Transcurrieron más de tres meses desde el 9 de octubre pasado, cuando el Tribunal de La Plata condenó al sacerdote Christian von Wernich por delitos de lesa humanidad. Después de un tibio comunicado de la conducción de la Conferencia Episcopal, en el cual los obispos insistieron en su línea argumental rechazando toda responsabilidad institucional y señalando que el cura actuó “bajo su responsabilidad personal”, el obispo de 9 de Julio, Martín de Elizalde, pidió “perdón” en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los derechos humanos. “Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación de Christian von Wernich”, escribió entonces el obispo.

Hoy, el cura torturador está preso pero sigue gozando de todas las atribuciones y consideraciones de su condición sacerdotal. Para el obispo de 9 de Julio y para la jerarquía de la Iglesia Católica todavía no ha llegado la ocasión para trasladar al fuero eclesiástico las sanciones que podrían caberle a Von Wernich por los cargos de violación de los derechos humanos que se le probaron en la Justicia civil. Por lo mismo el cura encarcelado sigue ostentando su condición de ministro religioso. O bien las autoridades eclesiásticas creen que lo que se ha probado en juicio no se ajusta a verdad y que, coincidiendo con la opinión de Von Wernich, el tribunal actuó con sentido político y por venganza o, lo que sería igualmente grave, parten de la base de que lo que se le ha probado al ex capellán de Ramón Camps no contradice las enseñanzas de la Iglesia. Ambos argumentos carecen de fundamento válido. El primero porque Von Wernich tuvo un juicio ajustado a derecho, algo de lo que no gozaron sus víctimas y las de sus cómplices. Lo segundo porque el cura hoy condenado atentó contra la vida de muchas personas.

La jerarquía católica se cansa de afirmar el derecho a la vida en todos sus aspectos. Vale preguntarse entonces ¿qué está esperando la jerarquía de la Iglesia para tomar medidas con Von Wernich? ¿O para anunciar a la sociedad, que también necesita saberlo porque ha sido ofendida, si esas medidas se tomaron en sigilo institucional? Es tan grave que el cura no reciba sanción alguna por parte de la Iglesia como que las eventuales medidas en su contra –si es que existen– se guarden en la reserva institucional. La “oportunidad” a la que se refirió el obispo Martín de Elizalde en ocasión de su comunicado sobre Von Wernich se vuelve cada vez menos oportuna a medida que transcurre el tiempo sin novedades. Y el escándalo ya generado por el sacerdote torturador a través de sus acciones condenadas por la Justicia se agranda con el paso de los días y, por más que los obispos intenten deslindar responsabilidades, mancha irremediablemente a la institución que, en tanto que lo mantenga en sus filas sin tomar ninguna medida, se puede transformar en cómplice. ¿De qué “oportunidad” habla el obispo de 9 de Julio? ¿Qué implica el trámite eclesiástico de acuerdo con el Derecho Canónico? ¿Supone un nuevo juicio que desconoce lo actuado por la Justicia civil? Sería bueno aclararlo, para que tanto los católicos como la opinión pública puedan conocer cuáles son los pasos que la jerarquía de la Iglesia está dando sobre este tema. Porque si la conducta de Von Wernich constituye por sí misma motivo de escándalo para los cristianos, el silencio y la omisión de la jerarquía católica respecto de sus actitudes instaura también la imagen de un escándalo institucional porque podría leerse como complicidad, salvo por la hoy ya insuficiente aceptación de responsabilidades y pedido de perdón hechos por el obispo de 9 de Julio.