Después de un extenso alegato, la defensa del prefecto Héctor Febres reclamó ayer su absolución. Durante horas los abogados Víctor Valle y Roberto Canevaro plantearon la nulidad del juicio y aseguraron que el represor consideraba a los desaparecidos cautivos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como “personas fuera de la ley que habían cometido delitos” y no “perseguidos políticos”. Además plantearon que “no se encuentra probada la responsabilidad de Febres en los hechos” y que las cuatro víctimas querellantes no fueron sometidas a torturas sino a vejámenes –cuya pena es mucho menor–.

Al exponer los argumentos por los que el tribunal debería absolver al represor los integrantes de la defensa plantearon que el procesamiento dictado por juez federal Sergio Torres fue un “disparate”. Consideraron que el acusado no había sido indagado previamente. En realidad, Febres fue indagado en 1986 bajo el código de justicia militar que implicaba en el mismo acto indagatorio su procesamiento. Esa medida había quedado sin efecto con la ley de Obediencia Debida y Punto Final pero, a su vez, las leyes fueron anuladas en 2003. Rodolfo Yanzón, representante de los sobrevivientes Carlos García y Alfredo Margari, explicó a este diario que la defensa “pretende otorgarle validez a la obediencia debida” y Luis Bonomi, abogado de Carlos Lordkipanidse, consideró que “en un punto se está cuestionando la reapertura” de las causas por crímenes de lesa humanidad. De todas maneras, la querella también sostuvo que las nulidades debieron plantearse con anterioridad y que no pueden hacerse en la instancia final, ya que “las partes no pueden alegar su propia torpeza”.

Terminados los pedidos de nulidad y anticipándose a una posible desestimación por parte del tribunal, la defensa intentó descalificar las pruebas obtenidas durante el juicio. A su criterio los testimonios de los sobrevivientes “no fueron persistentes” y parecían “contradictorios”. Los defensores instaron a los magistrados a “examinarlos cuidadosamente, con prudencia y cautela” y argumentaron que la condición de damnificados podría llevar a los testigos a introducir esa “inquina” en sus dichos. Por estos motivos, plantearon que “no se encuentra probada la responsabilidad de Febres en los hechos”. Yanzón explicó que con el criterio de la defensa “no se va a poder condenar a nadie porque todos estaban encapuchados” y que los testimonios corresponden a “testigos necesarios”, porque los crímenes “se cometieron en la clandestinidad, el anonimato y el actuar bajo seguro”.

“Febres no pensaba que estaban en la ESMA porque eran peronistas o radicales”, argumentó Valle, el mismo defensor oficial que participó de la defensa del dictador Jorge Videla en 1985. Según ese argumento, no debía considerarse el agravante de privación ilegal de la libertad solicitado por la fiscalía y la querella. El representante de Carlos García y Alfredo Margari replicó que “ningún Estado reconoce la persecución política, menos un Estado dictatorial. Todos encuadran los delitos dentro de la criminalidad”.

Además de la acusación por cuatro casos de privación ilegal de la libertad, Febres debería responder por la tortura de esos mismos ex desaparecidos. Su defensa, amparándose en una supuesta falta de testimonios que le adjudiquen la participación directa en la aplicación de picana eléctrica, calificaron como “vejámenes” las condiciones en las que se encontraban cautivos en el campo clandestino. Contrariamente a los planteos de la querella y los relatos de los sobrevivientes que consideran como tormentos estar encapuchados, engrillados y esposados.