Por primera vez en la historia argentina un ex miembro del Poder Judicial será sometido a juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos al amparo del terrorismo de Estado. Se trata de Víctor Hermes Brusa, ex juez federal de Santa Fe, acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones obtenidas bajo tortura cuando era un joven empleado de ese juzgado. La elevación del conjuez Leandro Conti incluyó también al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y a cinco policías provinciales: los ex comisarios Mario Facino (ex presidente comunal de San José de Rincón), Juan Calixto Perizzotti y Héctor Romeo Colombini, el ex oficial de inteligencia Eduardo Ramos y la ex carcelera María Eva Aebi.

Brusa fue destituido de su cargo a comienzos de 2000, luego de que ocho ex detenidos relataron ante el Consejo de la Magistratura que los había obligado a firmar declaraciones arrancadas a fuerza de torturas. “Como me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los guardias volverían a interrogarme. Presos de otras celdas me confirmaron que ése era el procedimiento habitual: torturas, declaraciones forzadas e interrogatorio de Brusa que se transformaba en una nueva sesión de tortura si era necesario”, relató entonces José Schulman, querellante en la causa y secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

La destitución no se fundó en su comportamiento durante la dictadura porque los legisladores que lo nombraron en 1992 conocían su legajo y el Consejo no tenía atribuciones para revisar una decisión del Senado. El jurado de enjuiciamiento basó su medida en un hecho de 1997: Brusa atropelló a un nadador con su lancha y le negó asistencia. Sin embargo, sus antecedentes de complicidad con el genocidio fueron cruciales para definir su apartamiento de la corporación judicial.

El 17 de septiembre de 2001, a pedido del juez español Baltasar Garzón, que instruía una causa por “terrorismo y genocidio”, el ex juez Gabriel Cavallo ordenó la detención de Brusa. Después de jugar a las escondidas durante diez días, se entregó a la Justicia. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa impidió su extradición. El 14 de agosto de 2002 el juez federal santafesino Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad alfonsinistas. El 17 de febrero de 2005 procesó a Brusa, a los cinco policías que ahora serán juzgados y al ex suboficial del Ejército Nicolás Correa, que murió impune el año pasado. Dos meses después, al coronel Marcellini. Pero ante una presentación de la defensa de Aebi la Cámara Federal de Rosario apartó a Rodríguez de la causa. El motivo: procesó a los acusados por asociación ilícita sin haberles imputado ese delito en las declaraciones indagatorias. El juez los había interrogado apenas por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos.

Si bien el juicio no tiene fecha, la medida de Conti cierra la posibilidad de que los imputados recuperen su libertad cuando concluya el plazo máximo de prisión preventiva: el 2 de febrero para Brusa, Ramos, Perizzotti y Colombini, el 4 para Aebi y el 8 para Facino. De todos modos, la mayoría goza de prisión domiciliaria: Marcellini en Mendoza, Facino en San José del Rincón, Perizzotti y Colombini en Santa Fe. Aebi está en el cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada y Ramos en el Cuerpo de Bomberos Zapadores, ambos en el microcentro de Santa Fe. Brusa está internado en un sanatorio privado luego de sufrir una descompensación.

Desde la reapertura de las causas sólo fueron juzgados –y condenados– dos policías, ocho militares y el capellán Cristian von Wernich, mezcla de agente con sacerdote de la Iglesia Católica. Brusa será el primer representante de la familia judicial en el banquillo de los acusados.