El juez Marcelo Aguinsky prohibió que los autos con chapa diplomática adquiridos de forma irregular salgan del país. Hay dos causas judiciales. Podría intervenir la Corte.
Los Porsche, Ferrari, Lamborghini, las camionetas Hummer y demás modelos de lujo importados con franquicias diplomáticas irregulares tendrán bloqueada la salida del país. Embajadores, cónsules, ricos o famosos que posean esos vehículos, son todos candidatos a rebotar en la frontera. Lo decidió el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky al hacer lugar a un pedido de la Aduana, que se encargará identificar a los polémicos vehículos a través de su Dirección de Investigaciones. El organismo agregó ayer su propia denuncia a la que un día antes había presentado la Cancillería tras detectar un negociado gestado en una de sus dependencias para la venta de autos libres de impuestos. Ahora hay dos causas judiciales en marcha: una por posible contrabando y otra por delitos contra la administración pública. También podría intervenir la Corte Suprema si los funcionarios involucrados aún tienen status diplomático.
La maniobra fue denunciada penalmente por la Cancillería, tras una investigación interna sobre 98 importaciones de autos con franquicias diplomáticas que en su mayoría resultaron sospechosas, según pudo saber este diario. El ministerio de Jorge Taiana se presentó en el fuero federal al entrever posibles delitos como violación de los deberes de funcionario público o malversación de fondos cometidos desde su Departamento de Franquicias e IVA. La Aduana recurrió ayer al fuero penal económico porque considera que puede haber contrabando agravado: sostiene que se ingresaron autos importados con franquicias falsas para eximirlos de impuestos, burlar a las autoridades aduaneras y venderlos a terceros.
“Hay una situación de evasión tributaria y una transgresión a la política automotriz del Estado nacional”, señaló el director general de Aduanas Ricardo Echegaray. El organismo se presentó como querellante ante Aguinsky quien resolvió, como medida cautelar, bloquear la salida del país de los autos que registren una transferencia de la franquicia diplomática. “Es para asegurar los bienes sometidos a investigación y evitar la gran Antonini Wilson”, dijeron fuentes de la causa. También se pondrán a disposición judicial los vehículos de las mismas características que ingresen al país. Por ahora, los coches no serán secuestrados. La medida fue impulsada también por la fiscal María Luz Rivas Diez, la misma que tiene a cargo el expediente de la valija de Antonini. Aguinsky instruyó el famoso caso de los “autos truchos” del menemismo.
En principio, los funcionarios que terminarán investigados en ambos fueros serían los mismos, pero los delitos diferentes. El contrabando agravado, a diferencia del resto, no es excarcelable: prevé de 4 a 10 años de prisión. En su denuncia, la Cancillería implicó con nombre y apellido al titular de su área de Franquicias, Jorge José Matas, desplazado por este asunto. Matas era el que debía aprobar o rechazar los pedidos de franquicias diplomáticas para traer autos de lujo que hacían diplomáticos de distintos niveles. La lista de las representaciones extranjeras que quedaron bajo la lupa está en manos de la Justicia, y al parecer incluye a las de Venezuela, Rusia, Cuba y Bielorrusia, también de algunos países vecinos y hasta de un país de Africa.
Según el sumario de Cancillería, en 93 por ciento de los casos analizados (de 2004 a 2007) los vehículos importados eran “nacionalizados” mucho antes de los nueve meses que fijan como mínimo las normas internas para los embajadores. Los funcionarios de segunda línea deben dejar pasar cuatro años. La nacionalización es el trámite que posibilita la venta. Otra anomalía: al menos en los autos deportivos y 4x4 no se respetaba el tope de 60 mil dólares en estas importaciones. Entraron 24 Hammer, que rondan los 130 mil dólares y 17 autos deportivos, como los Lamborghini, que llegan a 250 mil. Y más allá de los valores, los diplomáticos tienen prohibido usar modelos deportivos y 4x4.
En fuero federal la causa le tocó al juez Norberto Oyarbide, pero como está de licencia lo reemplaza María Servini de Cubría. La jueza le pidió opinión al fiscal Luis Comparatore quien analizaba ayer si impulsaba medidas de investigación o enviaba las primeras fojas a otra parte, ya sea al fuero penal económico y/o a la Corte. Aguinsky analiza exactamente lo mismo. Ahora espera informes de Cancillería. El alto tribunal tomará intervención –en toda o parte de la causa– si quedan imputados diplomáticos en funciones.
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