“No hay ninguna sociedad, ni en la Argentina ni en ninguna otra del mundo, en que después de 25 años haya gente que no sepa exactamente cuál es su suerte final”, dijo el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. No se refería a los 30 mil desaparecidos, sin tumba por el ocultamiento que de sus cuerpos hicieron sus victimarios. La preocupación del ministro era por los represores de la última dictadura, porque aún deben esperar a que la Corte Suprema se expida sobre la validez o no de las leyes de impunidad para saber si van a ir a la cárcel, después de 19 años de gracia en los que gozaron de una inmerecida libertad. Hasta el ex jefe del Ejército impugnó las declaraciones de Jaunarena. Martín Balza dijo que, por el contrario, la anulación de la ley de Obediencia Debida es lo único que puede traer certidumbre a los miembros de las Fuerzas Armadas porque “mientras exista la ley habrá un manto de sospecha sobre miles de integrantes del Ejército que tuvieron un proceder digno durante los años 70”.
Las declaraciones de Jaunarena se produjeron a raíz de los dictámenes del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, en los que aconsejó a los ministros de la Corte Suprema que se pronunciaran a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “La violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida cotidiana de nuestro país debe se contrarrestada, ciertamente, con mensajes claros de que impera el estado de Derecho, sobre reglas inconmovibles que deben ser respetadas sin excepción, y que su violación apareja necesariamente su sanción”, aseguró Becerra en sus textos.
Jaunarena declaró ayer por diferentes radios que los escritos del Procurador “contribuyen a que se genere o se agrave el estado de incertidumbre que existe en las Fuerzas Armadas” y que “no es saludable” porque “a ninguna sociedad le hace bien tener abiertas heridas como éstas durante tanto tiempo sin que tengan un cierre definitivo”. Eligió ser vocero de los jefes del Ejército, Ricardo Brinzoni, y de la Armada, Joaquín Stella, quienes plantearon ante el gobierno su intranquilidad por el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
“Tendría que preocuparse por los crímenes de lesa humanidad que cometieron los militares, eso sería más humano, más político y con más ética, dijo a Página/12 Nora Cortiñas, sobre las afirmaciones del ministro de Defensa. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, recordó que Jaunarena ocupó el mismo cargo que detenta actualmente cuando las leyes que ahora son cuestionadas por la Justicia fueron sancionadas por iniciativa del gobierno de Raúl Alfonsín. “Esas leyes de impunidad son las que provocan los crímenes que se cometen hoy”, dijo Cortiñas.
Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, le contestó a Jaunarena. “No es cierto que en ninguna parte del mundo se siga buscando a los culpables de los crímenes, porque todavía se siguen buscando a los nazis”, aseguró. La dirigente del organismo de derechos humanos agregó: “no me importa la incertidumbre de los militares, que tienen que pagar por lo que hicieron. Si son culpables tienen que ir a la cárcel. No me dan lástima, aunque no me animaría a pedir la pena de muerte para ellos. Me duele que la Corte ensombrezca lo que debería ser nuestro triunfo, usando las causas contra los militares para evitar su juicio político”.
Balza también discrepó con Jaunarena y señaló que “mientras exista una ley de Obediencia Debida se tiende un manto de sospecha crónica sobre miles de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tuvieron un proceder correcto en esos años”. Es decir que la respuesta para saber quiénes son inocentes, y terminar con la “incertidumbre” a la que se refirió Jaunarena es condenar a los culpables.