir a la demolición de Caseros como una deuda de su gobierno. Si el hiperquinético Fernández aplicara su energía a una reforma del sistema federal, podría influir también sobre los provinciales, que en estos años han producido masacres horrendas, como las de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y Coronda. Desde el ministerio del Interior, Florencio Randazzo proseguirá la tarea que inició en La Plata, de articulación de los intendentes de la mayor provincia del país con el gobierno nacional, pasando por encima de los recelos de su jefe. Mientras elabora el duelo por el desalojo inminente de la residencia oficial, Felipe Solá explica desde una serie publicitaria que fue el mejor gobernador que tuvo nunca Buenos Aires, para asombro y solaz de los espectadores oficiales.