Los senadores intentarán mañana no quedar nuevamente enterrados por las sospechas de haber recibido coimas a cambio de algún favor legislativo. Será a las 17 cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, se trate una cuestión de privilegio presentada por el chaqueño Jorge Capitanich. El ex jefe de Gabinete reclama que el cuerpo resuelva la pronta citación del corresponsal en la Argentina del diario Financial Times, Thomas Catan, para que ratifique una información publicada en el reconocido periódico londinense en la que se daba cuenta de que algunos banqueros se habrían quejado de haber recibido un pedido de coimas para frenar la sanción de una ley.
La iniciativa en cuestión, originalmente firmada por Luis Barrionuevo y la casi totalidad del bloque del PJ, fue aprobada hace 15 días. Allí se contempla financiar con el 2 por ciento de las comisiones que cobran los bancos, la creación de la Comisión Nacional de Trabajo Bancario. Una entidad con atribuciones similares al extinto Instituto de Servicios Sociales Bancarios (ISSB). El proyecto está a consideración de la Cámara de Diputados.
El Financial Times publicó el pasado 22 de agosto en una nota de su corresponsal que algunos banqueros se habían quejado del pedido de coimas en un encuentro mantenido con los embajadores de Gran Bretaña y Estados Unidos. Luego de la publicación del artículo, los banqueros se apuraron a desmentir la especie. Tan pronto como ellos, los senadores también quieren despejar los fantasmas de un pasado reciente en que, a pesar de los pocos pasos esclarecedores dados por la Justicia federal, en el imaginario popular el Senado quedó definitivamente asociado a la Banelco. Metáfora popularizada en su momento por Hugo Moyano y desmentida hasta el cansancio por el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique.
A pesar de la molestia que mostraron más de uno de los parlamentarios del oficialismo, la puesta a consideración de la cuestión de privilegio presentada por Capitanich plantea más de un conflicto. El Estatuto del Periodista contempla que ningún cronista está obligado a revelar sus fuentes. Por eso, la iniciativa legislativa suena más a golpe de efecto que al comienzo de una real investigación. Además de Kirchner, la comisión está integrada por los peronistas Jorge Busti (Entre Ríos) y Jorge Yoma (La Rioja), y por los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Terragno (Capital) y Eduardo Moro (Chaco), entre otros. De ellos será la última palabra.