La relación bilateral con Estados Unidos sigue estando bajo la lupa. El Gobierno se enclaustró ayer en una sucesión de reuniones y consultas para evaluar qué pasos dar y cómo darlos. Tras mucho debatir se decidió no presentar una nota de protesta, una de las vías de queja formal que existen en el mundo diplomático. Tampoco volvió a hablar del tema la Presidenta, por lo menos en forma directa. Sí lo hizo en forma elíptica, para lo que aprovechó el anuncio de la construcción de una usina termoeléctrica. “Cuando está en juego el interés de la patria no puede haber divisiones”, dijo en un acto en Río Turbio, Santa Cruz. En simultáneo, el embajador estadounidense, Earl Anthony Wayne, despegó a su gobierno de los dichos que vinculaban los 800 mil dólares con la campaña de CFK. “No fue una declaración de los Estados Unidos”, afirmó a un grupo de periodistas que había convocado a su residencia. Los cuatro detenidos del caso, a quienes el FBI acusa de ser agentes encubiertos de Venezuela, fueron citados a declarar por una Corte de Miami. Lo harán el lunes.

Para la Justicia estadounidense los imputados son Franklin Durán, Moisés Maionica y Carlos Kauffmann, los tres venezolanos, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello. A partir de varias escuchas telefónicas, y con la colaboración de Guido Alejandro Antonini Wilson, el FBI los imputa de ser agentes encubiertos bajo el mando del gobierno venezolano. Según el fiscal federal adjunto de Miami, Tom Mulvihill, los cuatro habrían viajado hasta Estados Unidos para presionar a Wilson con el objetivo de tapar el origen y el destino de los 800 mil dólares. El lunes, los cuatro deberán presentarse ante la Corte. Si se declaran culpables, podrían acordar una reducción de la pena. Si se consideran inocentes, deberán afrontar el juicio. En ese caso, la pena máxima es diez años de cárcel.

Mientras en Miami los detenidos recibían las citaciones, en Buenos Aires el embajador Wayne citaba a su residencia a varios periodistas. Luego de un día de silencio (el jueves había dejado el tema en manos de la vocera de la embajada, Mara Tekach), Wayne pareció referirse a la tapa del diario La Nación del jueves, donde se informó que “según el FBI” la valija de Antonini era para la campaña de CFK. El FBI es una agencia federal de investigaciones que forma parte del gobierno estadounidense.

“La declaración ha sido atribuida a los Estados Unidos pero fue dicha por uno de los acusados y no fue una declaración de los Estados Unidos. Las palabras que identifican al supuesto receptor de los ochocientos mil dólares corresponden al acusado Franklin Durán durante un encuentro que tuvo lugar el 23 de agosto al que asistieron otros conspiradores. El fiscal Mulvihill repitió las palabras proferidas por Durán durante su audiencia”, aseguró Wayne. El diplomático dijo también que la investigación, a cargo del fiscal Mulvihill, es independiente de la Casa Blanca: “La investigación, los cargos y el proceso legal en curso no tienen que ver con las relaciones con Argentina. En el sistema de gobierno de Estados Unidos los fiscales generales trabajan en forma independiente”.

El caso sumó nuevas repercusiones desde Caracas. La Cancillería venezolana, a cargo de Nicolás Maduro, emitió un comunicado en el que elogiaba mucho a CFK e insistía en la acusación contra Washington. “Los avances de los pueblos del sur no son tolerados por la elite que gobierna los Estados Unidos, que ha pretendido de mil maneras, a través del sabotaje económico, golpes de Estado, campañas de guerra psicológica y mediáticas, revertir la corriente natural de nuestra historia. A esto se suma, ahora, una operación político-judicial que calificamos de delincuencial”, decía el comunicado. El texto expresaba la “admiración por la respuesta transparente y digna” que había dado CFK.

Mientras la saga tenía novedades en Estados Unidos y Venezuela, en el Gobierno se analizó mucho qué hacer y, sobre todo, cómo seguir. Uno de los argumentos más escuchados era que Antonini había pasado a ser testigo protegido cuando hasta hace unos días era imputado y la Justicia argentina reclamaba su extradición. Ese cambio alimentaba las sospechas sobre la existencia de una operación. “O era un agente de la CIA o es un arrepentido”, dijo un ministro. A pesar de los recelos, se decidió evitar la escalada diplomática (enviar una nota formal de protesta hubiera sido interpretado así). Para eso ya habrá tiempo, argumentaron.