Cinco meses antes de que el prefecto Héctor Febres muriera envenenado, un prefecto denunció las visitas a deshora, comilonas con los responsables de custodiarlo y banquetes junto a posibles ex represores. La información llegó a manos del secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, que la giró a la Justicia recién tres meses después, justo el día que los diarios consignaron que se había producido la primera audiencia del juicio. Cuando el juez federal Sergio Torres pidió un informe a Prefectura, le respondió el propio denunciado. El jefe de Zona Delta, prefecto mayor Rubén Amado Iglesias, le explicó, como era previsible, que nada anormal había en las condiciones de detención de Febres. Torres se dio por satisfecho.

A principios de julio la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires, María José Guembe, recibió una denuncia de un prefecto que debió servir al represor de la ESMA. Según el escrito, fechado el 26 de junio, Febres “manipula a su antojo al personal de mayor jerarquía”, recibe “visitas de familiares a cualquier horario”, organiza “banquetes junto con personas implicadas en la dictadura” y “celebra días festivos de sus descendientes”. Agrega que “son diarias las comidas que lidera y comparte con los máximos oficiales”, que “implanta órdenes a los superiores del área Delta, llegando incluso a refutar ciertas decisiones que éstos hubiese tomado” y se dirige a sus guardias “con un aire burlón, autoritario y hostil”. Por seguridad pide que se trate el caso con reserva. “No quiero ser un nuevo López”, aclara.

El 11 de julio Guembe transmitió la denuncia a su par de la nación. Le solicitó a Duhalde “colaboración” para que “tome intervención en relación a los hechos denunciados”. El titular de la secretaría, querellante en la causa, recibió la nota al día siguiente. Tres meses después, el 19 de octubre, cuando los diarios publicaron que había comenzado el juicio a Febres, Duhalde desempolvó una copia para Torres. No hizo lo propio con el Tribunal Oral Federal 5, pese a que también era responsable de garantizar la seguridad del imputado y su comparecencia ante la Justicia.

El 6 de noviembre el juez pidió a Prefectura un informe sobre las condiciones de detención de Febres. La fuerza respondió más rápido que funcionario y magistrado. Iglesias –hoy pasado a disponibilidad e investigado por la Justicia– escribió que el camarada disponía de “habitación, baño y comedor” de “características normales”, utilizaba un teléfono de la dependencia entre las 8 y las 17 y recibía visitas los miércoles, sábados y domingos de 10 a 18. Agregó que sólo lo visitaban familiares directos y su abogado, entregó ese registro con datos actualizados, aclaró que las visitas eran “identificadas y requisadas” e incluso se los controlaba “durante su estancia”. Torres tomó nota. Allí murió la denuncia, 19 días antes que Febres.

“Cuando recibimos este tipo de denuncias lo que hacemos es informar inmediatamente al juez”, dijo Luis Alen, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos ante la consulta de Página/12. El funcionario dijo no recordar este caso puntual.

–¿Por qué en esta oportunidad tardaron tres meses?

–Hicimos averiguaciones sobre el denunciante relativas a otra cosas: una causa en trámite sobre defraudación y un sumario administrativo.

–¿No se podría haber hecho algo más?

–No tenemos potestad para resolver sobre lugares de detención, eso corresponde al juez. Hemos pedido que todos los imputados por delitos de lesa humanidad estén en cárceles comunes y vamos a reiterarlo en todas las causas en las cuales nos hemos presentado como querellantes.