El jueves por la noche, tan sólo unas horas antes de la movilización, el jefe de la policía provincial, Julio Brasseco, había declarado que durante la protesta podría haber “uno o dos muertos”. Ayer, a pesar de la advertencia, más de 15 mil personas se movilizaron pacíficamente en Paraná para protestar contra las políticas de ajuste y pedir que se concrete el juicio político al gobernador Sergio Montiel, cuestión que se resolverá la semana que viene en la Cámara de Diputados provincial. Por su parte, en el marco de un agudizamiento de la crisis social, los obispos de la provincia advirtieron que “la tensión y los peligros son muy grandes ante la gravísima situación por la que atraviesa Entre Ríos”.
El encargado de la seguridad no colaboró a calmar los caldeados ánimos de docentes, desocupados y empleados estatales. “La idea de algunos es que mañana haya 1 o 2 muertos, como ocurrió durante los sucesos de diciembre pasado”, había advertido el jefe policial, y aseguró que había “reservas en hoteles de Paraná para albergar a integrantes de la barra brava del Club Chacarita”. Las declaraciones del funcionario y los actos represivos del lunes –donde fueron heridas dos personas durante una marcha de estatales– provocaron temores de una posible represión y ameritaron que la gremialista Marta Maffei se trasladara a Paraná para participar de la protesta. “Quisieron intimidar con tácticas propias de la dictadura militar, convocaron a la Gendarmería, y al Escuadrón de Policía de Rosario”, declaró a Página/12 Edgardo Massarotti, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos.
Más de 15 mil personas llegaron al mediodía a la Casa de Gobierno con dos reclamos principales: exigir “que se vaya Montiel” y rechazar los ajustes de la gestión radical. “No vamos a abandonar la lucha hasta que éstos no se vayan –afirmó Massarotti en su discurso–, queremos decirles a los legisladores que deben dar quórum, que respeten la voluntad de las mayorías.” La semana que viene la Legislatura de la provincia debe decidir si le inicia al mandatario el juicio político y, para que eso ocurra, deben estar presentes al menos 21 diputados. Muchos dirigentes sociales y políticos que participaron de la marcha de ayer dudan de que ese objetivo se cumpla, aunque aseguraron que “casi el 66 por ciento de los legisladores se ha comprometido en votar contra el gobernador, el problema es que a último momento `cambien de parecer’”. “Lo de ayer fue un punto de inflexión, si no se oye el reclamo popular va a tronar el escarmiento”, afirmó Massarotti.
Los manifestantes también reclamaron el pago de los salarios adeudados. “La gestión del gobernador ya despidió a 4 mil estatales, muchos compañeros no cobran desde hace dos meses, y ahora los últimos decretos de ajuste implican la desaparición del aguinaldo”, afirmó a este diario el dirigente de ATE. Y agregó: “Estamos cobrando el 100 por ciento del sueldo en Bonos Federales, que se deprecian considerablemente”. Respecto de este tema, el Gobierno dio a conocer anoche el cronograma de pagos del mes de julio para los activos. La masiva convocatoria produjo euforia y algunas muestras de originalidad: entre la multitud se pudo ver a un manifestante disfrazado del actor cómico Carlitos Balá con la camiseta de Chacarita, ironizando acerca de la supuesta llegada de barrabravas de ese club.
Frente a este panorama de conflicto social –que amenaza con agravarse-, los obispos de Paraná, Concordia y Gualeguaychú emitieron un duro documento donde calificaron la situación como “gravísima”. “En medio de las turbulencias de las pasiones que nos agitan no nos debemos dejar arrastrar a la irracionalidad del odio”, afirma el texto, firmado por Estanislao Karlic, Luis Eichhorn y Héctor Cardelli, entre otros. Los representantes eclesiásticos reconocieron que “la tensión y los peligros son muy grandes”, y señalaron la necesidad de “un auténtico diálogo que busque con verdad los caminos del trabajo y la justicia, de la solidaridad y de la paz”.