En junio de 2007, el médico Víctor Hugo Giuliani visitó al represor Héctor Febres en su cómodo lugar de detención en la Prefectura. Mientras lo esperaba en una habitación contigua, escuchó que alguien “apretaba” a Febres para que no hablara sobre la represión dentro de la ESMA. El sujeto que intimidaba al represor fue descripto por Giuliani como “un policía o militar, un matón”. No bien el médico entró a la habitación donde estaba Febres, éste le comentó: “Mirá, la única solución que me queda es no hablar”. Este y otros relatos, elementos y pruebas aparecen mencionados en la resolución de la jueza Sandra Arroyo que describe en forma detallada una serie de indicios que demostrarían que Febres estaba dispuesto a hablar y que lo envenenaron con cianuro para silenciarlo.

Tal como adelantó Página/12 en forma exclusiva en su edición de ayer, la jueza Arroyo imputó como partícipes necesarios de homicidio triplemente agravado, o sea cómplices, a los prefectos Angel Volpi y Rubén Iglesias. Los agravantes son que se usó cianuro, que participaron dos o más personas y, sobre todo, que el crimen se cometió para silenciar a Febres. La magistrada no sólo cita el relato del médico Giuliani, sino testimonios de allegados que sostienen que Febres estaba furioso porque él era sólo subprefecto de la Prefectura y las órdenes en la ESMA la daban oficiales de la Armada que están en libertad. Por eso, como señala la jueza, “estaba cerca de revelar nombres y situación”. En los márgenes del acta de una indagatoria, donde se cita los apellidos Lavairi (en verdad, es Labayrú) y Marti), Febres escribió de puño y letra: “chicos, contar todo”.

El punto inicial de las 287 páginas del fallo de Arroyo es establecer que se trató de un homicidio. Dice la jueza que los familiares, amigos y hasta el sacerdote de Febres coinciden en que no estaba de mal ánimo y que en reiteradas oportunidades había dicho que no se quitaría la vida. Además, no existe un mensaje, una nota, una declaración de despedida. Todos sus conocidos afirman que la hubiera dejado. En 2003 escribió sendas cartas para su esposa y sus hijos para el caso de que se produjera su muerte. En las misivas decía textualmente: “De ninguna manera estas líneas reflejan un suicidio, pues como ya manifesté en el párrafo anterior no tengo la decisión ni la valentía para hacerlo, pero si esta carta es leída es porque ya no estoy en este mundo”. Por otra parte, el mismo día del homicidio, Febres había diseñado planes, gestiones, operaciones económicas, trámites que debía hacer.

La acusación central contra los prefectos Iglesias y Volpi tiene que ver con las circunstancias de la muerte. El domingo 9 de diciembre Febres cenó con Volpi cerca de las 22. Pero está probado que lo envenenaron entre las 24 y las dos de la mañana del 10. Sucede que a las 23.45 realizó la última llamada telefónica y, además, los forenses sostienen que ingirió el cianuro dos horas después de la cena. A esa hora, entre las doce de la noche y las dos de la mañana, Volpi estaba en el Destacamento Delta y era el único, además de Febres, que tenía la llave del departamento en el que vivía el represor.

Hay otro dato fundamental: según se prueba en el expediente, la cuenta de Febres de Messenger se abrió a la una de la mañana. O sea que quien supuestamente entró a envenenar a Febres ya se metió en su computadora a esa hora.

El cuerpo de Febres fue descubierto antes del mediodía del 10 de diciembre. La jueza enumera una larga serie de irregularidades y la forma en que fue alterada la escena. Pero el dato clave tiene que ver otra vez con la computadora de la víctima. La hija, Sonia, convencida de que lo mataron, pregunta por la computadora ni bien llega al escenario de la muerte. Volpi le contesta que la tuvieron que sacar, que no le puede dar más explicaciones y que él sorpresivamente encontró la puerta abierta cuando descubrió el cadáver de Febres. Sonia se puso firme, por lo que la llevaron a una oficina contigua y le permitieron acceder a la computadora sacada de la escena. La hija cuenta, por ejemplo, que las bandejas del correo electrónico habían sido vaciadas. Sin embargo, le permitieron copiar los archivos que quedaban.

Cuando la jueza Arroyo llegó al Destacamento, la computadora fue ocultada. Es más, al día siguiente fue convocado un técnico, Marcelo Terigi, a quien los prefectos Volpi e Iglesias le entregaron el aparato. Lo impactante es que en ese momento en la computadora ya no funcionaba nada, o sea que alguien trabajó sobre el aparato durante 24 horas para borrar todo lo posible.

La acusación contra Iglesias, el jefe del Destacamento Delta, se basa en que liberó la zona para el crimen. Designó para esa noche a un abogado a cargo de la guardia, un hombre sin ninguna experiencia ni formación. Tuvo el poder para permitir que la única llave estuviera en manos de Volpi y luego participó en la alteración de la escena del crimen y en el ocultamiento de la computadora. Volpi tuvo un papel todavía más protagónico. Se supone que es quien entró al camarote y tal vez quien le suministró el veneno, aunque esto último no está probado. De la misma manera, participó en el armado falso de la escena del crimen y en la sustracción de la computadora.

Arroyo transcribe un diálogo que proviene de escuchas telefónicas realizadas a prefectos del Destacamento Delta.

–Y... Volpi comía con él y se ponían en pedo juntos.

–Sí, sí.

–Capaz que el gordo (por Volpi) le metió el veneno, eh.

–Y...

–El gordo ése es capaz.

–Habría que ver.