El ajuste en la provincia de Buenos Aires comenzará por los docentes. Apretado por la falta de fondos para pagar sueldos y jubilaciones, el gobernador Felipe Solá envió al Congreso una propuesta de reforma educativa que modifica el régimen de licencias de los maestros y abre la puerta a la municipalización de las escuelas. El proyecto es defendido en la gobernación con el más crudo de los argumentos: el de que no hay dinero. Si los diputados y senadores lo convierten en ley, apuntan allí, “podrían ahorrarse 700 millones”. El recorte en educación, de todas maneras, sería apenas el primer escalón de un ajuste proyectado de dos mil millones, cuya sola mención augura días de mayor conflictividad.
Los maestros –en la provincia hay 250 mil– decidieron como respuesta que no comenzarán las clases el 15 de febrero, día en que está previsto el inicio del período compensatorio. Los dos gremios bonaerenses (el Suteba y la FEB) marcharon frente a la Legislatura y anticiparon que coordinarán acciones con los otros estatales que queden afectados.
Junto con las futuras movilizaciones, los docentes quieren instalar un debate de fondo: “Solá se equivoca al continuar con políticas de ajuste” dijo el titular de Suteba, Hugo Yaski, anticipando cuál será la línea sostenida. “Está siguiendo la misma receta que De la Rúa mientras el conjunto de la sociedad demanda el camino contrario, que es reactivar, salir de la recesión y devolverle a la gente la capacidad de compra”.
La crisis de provincia es tan profunda que este mes tuvo que pagar el 80 por ciento de los sueldos en patacones. La administración arrastra un déficit que ronda los 1800 millones, que hasta el año pasado se cubría con endeudamiento. En julio, cuando se cortó el crédito externo, los patacones sirvieron para salvar la ropa, pero aún así la Nación tuvo que enviar fondos extra. Desde entonces las dos fuentes de financiamiento provincial (la recaudación propia y la coparticipación) siguieron cayendo.
Ayer Solá aseguró que el año pasado se recaudaron “700 millones de pesos menos que en el 2000” y dijo que ante esta situación “la provincia tiene que recortar”. El gobernador también aseguró que la situación en lo que va de enero es peor “porque la gente dejó de pagar impuestos”.
El recorte en educación avanza sobre tres cuestiones centrales:
u Plantea dejar de pagar a los maestros el adicional por zona desfavorable y se mantendría sólo el plus por ruralidad.
u Quiere equiparar el régimen de licencias con el resto de los empleados públicos provinciales.
u Los docentes ya no podrían trabajar “en comisión” en otras áreas del Estado.
De la misma manera, la ley habilita al director general de Escuelas “delegar competencias”, para no obstaculizar “los procesos de descentralización” necesarios. El párrafo es entendido por los gremios y la oposición como el primer paso para municipalizar la educación.
Para los maestros, uno de los sectores más empobrecidos de la última década, la reforma implicará una nueva reducción en sus ingresos. En Suteba entienden además que la reforma está siendo impulsada con argumentos engañosos.
Yaski recordó que la gobernación “publicó haca muy poco un trabajo que demostraba que el ausentismo por licencia es similar al del estado de Virginia, en Estados Unidos” y consideró contradictorias las actuales críticas. Sobre la aseveración de hay un maestro por cada 16 chicos, el dirigente sostuvo que se trata de un “cálculo amañanado porque mete en el promedio a las escuelas rurales que tienen muy pocos alumnos”. Finalmente advirtió que equiparar la licencia por maternidad al del resto de los estatales sería peligroso. “Cuando Solá cuestiona que las docentes tenga 135 días de licencia de maternidad (para el resto es de 90) debería recordar las veces en que él, siendo chico, se llevó por delante a una maestra mientras corría en el recreo. Debería tener presente que adiferencia del resto los otros estatales, las maestras están todo el tiempo de pie; por eso el régimen es así en todo el mundo. Si él quiere inventar la pólvora, que se haga responsable, porque por cada maestra que pierda su embarazo por estar en la escuela, la provincia tendrá una causa penal”.