María Julia Alsogaray sumó ayer su quinto procesamiento por supuestos hechos de corrupción, ocurridos mientras se desempeñaba en el gobierno de Carlos Menem. Si bien no perdió su libertad está al borde del juicio oral por enriquecimiento ilícito y cuando reciba su sentencia podría terminar presa porque la acumulación de procesamientos agravan la pena. El juez Jorge Urso consideró que la ex polifuncionaria menemista incurrió en administración fraudulenta por un pago irregular de nueve millones de dólares a una contratista de ENTel, autorizado por la acusada en su rol de liquidadora de la ex telefónica estatal. Y embargó sus bienes en 3 millones y medio de pesos.
Los procesamientos dictados alcanzaron también al ex síndico de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) Julio César Orué, al ex funcionario de ENTel Enrique González Chion y a los ex responsables de la empresa que recibió el pago, Julio Otero y Alberto Pistorio. El magistrado entendió que el “accionar conjunto (de los procesados) tendió a defraudar los intereses confiados” y calificó como “colosal” el alcance de la responsabilidad de Alsogaray en los hechos.
Los pagos de ENTel iban dirigidos a saldar una deuda con su proveedora Pecom Nec –del grupo Pérez Companc– que, en realidad, consistía en sólo el 10 por ciento de la suma. Es decir, la intervención de Alsogaray habría hecho librar al Estado un cheque por 10 millones de dólares para pagar una deuda de un millón y posteriormente emitió un segundo documento por 9 millones, destinado a saldar obligaciones por 900 mil. La maniobra, que no quedó asentada en los registros contables de ENTel, fue detectada por la Justicia cuando el contador Carlos Armando Gómez, ex gerente de la compañía telefónica, procuró ejecutar un pagaré en forma fraudulenta. El propio Gómez fue imputado en el sumario por el fiscal Carlos Cearras, pero antes de ser considerado un posible cómplice de la funcionaria, el contador llegó a afirmar que los “pagos sin causa” de ENTel superaban los 70 millones de dólares.
La ex liquidadora de ENTel, y secretaria de Medio Ambiente menemista había sido acusada por los fiscales Cearras y Pablo Recchini como presunta jefa de una asociación ilícita que habría operado desde la telefónica estatal, pero el juez Urso no compartió esa imputación. El 14 de junio de 2001 la funcionaria declaró por primera vez. Asistida por la defensora oficial Perla Martínez, reconoció que ENTel abonó a Pecom Nec una suma de dinero “superior a la correspondiente”, pero atribuyó el hecho a un “error”. Y subrayó que la cancelación de deudas con los proveedores ENTel, fueron controladas por el Ministerio de Economía. “Es cierto que por error se pagó una suma superior a la correspondiente, pero eso no causó un perjuicio fiscal”, explicó Alsogaray, quien responsabilizó a los funcionarios certificadores de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP). Luego se agregaron otros elementos de prueba tales como una “megapericia”, que llevaron al juez a convocarla a una nueva indagatoria y al procesamiento firmado ayer.