En el primer comunicado oficial desde que el general Osvaldo Montero fue echado de su cargo como jefe de Inteligencia del Ejército por conspirar contra la ministra Nilda Garré, la cartera de Defensa subrayó “la legalidad de un procedimiento”, en alusión a la escucha telefónica de una conversación de ese funcionario. “El Ministerio de Defensa precisa que el reciente relevo del cargo de un oficial superior fue determinado por razones de mejor servicio, en el marco de las funciones específicas de las FF.AA.”, reza el comunicado. “El ministerio desmiente versiones acerca del uso de información supuestamente suministrada por otros organismos del Estado”, expresaron desde Defensa en referencia a que la SIDE habría proveído el dato, y agregaron que “la determinación fue tomada en el ámbito de las atribuciones de esta jurisdicción, a partir del análisis de información propia que se obtiene de manera habitual en el respeto de las normas vigentes y de las garantías constitucionales”.