Ni siquiera la baja de los precios finalmente dispuesta por Shell, una semana después que la competencia, logró disipar la sensación de que el enfrentamiento entre esta empresa petrolera y el Gobierno se encuentra hoy en su punto más alto. Ni con el boicot a la compra de productos de la marca, en marzo de 2005, impulsado por el Gobierno y sectores afines, se había alcanzado esta sensación actual de “batalla final”. En medio de rumores de intención de compra de los activos de la firma angloholandesa por parte de Enarsa, presuntamente asociada a la estatal venezolana Pdvsa, Shell, alternativamente, va tensando la cuerda o soltándola, como para demostrar su intención de seguir en el negocio en Argentina pero, a la vez, dejar en claro que no aceptará las reglas heterodoxas, no escritas, que quiere imponerle el Gobierno. Las autoridades oficiales, por su parte, no dejan pasar oportunidad de fijarle las condiciones. En un mercado como el de hidrocarburos y sus derivados, sin competencia pero tampoco regulación, el Gobierno fue empujando a las petroleras a aceptar que las normas se resuelven en una mesa de negociación, no sólo en función de las necesidades sino además políticas. Dos aceptaron, una tercera se iría y la cuarta, Shell, no da el brazo a torcer. ¿Buscará vencer al Gobierno o vender cara su derrota?

La relación del Gobierno con Shell no se parece al vínculo con ningún otro grupo empresario. El tema precios fue detonante de varios conflictos, que promovieron más de un episodio de “castigo oficial” a la empresa en cuestión. Pero, en general, la salida fue acordada, con flexibilidad de las partes. La excepción estuvo dada por las empresas concesionarias que desistieron de seguir en el país (Suez en Aguas Argentinas, Electricité de France en Edenor, entre otras) o que demostraron desinterés en seguir vinculado al negocio (Macri en Correo Argentino).

En el caso de las petroleras, la relación mezcló como en ningún otro sector lo político con lo empresario. Con Repsol YPF y Petrobras, el vínculo fue tenso hasta que las empresas, española y brasileña respectivamente, dejaron un espacio abierto a la negociación con sus gobiernos de origen. Rodríguez Zapatero, desde España, y Lula, desde Brasil, debieron involucrarse en buena medida para mejorar el clima. Petrobras es una empresa mixta con mayoría estatal. Repsol es privada, pero el grupo de control (La Caixa) reconoce innegables vínculos con el gobierno del PSOE.

La política se diferenció de la que se mantuvo con Esso y Shell. Inicialmente, porque estas dos empresas refinadoras y comercializadoras no tienen pozos de extracción en el país, con lo cual deben comprar el petróleo para elaborar. El gobierno de Néstor Kirchner admitió que las petroleras llevaran a un nivel elevado el precio del crudo y recién adoptó una política agresiva de intervención cuando los valores internacionales se dispararon sin desaceleración. Desde ese instrumento, el Gobierno buscó dominar el mercado, pero la rentabilidad que las empresas integradas obtenían en la extracción las diferenció de las solamente refinadoras. Este quiebre fue histórico, ya que rompió por primera vez la alianza entre los miembros del cartel petrolero.

A partir de allí, la relación pasó a ser conflictiva con unos y armoniosa, aunque con saltos, con otros. El episodio del aumento de los combustibles en febrero de 2005 dio lugar a dos hechos “fundantes” de la relación posterior en el sector: las negociaciones a nivel político con los mandantes de Repsol-YPF y de Petrobras, y la ruptura del vínculo con Shell, con boicot a sus productos incluido, apenas unos días después.

Tampoco la relación entre las petroleras volvería a ser la misma. Juan José Aranguren, por entonces presidente de la cámara que los agrupa, cuestionó la posición de sus “colegas” al acordar la anulación del aumento sin consenso de Shell ni Esso. No recibió una respuesta satisfactoria. Dos años después, cuando el Gobierno nacional convirtió en móviles a las retenciones a la exportación como respuesta a un nuevo salto en el valor internacional del crudo, Aranguren volvió a la carga imputándoles “ingenuidad” a Repsol-YPF y Petrobras por haber permitido aquel acuerdo. Esta vez, sí hubo respuesta. El tono, por lo elevado, casi termina con las copas de cristal en las que habían servido el agua, sobre la larga mesa de reuniones de la cámara.

Mientras los ejecutivos de Esso iban preparando lentamente las valijas –no renuevan contratos con las estaciones de servicio, como forma de retirada paulatina–, en Shell se prepararon para dar la pelea solitarios. Desafiando el propósito del Gobierno de dar la imagen de tener “un mercado bajo control”, la angloholandesa desarrolló una política comercial que más parecía una provocación que el intento de ignorar las directivas oficiales. Lanzó productos “premium”, para ganar “un público más exigente”. Obviamente, con precios más caros. Ante las objeciones oficiales, respondió con argumentos ortodoxos acerca de la libertad de mercado, que no podían tener otra consecuencia que irritar más al Gobierno.

Se resistió a importar gasoil para completar la insuficiente oferta interna –ante una demanda creciente– y enfrentó denuncias y multas por desabastecimiento, que llegaron al embargo de estaciones de servicio. La Ley de Abastecimiento fue una herramienta desempolvada por el Gobierno casi exclusivamente para enfrentar a Shell. En los últimos meses, la firma empezó a desarrollar una política de suba de precios que la diferenció sustancialmente de los valores de la competencia (hasta 40 centavos por litro: casi un 20 por ciento). Como sus ventas no descendieron tanto como se hubiera imaginado, la competencia empezó a revisar su política. Petrobras, paulatinamente, comenzó a acercarse a los valores de Shell. Repsol-YPF, más pausadamente, inició un camino parecido.

Entre fines de diciembre y principios de enero, las autoridades del área de Energía empezaron a notar que la política se les escapaba de las manos. Empezaron una nueva ronda de negociaciones, siempre excluyendo a Shell, y ante la falta de resultados aplicaron un “castigo”: la prohibición de exportar combustibles. Aunque el volumen es marginal, se trata de las operaciones comerciales, hoy por hoy, más rentables de las compañías, con envíos periódicos a países limítrofes (Uruguay y Paraguay, principalmente).

En el bunker de Shell de Diagonal Norte y Perón, rodeando a Aranguren, volvieron a sonreír con mueca de venganza, recordando los episodios de dos años atrás en torno de una mesa de la Cámara de la Industria del Petróleo. Pero unos días después, se reflotaba el acuerdo entre petroleras y Gobierno: vuelta atrás con los aumentos de los últimos tres meses y levantamiento de la suspensión de exportación. Shell quedaba otra vez al margen, pero ahora con sus pizarras mostrando precios hasta 30 por ciento superiores a la competencia.

Cundió la alarma entre los expendedores. El lunes, Rosario Sica, titular de Fecra, llegó a las oficinas de Aranguren. Le rogó un cambio de actitud, porque a esos precios temían una caída en picada de las ventas. El titular de Shell argumentó que prefería diferenciarse de la competencia. Sica insistió, planteó una situación social insostenible para el sector. Le recordó la seguidilla de cierre de bocas de expendio en los últimos años. Aranguren le reclamó que formulara el pedido por escrito. Para sí mismo, recordó que, a la par de una batalla económica, libra un combate legal con el Gobierno y aquel papel podría resultarle útil.

El martes, Sica volvió a las oficinas céntricas de Shell con el documento por escrito. Aranguren pidió 48 horas. El jueves, anunciaría la rebaja en los precios, pero sin privarse de desafiar argumentalmente al Gobierno una vez más: no acepta canje de medidas, como el permiso de exportar, porque no los considera legales. Y anunció que con la relación de precios actual, no consigue petróleo suficiente para usar toda su capacidad productiva ni cree que se garantice el abastecimiento. Veinticuatro horas después, un escribano del Gobierno enviado por el secretario de Comercio le pedía ratificar sus dichos.

Desde hace casi tres años, Guillermo Moreno no se sienta a negociar con Aranguren. El primero no lo convoca, el segundo no pide audiencias. Por razones diversas, o similares, creen que sus posiciones son irreconciliables. Allegados a Shell aseguran que, en el año 2004, la empresa estuvo muy próxima a cerrar un acuerdo para vender sus activos en el país a una petrolera extranjera. Se sospecha que Pdvsa, aunque no lo confirman. La operación se frustró, dicen, “cuando se metió el Gobierno (argentino) y quiso conducir la operación”. No revelan más detalles, pero Shell se retiró de la negociación.

Desde entonces, las tácticas de uno y otro lado pasaron a ser otras. Shell, como un alumno caprichoso y rebelde, se convirtió en el personaje que desarticula toda la clase, al no aceptar las reglas internas. El Gobierno, como un maestro ya sin paciencia, busca aislar al caprichoso, acorralarlo, evitar que perjudique o contagie al resto; y si no lo logra, sacarlo de la clase.

En la última semana, Shell anunciaba que no podría producir utilizando más del 85 por ciento de su capacidad de planta. Ello equivale a decretar desabastecimiento para febrero y marzo, cuando la demanda para la cosecha le suma presión al mercado de gasoil. Comercio Interior disparó una inédita resolución, poniendo en conocimiento de las refinadoras que “deberán optimizar su producción con el fin de obtener los volúmenes máximos de su capacidad. Ello, en el marco de la Ley de Abastecimiento, que prevé fuertes sanciones, hasta clausura o decomiso, a quien no cumpla”.

Por si faltaran gestos, al mismo tiempo Repsol YPF anunciaba que había alcanzado cifras record de procesamiento de petróleo. obteniendo combustibles de alta calidad que fueron volcados al mercado interno. Y recordó que su participación en el mercado pasó, entre 2001 y 2007, del 41,5 al 50,7 por ciento en naftas, y del 46,3 al 56,1 por ciento en gasoil. Sin mucha preocupación por mostrar semejante concentración de mercado. Saben que, hoy, las miradas están en otra parte.

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