Y no era entonces que los gustos de los diplomáticos extranjeros se habían aggiornado por lo que cambiaron los tradicionales –y un poco atemorizantes– vehículos negros por alegres Ferraris, veloces Porsches y hasta todo terreno como las famosas Hummer. Se trataba nomás de un negocio, así que la Cancillería presentó ayer una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen los posibles delitos cometidos en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para la importación de autos libres de impuestos. Una auditoría interna realizada por el ministerio lo había llevado a separar al encargado del área, Jorge José Matas, ya en octubre pasado. Lo que se detectó era que la oficina se había convertido prácticamente en una concesionaria que introducía en el país autos importados de lujo que rápidamente se “nacionalizaban” y se vendían aquí. Como resultado de esta investigación, la Cancillería está trabajando ahora en un censo de los autos que circulan con patentes especiales para separar los verdaderos vehículos diplomáticos de los truchos.

Matas estaba a cargo del departamento Franquicias e IVA que depende de la Dirección de Ceremonial del ministerio. El alerta llegó a mediados del año pasado, cuando desde el Registro Automotor y desde la Aduana le informaron al canciller Jorge Taiana que estaban registrando una inusual entrada de vehículos para destino diplomático. El canciller ordenó entonces una auditoría en el área que abarcara del año 2005 en adelante.

El ingreso de coches para uso diplomático, explicaban en Cancillería, está enmarcado en lo estipulado por la Convención de Viena, de 1961. En aquellos de años de Guerra Fría, la preocupación era que se garantizara una normal labor diplomática de cada país, aun en terreno hostil. Esa misión tan circunspecta no suena acorde con los coches deportivos al estilo Antonini Wilson que venían importando algunas representación extranjeras en Buenos Aires.

De las maniobras de supuesto contrabando también participaron necesariamente diplomáticos extranjeros, ya que eran los que tramitaban el pedido. Investigarlos, obviamente, no está en manos de la Cancillería argentina. En todo caso deberá interrogarlos el juez federal Norberto Oyarbide, que quedó a cargo de la denuncia realizada ayer. Según aseguraban en Gobierno, en los trámites están mencionados “funcionarios de embajadas de los cinco continentes”. Según algunas versiones, entre las representaciones implicadas se encontrarían la de Venezuela, Cuba, Rusia y Bielorrusia. Había que confirmar que realmente ellos hubieran realizado el pedido y que la maniobra no incluyera también la falsificación de las firmas.

Negocio veloz

Una de las primeras irregularidades que notaron los encargados de realizar la auditoría en el área de Matas fue que los montos de los vehículos superaban el protocolo vigente. Pesos más, pesos menos, un embajador puede traerse un auto de 65 mil dólares, un poco menos para los funcionarios de segundo rango. Los vehículos que se mencionan superan esa cifra, en algunos casos ampliamente. Un caso extraño son las cuatro por cuatro Hummer, más aptas para la guerra que para la ciudad. Se importaron varias por esta vía. “Diría que todas las Hummer que andan por Buenos Aires entraron para uso diplomático”, aseguraba ayer un vocero.

Por la vía normal, un año después de su llegada al país –o a los nueve meses de tener el vehículo–, el embajador puede pedir que se lo nacionalice. Con patente argentina, el vehículo puede ser vendido en el mercado y traerse de afuera uno nuevo.

El negocio es redondo. Un auto de esas características, entre derechos de importación, IVA, IVA adicional y anticipo de ganancias, debe pagar alrededor de un 58 por ciento de su valor en impuestos. Con licencia diplomática no paga nada. La auditoría detectó que los autos que entraban se nacionalizaban a los dos o tres meses, y quedaban listos para ser vendidos con un jugoso margen de ganancia.

También encontraron una alarmante falta de documentación: facturas, comprobantes y registros, habituales para estos casos. Por eso, Taiana dispuso la intervención del área de Franquicias que a partir de entonces comenzó a trabajar en forma coordinada con la Dirección Nacional de Aduanas y el Registro Nacional del Automotor para ordenar los registros. Además, el canciller cambió el régimen de franquicias para automotores importados, en un intento por volverlo más transparente.

Luego de dos meses de auditoría, Cancillería giró el informe a los organismos de control correspondientes –incluyendo a la Oficina Anticorrupción– y realizó la denuncia ante la Justicia Federal para que se determinen las responsabilidades penales.

Las penas para los casos de contrabando agravado son altas. Según el artículo 864 del Código Aduanero, le corresponden 2 a 8 años de prisión al que “presentare ante un servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento”. Y para el caso de los funcionarios públicos que participen de la maniobra la pena va de 4 a 10 años.