Hay dos datos que se repitieron una y otra vez a lo largo del juicio oral al prefecto Héctor Febres, como si fueran capaces de provocar una síntesis. Que se ponía “re-loco” en las sesiones de tortura que condujo dentro de la ESMA entre 1976 y 1980. Y que fue quien cargó en brazos a los hijos de las embarazadas y separó a muchos de los que aún siguen sin aparecer. En 1998, cuando lo detuvieron, habló durante cinco horas en el juzgado de Adolfo Bagnasco. “Los jefes de la Armada están en sus casas –dijo– y yo me tengo que comer las fiestas preso.” Sin embargo, nunca aportó un dato que permitiera reconstruir el destino de un joven apropiado. El cianuro abrió las sospechas sobre su muerte, y la hipótesis de que alguien lo haya suministrado para impedirle hablar.

Desde la detención del ’98 hasta ahora Febres no había hablado demasiado. Ese día declaró durante cinco horas en las que reconoció parte de sus tareas contra los “subversivos”, admitió que había trabajado de “enlace” entre la Armada y la Prefectura y que perteneció al grupo “antisubversivo” de la ESMA. Ahora nadie sabía si iba a volver a hablar. Una vez que se conoció la muerte, se publicó alguna línea sobre una supuesta intención de preparar algo con la colaboración de los abogados.

Su pasado en la ESMA y su rol pueden explicar alguna parte de las sospechas que se dispararon al final de su historia. En 1976, Febres estaba en la ESMA por detrás de Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz pero con las mismas facultades. Había llegado no como militar sino como oficial de inteligencia de la Prefectura Naval, un organismo que por entonces dependía de la Marina como fuerza subalterna. Los ex detenidos recordaron esa situación durante el juicio oral como si allí hubiese alguna explicación para su sadismo. Y también para entender las internas. En pasillos de la Marina, ayer se barajaba la hipótesis de que Febres podría haber decidió hablar el próximo viernes. En ese caso, estimaban, que podría haber implicando a marinos en actividad, como sus ex jefes durante la represión ilegal.

Febres era morocho y regordete, en medio de una fuerza militar como la Marina considerada entre sus tropas como una elite. Hasta 1980, tuvo a cargo el Sector 4 que funcionaba en el sótano de la ESMA y donde había tres salas de tortura, una imprenta y una maternidad a la que le decían “La Sardá”. El era “El Gordo Selva” o “El Gordo Daniel”, porque expresaba la brutalidad de todos los animales al mismo tiempo. El último 10 de noviembre, la fiscal Mirna Goransky leyó su alegato para pedir la pena máxima de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad enmarcados en el genocidio. Ese día Febres siguió todo lo que se decía en la audiencia sentado en el banquillo de acusados, detrás de sus defensores mientras jugaba con una pelotita de papel entre los dedos de la mano.

El alegato confirmó allí lo que habían dicho los testigos. Para la fiscal “tuvo mucho poder de decisión dentro de la ESMA” como jefe de calle de los grupos que salían a buscar a los blancos de la marina y como jefe de zona. En ese período tenía la “triste tarea de ocuparse de las mujeres embarazadas en La Sardá”, recordó. “Se llevaba los bebés y nunca reveló a quienes les entregaron los chicos: por eso dijo que él podría a ayudar a aliviar tanto dolor.” Uno de los testigos, lo vio dar órdenes al grupo de secuestradores en la calle y comandar todo el operativo. Participó de los secuestros a los opositores políticos que estaban exiliados en Paraguay y Uruguay y como jefe del sector donde estaba la sala de torturas y autor de los tormentos.