Por Daniel Enz
Desde Paraná

Hoy se emitirá el dictamen de mayoría de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Entre Ríos y se sabrá si el gobernador radical Sergio Montiel va a juicio político. Con la provincia en crisis terminal y después de la exitosa marcha en su contra el viernes, los legisladores se reunirán en plenario el miércoles. Como síntoma del nivel del enfrentamiento con el gobernador, la reunión no será en la Legislatura sino en la Biblioteca Popular o en el Teatro Municipal 3 de Febrero, el mismo que albergó a los convencionales constituyentes de 1994. Es que los legisladores no confían en que la Cámara de Diputados sea segura, ya que la policía todavía responde al Poder Ejecutivo.
El 16 de abril ya se intentó juzgar y remover al gobernador de 74 años, pero la iniciativa falló por un voto: el del diputado justicialista Eduardo Félix Del Real, quien a último momento se dio vuelta. Montiel todavía controla ocho votos radicales, pese a que la mayoría de los representantes de su partido forman parte de un megabloque con la oposición justicialista. Aunque Del Real ahora afirma que votará por el juicio político, está en duda que se alcance el quórum para sesionar y aprobar la medida.
Los ocho fieles al gobernador están sufriendo presiones populares. En los últimos días, varios fueron escrachados en sus domicilios, con la exigencia de que concurran al recinto y den quórum. La pregunta es hasta cuándo los diputados oficialistas soportarán la presión de sus vecinos en sus respectivos pueblos. La estrategia pasa por dejar abierto el plenario hasta que tiren la toalla o hasta que se los expulse por inasistencia reiterada, que se puede instrumentar a través de un mecanismo parlamentario. Montiel sabe que si es suspendido por 90 días, el Senado lo destituirá, porque, pese a que la UCR es mayoría, al gobernador únicamente le responden 4 de los 11 legisladores. El resto, que era de su riñón, también se le alejó por la forma en que llevó adelante el gobierno. Mientras tanto, la provincia seguirá paralizada y en medio del caos.
Nunca hubo tantos días sin clases. En los hospitales no hay remedios ni elementos de curación: la morfina para los enfermos de cáncer ya no existe y los diabéticos están librados a su suerte. Los jueces están tapados de recursos de amparo, pero tampoco están trabajando por las medidas de fuerza de los empleados. Las oficinas públicas no funcionan por los paros sucesivos: no hay ingresos porque no hay quien cobre los impuestos. Nadie puede llegar en avión de línea a Entre Ríos porque la empresa estatal hace meses dejó de funcionar.
Montiel nunca tuvo en sus cálculos que más de 10.000 personas iban a concurrir el viernes a repudiarlo a la Casa de Gobierno y pedirle a gritos “que se vaya”. Estaba convencido de que la operación maquillaje –con medidas y renuncias de funcionarios– que instrumentó en semanas previas iba a dar sus frutos, pero se equivocó. También le hizo de boomerang el clima de miedo que se intentó generar. Fue demasiado burda la insistente operación de prensa instrumentada por el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario mayor Julio Brassesco, quien había advertido que a la concentración iban a llegar cuadros montoneros enrolados con Roberto Cirilo Perdía; que se había contratado a barrabravas de los equipos de Chacarita y Colón; y que podían producirse “uno o dos muertos”, a partir de la presencia de “malvivientes” de barrios marginales de Santa Fe. El gobernador se valió del argumento para decretar asueto administrativo y escolar el día de la marcha organizada por la Multisectorial, en la que participan gremios estatales, productores, pequeños comerciantes y profesionales.
Tampoco alcanzó que el mismo día de la concentración dispusiera un cronograma de pago de haberes de junio y julio, por primera vez en 11 meses con un porcentaje mínimo en pesos. Horas antes, la Caja de Conversión comenzó a cambiar pesos y lecop por bonos federales a los comerciantes y estaciones de servicio, que habían amenazado con dejar sin combustible la provincia. En los comercios, desde el 1º de julio no se hacía el canje, lo que dejó a muchos al borde de la quiebra, pese a que en junio ingresaron 48 millones de pesos y lecop, cifra que llegó a 50 millones en agosto. “¿Qué hace con los pesos?” se preguntan en la provincia. Las respuestas apuntan al favoritismo que sigue haciendo el gobierno con empresarios y proveedores amigos.