La investigación por las reiteradas amenazas de bomba en los colegios Carlos Pellegrini y Normal 1 avanza paso a paso. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó ayer para tomar declaración indagatoria a tres padres y alumnos de ambos establecimientos educativos bajo la sospecha de haber realizado desde sus teléfonos celulares algunas de las comunicaciones con fines intimidatorios. Para los padres del Pellegrini se está “judicializando a los adolescentes y no existe intervención del Ministerio de Educación”, según precisó una madre a este diario.

Las citaciones que libró Canicoba Corral corresponden a dos padres de alumnos del Pellegrini y uno del Normal 1, que tendrán que ir acompañados por sus hijos para declarar bajo el cargo de “intimidación pública”, delito que contempla penas de dos a seis años de prisión. Gracias a los informes elaborados por las empresas de telefonía celular encargados por el juez, sus nombres se habrían identificado como titulares de los teléfonos desde donde se realizaron algunos de los llamados. Ayer restaba definir la fecha en la que deberán acercarse al juzgado para declarar, algo que definirán hoy. Se estima que será en el transcurso de la semana que viene.

Uno de los padres citados a declarar, según trascendió en Tribunales, ya se presentó ante el juez para entregarle su teléfono. También le aseguró a Canicoba que el aparato había sido utilizado para hacer el llamado por “un compañero de su hijo”. Contando el profesorado, al Normal 1 asisten 2200 alumnos repartidos entre los niveles inicial, primario y secundario, que deben ser evacuados por los bomberos cada vez que reciben un nuevo llamado. Del 24 de octubre a esta parte se recibieron 31 amenazas a través del número de emergencias 911, y dos directamente en el conmutador central de la institución.

Estela Martín, madre de alumnos del Pellegrini, afirmó que “no se puede judicializar a los chicos. Esto tiene que resolverse en el marco del proyecto pedagógico de la escuela”. Ocurre que el colegio dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arrastra una situación compleja desde mediados de año. Entre los reclamos de los estudiantes y la resistencia de ellos, junto con gran cantidad de padres y un grupo de docentes a la designación como rector del contador Juan Carlos Viegas, se sumaron casi sesenta llamadas intimidatorias que se sucedieron en el transcurso de las últimas semanas.

A raíz de la ola de amenazas de bomba que tuvieron los dos colegios en los últimos meses, tanto las autoridades de las escuelas como los padres de los alumnos dieron inicio a causas judiciales que derivaron, primero en la intervención del juez Norberto Oyarbide, que ya les tomó declaración a una madre, su hijo y otro alumno, y ahora en la reciente citación realizada por Canicoba Corral.

Mientras los investigadores remarcaban ayer que “los llamados hechos de esta manera fueron fácilmente identificables”, en referencia a los alumnos que utilizaron un celular, Estela Martín aseguró que “los chicos son chivos expiatorios. Acá estamos hablando de adolescentes de 13 a 18 años, y la única respuesta del rector fue que todo estaba ‘en manos de la Justicia’. Parece que el año que viene los alumnos van a tener que ir al colegio con un abogado porque ni el rector, ni las autoridades de la UBA ni el Ministerio de Educación nos dieron ninguna respuesta”.