“El Mercedes Benz es mucha guita (...) una explosión.” La frase no es de un vendedor de automóviles, sino del director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (Cevas), Santiago Linch. Y la metáfora fierrera aludía a la mejor oferta de un soborno para aprobar una ley en el Congreso: 20 millones de dólares a cambio de extender los tickets canasta en forma obligatoria a todos los trabajadores que cobran un salario mensual inferior a los 2000 pesos. Una ley que triplicaría el negocio de los vales alimentarios, que ahora –en manos de tres empresas– mueven 4000 millones de pesos anuales. Los encuentros con los empresarios y el ofrecimiento del soborno fueron grabados por una cámara oculta que ya está en manos de la Justicia Federal. El diputado kirchnerista y abogado de la CGT Héctor Recalde hizo ayer pública la denuncia.

“Es un hecho de corrupción grave y una torpeza: fuimos junto a (Hugo) Moyano los que denunciamos lo de la Banelco”, recordó Recalde el caso de los sobornos en el Senado de la Nación, ocurrido bajo el gobierno de la Alianza. El abogado de la CGT convocó a una rueda de prensa para explicar los detalles de la denuncia de un millonario intento de soborno del que fue objeto para impulsar una ley en el Congreso.

Recién abrió las puertas de una de las salas del anexo de la Cámara de Diputados cuando 15 diputados de la Comisión de Legislación del Trabajo refrendaron el proyecto que elimina gradualmente –en 20 meses– los tickets canasta e incorporar su valor equivalente en pesos al salario remunerativo de los trabajadores: la iniciativa que –según Recalde– pretendían frenar los empresarios.

El diputado presentó el proyecto en marzo pasado. “Recabamos las opiniones de distintas cámaras empresarias y los asesores de la comisión analizaron la iniciativa. Los empresarios de Cevas también estuvieron y ofrecieron un negocio pirro: desdoblar el 14 por ciento que pagan a la seguridad social en el 11 y el 3 para las obras sociales sindicales”, dijo a Página/12, para explicar las demoras que sufrió la iniciativa. “Este sistema de vales no es más que un pago en negro de salario y desfinancia la seguridad social”, completó.

Los empresarios buscaron otros caminos para frenar el proyecto. El primer contacto fue con un empresario hotelero, Miguel Gutiérrez Guido Spano, quien tiene un litigio laboral con el estudio jurídico de Recalde. Allí, según los denunciantes, Guido Spano explicó al hijo del diputado, Mariano Recalde, su amistad con los empresarios de Cevas y ofreció un arreglo. Mariano pactó otro encuentro y, para entonces, Recalde ya había acordado con el estudio de Hugo Wortman Jofre la forma de registrar la oferta. El abogado de Poder Ciudadano facilitó elementos técnicos para filmar y grabar en forma oculta la conversación.

Guido Spano llevó tres propuestas plasmadas en un papel y le puso nombre y precio a cada una:

- “La bicicleta”: consistía en un pedaleo financiero “para cajonear” la iniciativa a cambio de 20 mil “del color que a vos te gusta” mensuales. El empresario se ofreció como recaudador y hasta propuso el pago en Buenos Aires o Uruguay.

- “La pick-up”: consistía en introducir cambios “cosméticos” al proyecto, sin modificar el sistema de tickets. Allí no hubo oferta económica precisa.

- “El Mercedes Benz”: la tercera opción fue la más ambiciosa y millonaria. Consistía en dar vuelta el proyecto y extender los tickets a todos los trabajadores con un sueldo inferior a 2000 pesos. Todo a cambio de 20 millones de dólares, en cuotas. Un 10 por ciento con la presentación del nuevo proyecto. Otro 10 por la aprobación en comisión. Un 20 con la media sanción de Diputados. Otros 20 cuando el Senado la convirtiera en ley. Y el 40 restante, contra la publicación en el Boletín Oficial.

Con esta última opción los ingresos de las empresas de tickets alimentarios triplicarían su negocio anual de 4 mil a 12 mil millones de pesos. Unos 3 mil millones de dólares. Actualmente unas 14 mil empresas utilizan el sistema que reciben casi un millón y medio de trabajadores.

La grabación de esa conversación fue presentada al día siguiente, el 7 de noviembre pasado, ante el Juzgado Federal 9, a cargo del juez Octavio Aráoz, con la intervención del fiscal Jorge Di Lello. Pero todos esperaron un segundo encuentro pactado con Linch, director de Cevas y representante de la compañía Accor. La reunión se demoró hasta que el empresario de los tickets regresara de Francia. Mariano Recalde, Guido Spano y Linch se encontraron el martes 19 en el estudio de Recalde y optaron por un lugar público: el café de Paraná y Tucumán, en plena zona de Tribunales.

Ahí Linch ratificó la oferta que hizo el intermediario y se explayó sobre las bondades del Mercedes Benz: “Es mucha guita, una explosión”. La conversación fue grabada por el hijo del diputado y presentada ayer a la mañana ante el juez, que estableció el secreto de sumario. “Esto, desde la primera denuncia, lo sabía el Poder Ejecutivo, el presidente de mi bloque y el de la Cámara de Diputados, y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Todos me dijeron que le meta para adelante. No hubo ninguna filtración y eso que es difícil mantener un secreto entre varias personas”, se ufanó Recalde ante la prensa. A su lado se sentaron el “héroe”, su hijo Mariano, y Wortman Jofre. Del otro lado estaba el jefe de la bancada K en Diputados, Agustín Rossi. Luego se sumó el presidente de la Cámara baja, Alberto Balestrini. Recalde les agradeció a todos. El abogado de la CGT estaba exultante. Tenía bajo el brazo el proyecto con la firma de 15 diputados y el ofrecimiento de otros que lo llamaron para rubricar la iniciativa.