Luis Abelardo Patti no vivirá una Navidad feliz. Un mes después de su rotundo fracaso como candidato a gobernador bonaerense por el PAUFE –obtuvo un pobre 2,48 por ciento de votos–, a trece días de una detención que no esperaba y a nueve de su primer cumpleaños –el 55– en “el pabellón de lesa de Marcos Paz”, como cariñosamente lo llaman los presos, el ex subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Escobar recibió ayer el peor regalo de fin de año: el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, que tiene a su cargo la megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, lo procesó con prisión preventiva por allanamientos ilegales, secuestros y torturas que lo tuvieron como protagonista hace treinta años, cuando era un joven pero ya destacado suboficial inspector de la maldita policía, y ordenó embargar sus bienes por dos millones de pesos.

Contra la pretensión de sus escasos pero tenaces seguidores, que pretenden encontrar motivaciones políticas para explicar el mal trago, la causa contiene una cantidad abrumadora de pruebas, recolectadas desde el momento de los hechos, cuando nadie podía prever su futura carrera política. “Durante ocho meses trabajamos intensamente con mi abogado. Leí su indagatoria y la enumeración de pruebas empezaba en la letra A y terminaba en la S, es decir casi un abecedario completo. Ni yo ni mis hermanos militamos políticamente, sólo exigimos justicia y actuamos en consecuencia. Por eso es injusto que se hable de persecución política”, explicó emocionada pero serena Juana Muniz Barreto, hija del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado en febrero de 1977, quien antes de ser torturado, adormecido y arrojado en un auto a un arroyo entrerriano alcanzó a escribirle a su esposa desde su cautiverio: “Movete rápido, estamos en Escobar, nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”.

Tal como documentó Página/12 hace un año, hasta la Nunciatura Apostólica registró el apellido del represor en 1977, al mismo tiempo que cometía sus tropelías. La familia de Muniz, en su incansable trajinar, denunció el secuestro ante la representación diplomática del Vaticano, que en un escueto informe firmado por monseñor Ubaldo Calabresi dejó asentada la participación de “una comisión policial a cargo del oficial que se identificó como Patti”.

La medida de Suares Araujo abarca los secuestros de Muniz y su secretario Juan José Fernández –salió vivo de aquel arroyo y antes de exiliarse asentó ante escribano su testimonio, incluido el paso por la comisaría de Escobar–, el asesinato de Gastón Gonçalves –secuestrado el 24 de marzo de 1976, cautivo una semana en un camión celular detrás de esa comisaría, asesinado el 2 de abril, abandonado al borde del río Luján, enterrado como NN en el cementerio de Escobar e identificado veinte años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense–, las desapariciones de Carlos Souto y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico y el secuestro de Osvaldo Arriosti, que también sobrevivió para contarlo e identificó al enérgico policía entre sus captores. Como agravantes, el juez subrayó su carácter de funcionario público y la utilización de violencia y amenazas durante los procedimientos.

“El procesamiento implica la confirmación de los hechos aportados en la instrucción y es el fruto de la investigación de las familias de las víctimas. Pero hay algo aún más importante: el avance en esta causa ya no sobre los autores mediatos de los crímenes sino sobre miembros de grupos de tareas y torturadores. Patti formaba parte de la primera cadena de la barbarie, la que secuestraba y trasladaba a sus presas a los campos de concentración”, analizó el abogado Pablo Llonto.

“Me emocioné otra vez. Dimos otro pasito. ‘Es una carrera de cien metros y recién vamos por los diez primeros’, como dice mi abogado”, sintetizó Juana Muniz Barreto. “Estamos viviendo un proceso notable, que ojalá otras familias puedan atravesar. Acompañar el camino de la justicia permite empezar a cerrar una historia de vida dolorosa. Luchar contra la impunidad genera paz, tranquilidad, no sólo para las víctimas y sus familias. Ninguna sociedad democrática puede madurar si tiene como base la impunidad”.

El procesamiento torna cada vez más lejana la posibilidad de que Patti llegue a ocupar su banca de diputado nacional, para la que fue electo con 400.000 votos en 2005, siempre en representación del Partido Unidad Federal. La cámara baja impidió su ingreso por carecer de “idoneidad moral”, el policía devenido en político trasladó el caso a la Justicia y ahora espera una definición de la Corte Suprema de Justicia.

Una vez que su defensor Silvio Duarte apele el procesamiento de ayer le tocará a la Cámara Federal de San Martín confirmar o rechazar la medida. No se trata de un tribunal bien visto por los organismos de derechos humanos: es la única cámara federal del país que avaló las leyes de impunidad, además de haber desprocesado a la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, apenas horas después de que sus defensores apelaran el procesamiento en la causa que investiga la posible apropiación ilegal de sus hijos adoptivos. Mientras tanto, Luis Patti pasará sus días en “el pabellón de lesa”, donde dispondrá de todo el tiempo del mundo para conversar con condenados como el ex jefe de investigaciones Miguel Etchecolatz y el ex capellán Christian Von Wernich.