Una investigación de la Procuración Penitenciaria Nacional revelada el domingo pasado por Página/12 da cuenta de un elevado índice de malos tratos en las cárceles federales: 63,4 por ciento de mil presos entrevistados dijo haber sufrido agresiones físicas. La publicación causó de entrada una reacción virulenta de parte de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, que cuestionó la validez del estudio. “No se ajusta a la realidad”, sostuvo el organismo en base a números propios que pintan un escenario bastante menos terrorífico. “Minimizar que en las cárceles se tortura y se golpea es irresponsable”, replicó la socióloga Alcira Daroqui, coordinadora técnica de la encuesta de la Procuración. A partir de entonces se desató un enorme debate, con evidentes batallas políticas de fondo, pero que si logra encauzarse permitirá discutir la situación de los detenidos y sus derechos humanos. La polémica fue sumando voces calificadas de ambos lados y todavía sigue.

La Procuración Penitenciaria es el órgano oficial encargado de proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. Para eso debe visitar las cárceles y denunciar toda irregularidad detectada. La Defensoría Oficial es un brazo del Ministerio Público Fiscal. Da su servicio a quienes no puedan pagar un abogado o prefieren la defensa pública, reconocida por su prestigio. Los defensores oficiales suelen representar a personas detenidas y se espera que visiten las cárceles y denuncien abusos u otras ilegalidades. En cierto punto las funciones de ambos organismos se tocan. La Procuración estudió los malos tratos en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y la Defensoría, el “perfil” de sus detenidos. Los resultados fueron distintos (ver aparte).

En un comunicado que difundió el martes, la Comisión de Cárceles de la Defensoría advirtió que “llama la atención el elevado porcentaje de detenidos que (según la Procuración) habrían sido sometidos a agresiones físicas, que de resultar cierto hablaría de una práctica sistemática de tortura (...) un cuadro que no se ajusta a la realidad y no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores”. Destacó además los cinco meses de gestión al frente del SPF de Alejandro Marambio, el primer civil en ese cargo desde el gobierno de Raúl Alfonsín. Le atribuyeron “profundas reformas”, reconocidas “por el Ilanud (Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito) y la presidencia de la Cámara en lo Criminal y Correccional”.

“Nuestra investigación no está hecha contra ningún funcionario. Llama la atención esa defensa del titular del SPF”, retrucó Daroqui, del Observatorio de Prisiones de la Procuración. “Estamos muy seguros del estudio que hicimos”, afirma. “Fue diseñado en diciembre de 2006 y pensado como un aporte en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Lo hizo todo el equipo de la Procuración, generando un clima de confianza y comunicación con los presos”, explicó.

El informe explica que es común que los presos no denuncien lo que les pasa, por miedo a sufrir represalias y por cierta naturalización de los malos tratos. “La Comisión de Cárceles no leyó el informe, no puede desautorizar lo que no conoce. La defensora general fue invitada a la presentación, que hicimos en un foro de discusión donde se abrió al debate, pero no vino ni mandó a nadie en su nombre”, argumentó Daroqui, también coordinadora del grupo de estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani (UBA). “Si tenían información diferente a la nuestra tenían que habernos pedido el trabajo. Están desconociendo la palabra de mil presos y esperemos que esto no atente contra ellos. Minimizar que allí se tortura y se golpea es irresponsable”, criticó.

Lo que hasta aquí parecía un problema entre dos instituciones comenzó a propagarse. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora informó que “respalda el informe de la Procuración en cuanto investiga las torturas tanto físicas como psíquicas que se cometen en las cárceles federales”. La Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos calificó “las afirmaciones de la Comisión de Cárceles” como “un intento de justificación de las acciones y omisiones de jueces, fiscales y defensores oficiales”. “La realidad de las cárceles –acusa– es consecuencia directa de la tolerancia y/o complicidad” con “los malos tratos a los presos”. Luego enumera: “Las requisas, las largas horas a tribunales, sin alimento y ni baño; lo castigos arbitrarios; el aislamiento para debilitar la resistencia personal; el hacinamiento denigrante; la corrupción de los agentes penitenciarios; la aplicación de torturas como golpes, privaciones y amenazas”.

En la presentación de la encuesta, en noviembre, estuvieron Iñaki Ribera Beiras, del Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona; el defensor de Casación Bonaerense Mario Coriolano y varias ONG. Al director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, los datos le parecieron “inquietantes” y reclamó una política para desterrar estas prácticas “de parte de la nueva administración”. En cambio, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en medio del revuelo mediático, agregó sus “observaciones”. Sostuvo que “sin desconocer el maltrato (...) las cifras mencionadas por tratarse de datos anónimos deben ser corroboradas con otras fuentes de información”. Cita como ejemplo los jueces de ejecución y defensores oficiales que visitan las unidades “y no aceptarían la comisión de este tipo de delito sin denunciarlos”. A juzgar por el comunicado de la Liga por los Derechos Humanos, tal vez no tendría la misma suerte el preso que caiga en manos del fiscal de ejecución Oscar Hermelo, denunciado por su “participación en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA”.

El Inecip suma su aval a Marambio por haber traído, señala, “cambios positivos”. “Es deseable –agrega– que el Poder Ejecutivo profundice estas transformaciones y se impulse la reforma de la ley orgánica del SPF, que data de la dictadura de Onganía.” El informe de la Procuración, en rigor, no menciona a Marambio. Por casualidad la encuesta estaba en plena confección cuando él fue designado. Fue aludido, en cambio, ante una consulta de este diario por el procurador Francisco Mugnolo. Dijo que su designación había sido “positiva”, pero “no significó un nuevo enfoque”. Marambio, a su vez, critica a Mugnolo (ver aparte).

Más allá de la puja de personalidades, “las torturas y los malos tratos existen”, sentenció el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). “Los muertos por causas violentas en cárceles federales existen: 16 en 2005; 9 en 2006”, alertan. Esos datos, denuncia la ONG, son parciales porque las autoridades penitenciarias “se niegan a informar acerca de las muertes sucedidas en las cárceles bajo su jurisdicción” y “obstaculizan el ingreso de organizaciones sociales y derechos humanos”.

En nombre de Arde la Ciudad, una ONG que concentra su actividad en los presos más jóvenes, María Florencia Arietto dijo: “Podemos dar fe de las torturas físicas y psíquicas recibidas por los chicos, la falta de comida, el suministro indiscriminado de medicamentos sedantes, el aislamiento, las requisas invasivas a los familiares, la ‘entrega’ del detenido que llega al pabellón de ingreso, la requisa brutal armada con palos y cascos en los pabellones, el estado de indefensión en que se encuentran muchos porque sus defensores no se presentan”.

Así las cosas, aun en posiciones opuestas, la mayoría de los especialistas que se subieron al debate coincidieron en un reclamo que trasciende a la puja de poder entre funcionarios: todavía no se implementaron en las cárceles los mecanismos de control que obligan a adoptar el Protocolo de la Convención contra la Tortura. ¿Qué implicaría esto? Que, a través de métodos claros de fiscalización, haya organismos independientes del Estado con ingreso habilitado a los establecimientos para hacer visitas sorpresivas. Van tres años de discusiones y ningún sistema acordado. El problema del maltrato a los presos es tan viejo como la prisión y es innegable su vigencia. Seguramente será algo difícil de desterrar en un país que sigue descubriendo centros clandestinos de la dictadura en sitios donde parecía que nada hubiera sucedido. Mientras falte un modo confiable y transparente de mirar tras las rejas, será complicado superar cualquier discusión estadística.