Los familiares de Mario Roberto Santucho y otros líderes del ERP presentarán hoy ante la Justicia una denuncia penal contra los dictadores Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi y otros cuatro represores. Homicidio calificado, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, aplicación de tratos crueles y aberrantes y ejercicio de facultades extraordinarias (suma del poder público) son los delitos por los que deberán responder los acusados. Después de tres años en los que se intentó rastrear los cuerpos de las víctimas, los familiares decidieron que, como dijo la semana pasada en sus dictámenes el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, el compromiso estatal no puede agotarse en la investigación de la verdad, sino que debe proyectarse a la sanción de los responsables de los crímenes.
Santucho y su segundo en la línea de mando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Benito Urteaga, fueron capturados el 19 de julio de 1976 en un departamento de Villa Martelli. El Ejército también secuestró en ese operativo a Liliana Delfino –mujer de Santucho–, al pequeño José Urteaga –que fue entregado a sus abuelos veinte días después–, a Domingo Menna y a su esposa, Ana María Lanzilloto, que estaba embarazada de siete meses. Las Fuerzas Armadas reconocieron oficialmente la muerte de los jefes guerilleros pero nunca restituyeron sus cadáveres. Hoy, las familias de los cinco desaparecidos reclamarán el juzgamiento de Videla y de:
- Antonio Domingo Bussi: por haber sido subjefe del Comando de Institutos Militares que funcionaba en Campo de Mayo.
- Santiago Omar Riveros: fue jefe de ese organismo.
- Agatino Federico Di Benedetto: ex director del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde según testimonios que hay en el expediente civil estuvieron, al menos, los restos de Santucho y Urteaga.
- Fernando Ezequiel Verplaetsen: ex jefe de inteligencia del Comando de Institutos Militares.
- José Eduardo Antonio Valladares: era secretario administrativo de Riveros.
Los abogados de los familiares de los miembros del ERP, Manuel Justo Gaggero y Elena Mendoza, acompañaron la denuncia con la información que se recopiló en el expediente civil, que estuvo a cargo del juez Alfredo Bustos y la secretaria Martina Forns. Según los abogados, en ese sumario quedó absolutamente comprobado que los ex dirigentes del ERP fueron secuestrados en Villa Martelli y llevados al centro clandestino ubicado en la unidad militar de Campo de Mayo. “Santucho y Urteaga entraron seriamente heridos y murieron casi inmediatamente. El resto de los secuestrados estuvieron con vida varios meses, durante los que fueron sometidos a tormentos, hasta que siguieron la suerte de los más de cinco mil prisioneros que pasaron por el campo denominado Las Cañitas. Su paradero se desconoce”, explicaron Gaggero y Mendoza.
En el juicio civil, el suboficial “arrepentido” Víctor Ibáñez aseguró que Santucho y Urteaga fueron enterrados en Campo de Mayo e incluso señaló un predio, donde funcionó el Museo de la Subversión, donde podrían encontrarse los cadáveres. Las excavaciones realizadas en el lugar no dieron resultado. Mientras se tramitaba la causa aparecieron los certificados de defunción de los dirigentes del ERP, en los que las víctimas figuraban como NN. También se recuperó el título de contador público de Santucho que, enmarcado con varillas doradas, había estado colgado en el “museo” que los militares montaron en Campo de Mayo.
“Todos los que actuaron en el operativo en la casa de Santucho pertenecían al Batallón 601”, aseguró en su momento el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, al declarar por escrito en la causa en la que se investigaba el destino de los líderes guerrilleros. También fueron interrogados Videla, Verplaetsen, Martín Balza y Bussi. “Había un diario de guerra e informes donde se registraban minuciosamente día por día laactividad de combate con sus muertos, heridos y desaparecidos”, aseguró este último.