El juez federal Jorge Urso debe decidir si su colega Claudio Bonadío es apartado de la causa en la que investiga los secuestros y asesinatos de dieciocho militantes montoneros en el año 1980 y en la que ordenó arrestar a más de cuarenta militares. El abogado Florencio Varela, quien fue secretario del Menor y la Familia durante la última dictadura militar, pidió que el magistrado sea separado del expediente porque, dice tiene “enemistad manifiesta” contra las Fuerzas Armadas.
Varela defiende a los militares Hermes Oscar Rodríguez, Arturo Enrique Pelejero, Francisco Javier Molina y José Ramón Pereiro. Hace semanas pidió a Bonadío que sus representados queden libres en virtud de las Ley de Obediencia Debida en un escrito que significó prácticamente una confesión. “Cabe dejar sentado que los eufemísticamente denominados desaparecidos, en rigor de verdad se trataron de ‘terroristas ejecutados’ por las Fuerzas Armadas por su condición de tales” (...) “Los integrantes de las cúpulas que condujo al Ejército desde 1975 hasta sus actuales jefes participaron en las operaciones contra el terrorismo y muchos de ellos en forma destacada”, aseguró.
Aunque en ese escrito Varela había afirmado que no iba a recusar a Bonadío, cambió de opinión. Como la causa se tramita en base al Código viejo, el juez no emitió su opinión y directamente la pasó a la Cámara Federal que sorteó el expediente. Ahora Urso debe decidir si se hace cargo de la investigación que Bonadío comenzó hace más de cuatro años.
Varela justificó la recusación en que, según él, la testigo Silvia Tolchinsky se habría comunicado por correo electrónico con el juez. “La relación buscada (siempre según Varela) por V.S. con una testigo para colmo de vital importancia en la investigación implica poner de manifiesto un interés directo en la causa con lo que infringe lo previsto” en el Código de Procedimiento Penal. Para el ex funcionario, “su actitud ratifica una enemistad manifiesta hacia las Fuerzas Armadas de las cuales mis defendidos son integrantes”.